Los rostros que dieron urgencia a la Ley de Edad Mínima para Redes Sociales, pionera a nivel mundial, son tres padres cuyos hijos adolescentes se quitaron la vida tras sufrir presión en entornos digitales Leer Los rostros que dieron urgencia a la Ley de Edad Mínima para Redes Sociales, pionera a nivel mundial, son tres padres cuyos hijos adolescentes se quitaron la vida tras sufrir presión en entornos digitales Leer
Sin rodeos y con la convicción de estar liderando una cruzada inédita contra el impacto negativo de las redes sociales, el primer ministro de Australia, el laborista Anthony Albanese, se presentó este miércoles ante los medios a las puertas del Parlamento en Canberra. Desde allí, anunció de forma inesperada que, a partir de diciembre, los menores de 16 años no podrán tener cuentas registradas en YouTube. «Sabemos que las redes sociales están causando daño social y estamos dispuestos a tomar medidas para proteger a los jóvenes australianos», señaló.
A su espalda, los rostros que dieron urgencia a la Ley de Enmienda de Seguridad en Línea 2024 (Edad Mínima para Redes Sociales): tres padres cuyos hijos adolescentes se quitaron la vida tras sufrir presión en entornos digitales. «Ningún progenitor debería perder a un hijo a esa edad», declaró Albanese. Padres como Mia Bannister han sido el motor de esta reforma. Su hijo de 14 años falleció en 2024 por los efectos de las redes en su salud mental, y su voz ha sido clave para limitar el acceso de adolescentes a varias aplicaciones. Durante la comparecencia, subrayó que la ley es un primer paso y que seguirán luchando por una reforma más profunda. «Juntos hemos logrado el cambio y seguiremos adelante», afirmó.
La legislación, pionera a nivel mundial, prohíbe que menores de 16 tengan cuentas en TikTok, Instagram, Snapchat y, desde ahora, también en YouTube. Además, traslada la responsabilidad a las plataformas, no a los padres. La ministra de Comunicación y Deportes, Anika Wells, afirmó que, a partir del 10 de diciembre, las empresas deberán eliminar cuentas activas de menores, impedir la creación de nuevas, evitar elusión de las normas y corregir errores. Incumplir estos requerimientos podría suponer multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros).
La inclusión de YouTube -propiedad de Google- ha generado especial controversia. No figuraba en el borrador original, pero fue añadida tras un informe que reveló que el 37% de los menoresde entre 10 y 15 años había estado expuesto a contenido dañino en la plataforma, más que en cualquier otra. Julie Inman Grant, comisionada de Seguridad Online, defendió su inclusión al afirmar que YouTube opera como una red social, con algoritmos, suscripciones e interacción continua. Otro dato del Gobierno refuerza la decisión: cuatro de cada 10 niños australianos afirman que el daño digital más reciente que sufrieron ocurrió en este portal audiovisual.
«El sector debe rendir cuentas. Las redes sociales están causando un daño social real a nuestros niños», insistió Albanese, quien justificó esta medida no exenta de un intenso debate. Google respondió alegando que su sitio de vídeos no debería ser tratado como red social, ya que su principal función es la distribución de contenidos abiertos, con fuerte presencia educativa y cultural.
Organizaciones de derechos digitales, académicos y expertos han criticado duramente la ley. La Comisión Australiana de Derechos Humanos advirtió que podría limitar el acceso de los menores a información y redes de apoyo. Investigadores de Universidades como Sydney y Queensland University of Technology tildan la norma de «respuesta simplista a un problema complejo», con escasa consulta pública y una base empírica limitada. Unicef Australia teme que los menores se desplacen a entornos digitales más inseguros, y varias voces alertan de los riesgos de aislar a jóvenes que dependen de estas plataformas para sostener vínculos sociales o emocionales. La Asociación de Psicólogos Australianos calificó la medida de «superficial» y especialmente dañina para colectivos vulnerables como los adolescentes LGBTQIA+, los refugiados o personas con discapacidades. Numerosos grupos reclaman más educación digital, regulación algorítmica y mayor responsabilidad empresarial, en lugar de una prohibición total.
Uno de los retos más complejos para su implementación es la verificación de edad. Aunque el Gobierno otorgó en diciembre de 2024 un plazo de 12 meses a estas aplicaciones, persisten serias dudas sobre su viabilidad técnica y legal. Algunas plataformas ya exploran métodos biométricos o verificación documental, opciones que despiertan alertas sobre privacidad infantil y recopilación de datos sensibles. Según Electronic Frontiers Australia, aún no existe una tecnología que garantice control y protección sin vulnerar derechos fundamentales. «Las lagunas técnicas y éticas podrían minar los objetivos de la ley», expresan.
Pese a las críticas recibidas, el Gobierno mantiene su apuesta. Albanese afirmó que «no lo estamos haciendo lentamente ni en secreto, lo estamos haciendo con transparencia», y subrayó que ésta es «una experiencia común, no solo australiana», en referencia a conversaciones con otros líderes mundiales. Australia se ha convertido así en el laboratorio global de un experimento de control digital que algunos aplauden como valiente y capaz de salvar vidas, y que otros en cambio ven como una ofensiva anacrónica. El resto del mundo observa con suma atención.
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