El derecho a una vivienda segura, habitable, asequible, sin sufrir desalojos forzosos, forma parte de los derechos humanos reconocidos por la ONU. En España hay unas 30.000 personas sin hogar, un millón viven en infraviviendas y otros tres millones y medio lo hacen en hogares con problemas de hacinamiento severo. En conjunto, unos seis millones de personas no disfrutan de una vivienda digna y asequible, solo en España. A escala global, casi la mitad de la población mundial carece de acceso a una vivienda segura, protegida y adecuada.
Garantizar conquistas básicas exige recordar que vivienda, alimentación, energía, salud y medio ambiente siguen lejos de ser universales
El derecho a una vivienda segura, habitable, asequible, sin sufrir desalojos forzosos, forma parte de los derechos humanos reconocidos por la ONU. En España hay unas 30.000 personas sin hogar, un millón viven en infraviviendas y otros tres millones y medio lo hacen en hogares con problemas de hacinamiento severo. En conjunto, unos seis millones de personas no disfrutan de una vivienda digna y asequible, solo en España. A escala global, casi la mitad de la población mundial carece de acceso a una vivienda segura, protegida y adecuada.
El acceso a alimentos adecuados o a los medios para obtenerlos es un derecho universal. En el mundo hay más de 800 millones de personas con subalimentación crónica. En España, seis millones de personas (el 13% de los hogares) sufren inseguridad alimentaria y más de 650.000 pasan días enteros sin alimentarse, según Cáritas. La carencia material y de acceso a una nutrición completa es ya una cuestión estructural en España para demasiadas personas, sobre todo niños.
El derecho a un suministro energético, seguro, limpio y asequible es un derecho humano básico. Solo en España se calcula que ocho millones de personas no pueden mantener sus hogares a una temperatura adecuada durante el invierno, por vivienda ineficiente, precios elevados o precariedad laboral. En todo el mundo, un tercio de la población global (2.600 millones) no tiene acceso a un combustible limpio para cocinar y casi 800 millones carecen de electricidad.
El acceso a una cantidad suficiente de agua limpia, segura y asequible para uso doméstico y personal es un derecho básico. En España, el acceso al agua es prácticamente universal y seguro, con momentos crecientes de sequía. Por el contrario, más de 2.000 millones de personas en el mundo, una de cada cuatro personas, carecen de acceso a servicios de agua potable de forma segura. El avance de la sequía en el mundo se acelera de forma alarmante debido al cambio climático.
El derecho a la salud es otro derecho humano fundamental, entendido no solo como ausencia de enfermedad, sino como el más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social. En España, existe cobertura universal de la asistencia sanitaria, aunque presenta un deterioro estructural caracterizado por listas de espera (casi un millón de pacientes esperan más de 100 días una operación quirúrgica), saturación en atención primaria y urgencias, deficiencias en salud mental, cuando un 35% de la población padece algún problema, y precariedad laboral del personal sanitario por escasez y sobrecarga. Además, hay un escaso desarrollo de la atención domiciliaria a enfermos crónicos y escasas plazas en residencias de mayores. Según la ONU, unos 4.500 millones de personas carecen en el mundo de acceso completo a servicios básicos de salud esenciales.
Solo recientemente empieza a preocupar el impacto de las plataformas digitales sobre la salud mental, especialmente de jóvenes, y existe escasa preocupación por el impacto sobre la salud del entorno urbano actual (contaminación, ruidos, espacios verdes, movilidad).
El derecho a un medio ambiente sano es indispensable para una vida digna. La lucha contra el cambio climático se reconoce cada vez más por los tribunales como una obligación legal de los Estados y una garantía vinculada a los derechos humanos fundamentales. La ONU ha reconocido que se incumple el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C. Las emisiones mundiales de CO2 siguen subiendo hasta alcanzar máximos históricos y España supera, también, las emisiones comprometidas. A este ritmo, se calcula que la temperatura media del planeta subirá unos 3°C a finales de siglo.
Derechos que colisionan
El derecho a la propiedad y a la estabilidad jurídica forma parte, también, de ese conjunto de normas que han ayudado a configurar la sociedad que deseamos y, en concreto, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y de nuestra Constitución. En 2025, en España, se produjeron 24.500 desahucios (lanzamientos), unos 67 al día, la mayoría por impago de alquileres de vivienda. Solo a título comparativo, en 2014, en plena crisis inmobiliaria, se contabilizaron 68.000. Todos ellos, con sentencia judicial en un proceso con una duración media de entre ocho y 12 meses, que aumenta a 18 meses de media si se trata de un inquilino vulnerable. En estos casos, la ley obliga a los servicios sociales a ofrecer al inquilino una alternativa habitacional digna (aunque no equivalente), requisito a menudo difícil de cumplir por la falta existente de recursos públicos suficientes.
El derecho a una buena administración y a un buen gobierno se reconoce, por ejemplo, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y, en España, en el Código de Buena Administración. Recomiendo al lector interesado que se lea los siete principios generales que resumen este concepto y evacúe su opinión sobre el grado de cumplimiento en España y en el mundo.
La evolución de una cooperación humana basada en la razón ha convertido esos imperativos morales en derechos humanos, por la convicción de que solo así se vence al imperio de la fuerza. Pero no hay un Gobierno ni una Justicia mundiales encargados de velar por su cumplimiento. Fallamos como especie en la gobernanza de nuestros derechos al dejar que divisiones artificiales nos enfrenten y debiliten, como mostró el mito de la Torre de Babel. En su despedida de la Asamblea de la ONU, el secretario general Guterres habló de cómo la transferencia de poder desde los gobiernos hacia nuevos centros mundiales de poder económico, político y tecnológico, privados, debilita las instituciones públicas internacionales que gestionan la acción colectiva. Y “la democracia no sirve si la gente no puede cubrir sus necesidades” (Mamdani, alcalde de Nueva York).
El caso Maricarmen nos ayuda a recordar aquello que los humanos consideramos nuestros derechos fundamentales, su incumplimiento sistemático, cómo pueden entrar en contradicción (derecho de uso en vivienda, frente al derecho de propiedad) y cómo el problema del acceso a la vivienda en España va mucho más allá de los desahucios y se ha convertido en el primer problema para los ciudadanos.
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