La política arancelaria de Donald Trump no solo ha provocado un terremoto en las bolsas de todo el mundo, sino que también ha alterado los planes estratégicos de muchas empresas cuya parte del negocio depende de las exportaciones a Estados Unidos. Pendientes de cómo evoluciona el panorama económico internacional ―qué pasará una vez acabe la tregua de 90 días, de cómo continúa la guerra comercial entre Washington y Pekín, y si la Unión Europea pone en marcha una batería de represalias—, las compañías españolas analizan cómo les afectará las nuevas tarifas por vender sus productos en el país norteamericano y hasta donde llegan sus recursos para afrontar las consecuencias de los aranceles. La previsión de posibles escenarios, explorar nuevos mercados, negociación con proveedores y refinanciación de deudas, son algunas de las alternativas para evitar tensiones de liquidez que aconsejan los despachos de abogados, que vaticinan una avalancha de consultas en las próximas semanas.
Expertos en reestructuraciones recuerdan que la legislación española prevé mecanismos para que las compañías se “adelanten” a los riesgos y plantean medidas como el análisis de nuevos mercados, negociación con proveedores y refinanciación de deudas
La política arancelaria de Donald Trump no solo ha provocado un terremoto en las bolsas de todo el mundo, sino que también ha alterado los planes estratégicos de muchas empresas cuya parte del negocio depende de las exportaciones a Estados Unidos. Pendientes de cómo evoluciona el panorama económico internacional ―qué pasará una vez acabe la tregua de 90 días, de cómo continúa la guerra comercial entre Washington y Pekín, y si la Unión Europea pone en marcha una batería de represalias—, las compañías españolas analizan cómo les afectará las nuevas tarifas por vender sus productos en el país norteamericano y hasta donde llegan sus recursos para afrontar las consecuencias de los aranceles. La previsión de posibles escenarios, explorar nuevos mercados, negociación con proveedores y refinanciación de deudas, son algunas de las alternativas para evitar tensiones de liquidez que aconsejan los despachos de abogados, que vaticinan una avalancha de consultas en las próximas semanas.
“El adjetivo que mejor califica la situación a día de hoy es incertidumbre. Nadie sabe el impacto real que van a tener los aranceles”, dice el abogado Borja Ruiz-Mateos Albarracín, responsable del departamento concursal del despacho López-Ibor DPM Abogados. El presidente de Estados Unidos compareció el pasado 2 de abril para anunciar los aranceles que pesarán sobre cada país, además de un 10% general para todos. Para la Unión Europea, el recargo total es del 20%, si bien durante tres meses quedará reducido a la tasa universal, después de que Trump corrigiera el rumbo ante la presión de los mercados, sin contar las tarifas específicas del 25% que impuso previamente al acero, aluminio y al sector del automóvil.
Desde antes de que los aranceles entraran en vigor (el 5 abril lo hizo el general a todos los países y el 9 de abril los llamados “recíprocos”), la inquietud de las empresas empezó a crecer, lo que les llevó a hacer los primeros números para intentar cuantificar cómo y cuánto les va a afectar. Fuentes del sector jurídico aseguran que, desde que Trump amenazó con la imposición de los aranceles tras regresar a la Casa Blanca, los despachos de abogados han recibido llamadas de empresas para trasladar su preocupación por lo que se avecina, si bien prevén que el alud de consultas llegue una vez se concrete la situación económica y cada compañía identifique los principales riesgos que corren.
España no es uno de los países más expuestos a los efectos de los aranceles —Estados Unidos tuvo superávit comercial de 10.000 millones de euros en 2024 en el intercambio de bienes, según la Cámara de Comercio de España—, pero el Gobierno calcula que afectarán al 80% de las exportaciones españolas a EE UU. Los sectores que se puedan ver más o menos perjudicados no solo depende de la actividad que tenga al otro lado del charco. Como advierte Luis Martín Bernardo, abogado, economista y socio fundador del despacho Abencys, hay empresas que no venden directamente en Estados Unidos pero sí a otros países cuyo producto final se exporta allí, como ocurre con el sector del automóvil, para el que la industria española fabrica muchas piezas. “Esto afecta a todas las cadenas de suministro, ya que puede tener una bajada de compras de sus productos y el principal comprador de España son Francia y Alemania”, explica.
La industria turística tiene previsiones de resistir al caos arancelario a medio-corto plazo. Según Exceltur, se espera que el turismo crezca en Semana Santa un 5,2% con respecto al mismo periodo de 2024 y los indicadores que manejan las empresas para las siguientes estaciones siguen siendo positivos. No obstante, las empresas del sector sí que ven posibles consecuencias en la demanda de este tipo de servicios. Las firmas del Ibex 35, muchas de ellas con presencia en EE UU, como Santander, Inditex, Iberdrola o ACS, no temen tanto al impacto directo de los aranceles, sino a una recesión económica. Sin embargo, los expertos en reestructuraciones e insolvencias creen que las empresas del sector servicios no se verán tan agraviadas, sino que ponen el foco en las que operan en los sectores primario y secundario. De hecho, las empresas del sector agrícola son unas de las que más dudas tienen, como las bodegas de vino, que ya tuvieron la experiencia de las tasas en 2019, durante su primer mandato y llevan años atravesando dificultades.
Análisis de cada situación
Así las cosas, para Luis Martín Bernardo, lo más importante es “no precipitarse en estas circunstancias” y empezar a preparar un “plan de contingencia para proteger los negocios”. “Cada uno tiene que analizar cuál es su mercado, dónde está trabajando y si se ve afectado por un arancel en Estados Unidos, ver qué hacer hacia otros mercados o mejorar su productividad para pasar este bache. Es posible que, en muchos de los sectores, el impacto real en la economía española por la caída de exportaciones no sea especialmente significativo”, señala.
En la misma línea se manifiestan Armando Betancor y Rodrigo Olivares-Caminal, of counsels en Kepler-Karst, que recuerdan que la legislación española, como la ley concursal (reformada en septiembre de 2022), prevé herramientas que permite a las empresas “tomar medidas para adelantarse y adaptarse a las nuevas circunstancias”. Así, recomiendan “acudir a expertos que puedan ayudar a reestructurar el negocio” con el fin de evitar llegar situaciones de insolvencia y llegar al concurso de acreedores. Entre las soluciones planteadas, se encuentran el aplazamiento del vencimiento de las deudas, la renegociación de los contratos con los proveedores, incluso el análisis de nuevos mercados. “Los acreedores tienen que conocer que son parte importante del negocio. Sufre [toda la cadena productiva”, añade Betancor. “El empresario tiene que estar preparado para estas vicisitudes imprevistas”, señala Olivares-Caminal, que pone la pandemia de la covid-19 o los fenómenos meteorológicos como ejemplos en los que las compañías se han visto obligadas a “reinventarse”.
“La mejor herramienta es la previsión”, opina también Borja Ruiz-Mateos, que hace hincapié en que son “los equipos directivos los primeros que tienen que hacer un análisis interno de sus planes y ver qué medidas tienen o posibilidades de adaptarse, si pueden acudir a la financiación externa o interna, a una ampliación de capital, a préstamos y si tienen opciones de acceder a avales públicos”, como los que ha aprobado el Gobierno para mitigar el impacto de la guerra arancelaria, pendiente de que el Congreso de los Diputados los convalide. Asimismo, el abogado subraya que en esa nueva planificación se debe tener en cuenta que todas estas medidas no se suelen aprobar de manera inmediata, sino que tardan un tiempo en tramitarse.
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