España dará a 20 centros de investigación punteros más autonomía para contratar

El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley que permitirá a 20 instituciones públicas contar con más autonomía, mejores condiciones para captar talento y mayor agilidad para contratar y transferir sus investigaciones. La norma también amplía las deducciones fiscales y las bonificaciones para las empresas que inviertan en innovación. El objetivo: reducir la dependencia tecnológica del exterior y reforzar la capacidad nacional para desarrollar tecnologías estratégicas. La iniciativa, impulsada por los ministerios de Ciencia y de Hacienda, pretende que estas instituciones puedan competir en mejores condiciones a escala internacional, atraer investigadores de primer nivel y acelerar el paso de los descubrimientos científicos al mercado. En palabras de la ministra de Ciencia, Diana Morant, la soberanía tecnológica también se construye «desde la ciencia pública y desde la capacidad de transformar el conocimiento en oportunidades». Según afirmó, España está en condiciones de dar «el siguiente gran salto científico y tecnológico» y transformar su creciente fortaleza investigadora en «mayor competitividad, soberanía tecnológica y progreso económico y social».La principal novedad de la norma es la creación de una nueva red de centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica. El régimen especial se aplicará a centros públicos de investigación que trabajen en diez áreas tecnológicas consideradas críticas por la Comisión Europea y por las estrategias nacionales de innovación: semiconductores avanzados; inteligencia artificial; tecnologías cuánticas; biotecnologías; conectividad; navegación y tecnologías digitales avanzadas; tecnologías avanzadas de detección; tecnologías espaciales y de propulsión; tecnologías energéticas; robótica y sistemas autónomos; y materiales, fabricación y reciclado avanzados. AutonomíaLos veinte centros serán seleccionados mediante un procedimiento interministerial y su incorporación deberá ser aprobada posteriormente por el Consejo de Ministros. Dispondrán de «una mayor autonomía de gestión» para agilizar procedimientos de contratación y adquisición de equipamiento científico y atraer investigadores internacionales con condiciones salariales más competitivas. También podrán recurrir al derecho privado para transferir resultados de investigación, crear empresas o participar en ellas.Según la ministra, esta medida pretende acelerar la llegada al mercado del conocimiento generado en laboratorios y centros de investigación. «Sus descubrimientos podrán convertirse más rápidamente en nuevas tecnologías con verdadero impacto en nuestra economía y en nuestra sociedad», ha afirmado.El nuevo decreto incorpora un segundo bloque de medidas que se extenderán al conjunto del sistema público de investigación. Entre ellas figura la posibilidad de atraer y contratar investigadores distinguidos capaces de captar financiación externa tanto pública como privada. También facilitará la doble afiliación y la movilidad de investigadores entre instituciones y permitirá a los propios grupos científicos establecer contratos con empresas para desarrollar y aplicar sus descubrimientos.IncentivosLa ministra reconoció que, pese al incremento de la inversión en investigación registrado durante los últimos años, «la inversión privada sigue estando muy por debajo de lo que querríamos y de la media europea». Para revertir esta situación, el Gobierno elevará del 12% al 15% la deducción fiscal en el impuesto de sociedades para actividades de innovación tecnológica.Además, reforzará los incentivos a la contratación de personal investigador por parte de las empresas. El periodo de bonificación del 40% en las cotizaciones sociales por contratación indefinida de investigadores pasará de tres a cinco años.Nueva forma jurídica para el Barcelona Supercomputing CenterPor otra parte, la norma aprobada este viernes incorpora también una reforma específica para adaptar la forma jurídica del Barcelona Supercomputing Center (BSC), una de las principales infraestructuras científicas europeas en supercomputación e IA.Este centro se convertirá en una fundación pública para dotarlo de una mayor capacidad de gestión y facilitar su crecimiento futuro, avanzó Morant, quien recordó que el BSC se ha consolidado como «un referente europeo en supercomputación e IA» y consideró que necesita una estructura jurídica más adecuada para continuar desarrollando proyectos científicos y colaboraciones con el sector empresarial. Se da la circunstancia de que el centro estuvo en el foco mediático en mayo de 2025, cuando la Fiscalía Europea abrió una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para adquirir un ordenador cuántico de 9,8 millones de euros, financiado con fondos europeos Next Generation. La Policía Nacional registró entonces la sede del Barcelona Supercomputing Center para recabar documentación sobre el procedimiento. El centro defendió que había actuado conforme a la legislación de contratación pública y aseguró que estaba colaborando con las autoridades. De momento, la Fiscalía Europea no se ha manifestado al respecto. El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley que permitirá a 20 instituciones públicas contar con más autonomía, mejores condiciones para captar talento y mayor agilidad para contratar y transferir sus investigaciones. La norma también amplía las deducciones fiscales y las bonificaciones para las empresas que inviertan en innovación. El objetivo: reducir la dependencia tecnológica del exterior y reforzar la capacidad nacional para desarrollar tecnologías estratégicas. La iniciativa, impulsada por los ministerios de Ciencia y de Hacienda, pretende que estas instituciones puedan competir en mejores condiciones a escala internacional, atraer investigadores de primer nivel y acelerar el paso de los descubrimientos científicos al mercado. En palabras de la ministra de Ciencia, Diana Morant, la soberanía tecnológica también se construye «desde la ciencia pública y desde la capacidad de transformar el conocimiento en oportunidades». Según afirmó, España está en condiciones de dar «el siguiente gran salto científico y tecnológico» y transformar su creciente fortaleza investigadora en «mayor competitividad, soberanía tecnológica y progreso económico y social».La principal novedad de la norma es la creación de una nueva red de centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica. El régimen especial se aplicará a centros públicos de investigación que trabajen en diez áreas tecnológicas consideradas críticas por la Comisión Europea y por las estrategias nacionales de innovación: semiconductores avanzados; inteligencia artificial; tecnologías cuánticas; biotecnologías; conectividad; navegación y tecnologías digitales avanzadas; tecnologías avanzadas de detección; tecnologías espaciales y de propulsión; tecnologías energéticas; robótica y sistemas autónomos; y materiales, fabricación y reciclado avanzados. AutonomíaLos veinte centros serán seleccionados mediante un procedimiento interministerial y su incorporación deberá ser aprobada posteriormente por el Consejo de Ministros. Dispondrán de «una mayor autonomía de gestión» para agilizar procedimientos de contratación y adquisición de equipamiento científico y atraer investigadores internacionales con condiciones salariales más competitivas. También podrán recurrir al derecho privado para transferir resultados de investigación, crear empresas o participar en ellas.Según la ministra, esta medida pretende acelerar la llegada al mercado del conocimiento generado en laboratorios y centros de investigación. «Sus descubrimientos podrán convertirse más rápidamente en nuevas tecnologías con verdadero impacto en nuestra economía y en nuestra sociedad», ha afirmado.El nuevo decreto incorpora un segundo bloque de medidas que se extenderán al conjunto del sistema público de investigación. Entre ellas figura la posibilidad de atraer y contratar investigadores distinguidos capaces de captar financiación externa tanto pública como privada. También facilitará la doble afiliación y la movilidad de investigadores entre instituciones y permitirá a los propios grupos científicos establecer contratos con empresas para desarrollar y aplicar sus descubrimientos.IncentivosLa ministra reconoció que, pese al incremento de la inversión en investigación registrado durante los últimos años, «la inversión privada sigue estando muy por debajo de lo que querríamos y de la media europea». Para revertir esta situación, el Gobierno elevará del 12% al 15% la deducción fiscal en el impuesto de sociedades para actividades de innovación tecnológica.Además, reforzará los incentivos a la contratación de personal investigador por parte de las empresas. El periodo de bonificación del 40% en las cotizaciones sociales por contratación indefinida de investigadores pasará de tres a cinco años.Nueva forma jurídica para el Barcelona Supercomputing CenterPor otra parte, la norma aprobada este viernes incorpora también una reforma específica para adaptar la forma jurídica del Barcelona Supercomputing Center (BSC), una de las principales infraestructuras científicas europeas en supercomputación e IA.Este centro se convertirá en una fundación pública para dotarlo de una mayor capacidad de gestión y facilitar su crecimiento futuro, avanzó Morant, quien recordó que el BSC se ha consolidado como «un referente europeo en supercomputación e IA» y consideró que necesita una estructura jurídica más adecuada para continuar desarrollando proyectos científicos y colaboraciones con el sector empresarial. Se da la circunstancia de que el centro estuvo en el foco mediático en mayo de 2025, cuando la Fiscalía Europea abrió una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para adquirir un ordenador cuántico de 9,8 millones de euros, financiado con fondos europeos Next Generation. La Policía Nacional registró entonces la sede del Barcelona Supercomputing Center para recabar documentación sobre el procedimiento. El centro defendió que había actuado conforme a la legislación de contratación pública y aseguró que estaba colaborando con las autoridades. De momento, la Fiscalía Europea no se ha manifestado al respecto.  España dará a 20 centros de investigación punteros más autonomía para contratar
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El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto Ley de soberanía científica y tecnológica que convierte el Barcelona Supercomputing Center en una fundación pública

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant

Servimedia

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un Real Decreto Ley de soberanía científica y tecnológica que contempla la creación de una red de veinte centros públicos de excelencia en áreas estratégicas como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores avanzados, la biotecnología, las tecnologías cuánticas, … la energía o el espacio.

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