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Vivimos un cúmulo de noticias tras la impactante operación militar para la detención de Nicolás Maduro, por quien desde hace años se ofrecía una importante recompensa por su entrega a las autoridades americanas. Las investigaciones llevadas a cabo por la DEA, entre otros cuerpos de seguridad, así como la segura colaboración que ha debido ofrecer el general Hugo Carvajal, ex jefe de la contrainteligencia militar durante el chavismo y parte del madurismo, han motivado el procedimiento judicial que se sigue en un tribunal de Nueva York, en el que se le acusa de organizar y facilitar el tráfico de cocaína desde Venezuela, asociándose con organizaciones narcoterroristas como las FARC o el ELN y otros cárteles de la droga, a fin de introducir y distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos. Esta actividad delictiva se llevaba a cabo por el Cártel de los Soles, integrado por generales y funcionarios venezolanos y, de una parte, obedecía a una estrategia del régimen en su «guerra híbrida contra el imperio», a fin de inundar el país de drogas y, de otra, constituía una fuente de enriquecimiento de los principales actores de la organización criminal.
La detención mediante una operación militar de tal magnitud podría cuestionarse desde diversas perspectivas, pudiendo ser una de ellas si es necesario que se tenga que trasladar el ejército de una potencia y bombardear un país para proceder a una detención. Podríamos preguntarnos si no existen otros mecanismos en el concierto internacional para que, sin necesidad de lo anterior, se pueda cumplir una orden de un tribunal y detener a una persona. Si no existen y las organizaciones o los tribunales internacionales no tienen fuerza o capacidad para que criminales y tiranos sean presentados ante la Justicia, ello debería hacer reflexionar a toda la comunidad internacional y revisar el papel de las organizaciones internacionales, así como crear instrumentos internacionales que den respuesta a la criminalidad internacional sin la menor prerrogativa o inmunidad por ser parte del poder en un país.
Es totalmente cierto que, tras la burda manipulación de los resultados electorales, Nicolás Maduro carecía de legitimidad para ostentar la presidencia de Venezuela, y es igualmente cierto que convirtió el régimen en una tiranía, por lo que su caída ha generado un ostensible alivio a los millones de venezolanos exiliados y a la mayor parte de la población, que a su vez sufre la desastrosa gestión económica del país, despertando en todos ellos la esperanza de que por fin puedan alcanzar la libertad y la democracia.
Pero en todo este panorama no se debe olvidar ni obviar que Nicolás Maduro ha sido el principal responsable de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela y que han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional. Para sostener la dictadura, desde los aparatos del poder se ha atacado de forma generalizada y sistemática a la población civil, reprimiendo e impidiendo cualquier contestación y persiguiendo al adversario. Se ha instalado una política de terror en la que han sido constantes las persecuciones a la oposición; se ha reprimido brutalmente cualquier contestación ciudadana; se ha detenido arbitrariamente; se ha practicado la tortura de forma sistemática; y se han realizado ejecuciones extrajudiciales, entre otros actos descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que tipifica los crímenes de lesa humanidad.
También la Corte Penal Internacional debería hacer una reflexión y examinar qué ha podido ocurrir para que el procedimiento de Venezuela, que lleva tramitándose desde febrero de 2018 y en el que se han aportado numerosas pruebas y testimonios, además de los informes de organismos internacionales con detalle de los crímenes de lesa humanidad cometidos, a día de hoy la Fiscalía no haya solicitado una orden de detención contra Maduro. En todo caso, estos crímenes no pueden quedar impunes.
Sigo creyendo en la Corte Penal Internacional y, sobre todo, sigo creyendo en que la Justicia Penal Internacional debe llegar a poder ser el instrumento en el mundo que dé respuesta a los execrables crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto y trasladen a los autores ante los tribunales. Sin duda, ese mundo sería mejor.
*Blas Jesús Imbroda Ortiz es ex presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional-
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