El plazo abierto por el Ministerio de Hacienda para solicitar las ayudas por las inundaciones de la dana se abrió este martes, 19 de noviembre, y en apenas 24 horas se ha registrado un aluvión de peticiones. Hasta la mañana de este miércoles, la Agencia Tributaria había anotado casi 11.000 solicitudes de empresas y autónomos afectados por la catástrofe natural que requerían soporte económico. El plazo estará abierto hasta el 31 de diciembre y el real decreto ley que da forma a este paraguas de asistencia contempla la concesión de ayudas directas para más de 100.000 trabajadores por cuenta propia y compañías, por lo que se prevé que la cifra siga aumentando en los próximos días.
El plazo para pedir los recursos empezó este martes y estará abierto hasta el 31 de diciembre. El Gobierno estima que 100.000 autónomos y empresas podrían beneficiarse
El plazo abierto por el Ministerio de Hacienda para solicitar las ayudas por las inundaciones de la dana se abrió este martes, 19 de noviembre, y en apenas 24 horas se ha registrado un aluvión de peticiones. Hasta la mañana de este miércoles, la Agencia Tributaria había anotado casi 11.000 solicitudes de empresas y autónomos afectados por la catástrofe natural que requerían soporte económico. El plazo estará abierto hasta el 31 de diciembre y el real decreto ley que da forma a este paraguas de asistencia contempla la concesión de ayudas directas para más de 100.000 trabajadores por cuenta propia y compañías, por lo que se prevé que la cifra siga aumentando en los próximos días.
“Con la idea de que tanto la solicitud como la concesión de estas ayudas sea lo más sencilla y rápida posible”, explica la Agencia Tributaria en una nota difundida este miércoles, se ha puesto a disposición de autónomos y empresas un formulario electrónico para que los afectados indiquen la cuenta bancaria en la que deseen recibir el abono de la ayuda. “Posteriormente, el dinero será abonado mediante transferencia bancaria, a partir del 1 de diciembre”, explica el organismo dependiente de Hacienda, que recuerda que los importes estarán exentos de tributación tanto en el IRPF como en el impuesto sobre sociedades.
El real decreto ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de noviembre con un impacto presupuestario total de 10.600 millones de euros, entre subvenciones directas y préstamos. Los beneficiarios serán los autónomos y empresas cuyos locales y establecimientos se hayan visto afectados por la dana, aunque no tengan su domicilio fiscal en los municipios golpeados por las fuertes inundaciones.
Las ayudas
En el caso de las empresas, el importe de las ayudas dependerá del volumen de operaciones registrado en el ejercicio 2023. Para las pequeñas y medianas empresas —pymes— con una facturación inferior al millón, la ayuda será de 10.000 euros. Para aquellas empresas con un volumen de operación de entre 1 y 2 millones, la cobertura será de 20.000 euros; de 40.000 euros si ha estado entre 2 y 6 millones y de 80.000 euros en el caso de un volumen que se mueva entre 6 y 10 millones. Las empresas afectadas con más de 10 millones de volumen de operaciones dispondrán de una ayuda de 150.000 euros. En total, según cálculos oficiales, más de 33.800 compañías de los municipios dañados podrán beneficiarse de estos recursos. En el caso de los autónomos, la ayuda será de 5.000 euros y beneficiará a más de 70.000 trabajadores por cuenta propia.
Según cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la dana golpeó a cerca de 70 municipios especialmente importantes para la economía regional y nacional. Este grupo supone el 34,5% del PIB provincial y el 22% de la Comunidad Valenciana, con una incidencia directa e indirecta sobre más de 400.000 trabajadores. En términos de PIB, equivale a unos 28.000 millones de euros, lo que supone superar la riqueza de territorios como Extremadura, La Rioja, Cantabria, Asturias o Navarra.
Además de las ayudas directas, también se contemplan otras medidas fiscales que beneficiarán a las empresas y autónomos, como las exenciones y reducciones en las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y del impuesto sobre actividades económicas (IAE) correspondientes al ejercicio 2024 que afecten a los inmuebles dañados. En el caso de que los contribuyentes hubieran realizado ya el pago, podrán solicitar la devolución de las cantidades abonadas. También se contempla una flexibilización de los plazos tributarios, de forma que las declaraciones, liquidaciones, requerimientos, alegaciones y demás diligencias que vencían en los meses de noviembre o diciembre se ampliarán hasta el 30 de enero de 2025. También se facilitan los aplazamientos sin coste por intereses de demora durante los seis primeros meses, tal y como recuerda la Agencia Tributaria.
El Gobierno aprobó también una reducción del 25% en la tributación por módulos de los autónomos afectados. Esta medida permitirá un ahorro medio de casi 400 euros a más de 22.600 contribuyentes, según sus cálculos. Además, también se reducen un 25% las cuotas devengadas en el régimen simplificado de IVA, lo que permitirá un ahorro de 92 euros de media para otros 4.900 autónomos. Excepcionalmente, también se permite a los autónomos y empresarios renunciar a la tributación por módulos en 2024 y acudir al sistema de estimación directa, aunque se da la posibilidad para que vuelvan a ese régimen de tributación en 2025 y 2026 si lo prefieren.
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