No fue una estafa sino un «incumplimiento contractual». Así se ha defendido este viernes el presidente del Barça, Joan Laporta, imputado por una supuesta estafa de 100.000 euros a un mujer que invirtió 100.000 euros en dos sociedades. Una, Core Store, de la que el propio Laporta fue administrador hasta 2019, y la otra, CSSB Limited. La primera estaba destinada a la ejecución de un plan estratégico para promover el ascenso del Club Deportivo Reus, desde Segunda B. Mientras que el proyecto de la segunda era crear en China una academia de formación inspirada en ‘La Masia’ del equipo azulgrana.La afectada formalizó una querella tanto contra Laporta como contra Rafael Yuste -vicepresidente del club-; el exdirectivo Xavier Sala i Martín y al exdirector de TV3 y antiguo propietario del CF Reus Deportiu, Joan Oliver, todos ellos vinculados con sendos proyectyos, al entender que se le ofrecieron una serie de inversiones como «seguras», pese a que se instrumentalizaron a través de sociedades que, desde un inicio, tenían «graves pérdidas». En su queja apuntó además que su inversión se basó en la confianza por la «reputación y prestigio» de los partícipes, «quienes se presentaron como garantes del proyecto», ofreciendo una apariencia de solvencia empresarial que no se correspondía con la realidad.Este viernes, el abogado de Joan Laporta, Jordi Pujante, ha asegurado a las puertas de los juzgados que a partir de 2020 «desgraciadamente, por motivos ajenos a su voluntad, los proyectos empezaron a funcionar de manera no tan satisfactoria y no se pudo dar cumplimiento a los contratos. En definitiva estamos ante un incumplimiento contractual y no una estafa. Esta ha sido la declaración del señor Laporta». La intención de su defensa es que pedir el cierre de esta investigación, al entender que no existe «un caso penal». Además, ha puntualizado que Laporta no intervino en la firma de «ningún contrato».[EN AMPLIACIÓN] No fue una estafa sino un «incumplimiento contractual». Así se ha defendido este viernes el presidente del Barça, Joan Laporta, imputado por una supuesta estafa de 100.000 euros a un mujer que invirtió 100.000 euros en dos sociedades. Una, Core Store, de la que el propio Laporta fue administrador hasta 2019, y la otra, CSSB Limited. La primera estaba destinada a la ejecución de un plan estratégico para promover el ascenso del Club Deportivo Reus, desde Segunda B. Mientras que el proyecto de la segunda era crear en China una academia de formación inspirada en ‘La Masia’ del equipo azulgrana.La afectada formalizó una querella tanto contra Laporta como contra Rafael Yuste -vicepresidente del club-; el exdirectivo Xavier Sala i Martín y al exdirector de TV3 y antiguo propietario del CF Reus Deportiu, Joan Oliver, todos ellos vinculados con sendos proyectyos, al entender que se le ofrecieron una serie de inversiones como «seguras», pese a que se instrumentalizaron a través de sociedades que, desde un inicio, tenían «graves pérdidas». En su queja apuntó además que su inversión se basó en la confianza por la «reputación y prestigio» de los partícipes, «quienes se presentaron como garantes del proyecto», ofreciendo una apariencia de solvencia empresarial que no se correspondía con la realidad.Este viernes, el abogado de Joan Laporta, Jordi Pujante, ha asegurado a las puertas de los juzgados que a partir de 2020 «desgraciadamente, por motivos ajenos a su voluntad, los proyectos empezaron a funcionar de manera no tan satisfactoria y no se pudo dar cumplimiento a los contratos. En definitiva estamos ante un incumplimiento contractual y no una estafa. Esta ha sido la declaración del señor Laporta». La intención de su defensa es que pedir el cierre de esta investigación, al entender que no existe «un caso penal». Además, ha puntualizado que Laporta no intervino en la firma de «ningún contrato».[EN AMPLIACIÓN]
La defensa del presidente del Barça asegura que el negocio fallido tendrá que subsanarse por la vía civil y desvincula a su cliente de cualquier tipo de engaño
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