Acusado por la Fiscalía de insurrección y abuso de poder, se podría enfrentar a una condena a cadena perpetua Leer Acusado por la Fiscalía de insurrección y abuso de poder, se podría enfrentar a una condena a cadena perpetua Leer
Por primera vez en la historia de Corea del Sur, un presidente en funciones está siendo juzgado por un tribunal penal. Este jueves arrancó en Seúl una nueva batalla legal a la que se enfrenta Yoon Suk Yeol, el líder que orquestó un intento de golpe de Estado cuando en diciembre declaró una efímera ley marcial. Yoon, acusado por la Fiscalía de insurrección y abuso de poder, se podría enfrentar a una condena a cadena perpetua. Incluso a la pena de muerte si así lo determinan los jueces del Tribunal del Distrito Central de la capital surcoreana.
Yoon, ex fiscal de 64 años, se presentó en una primera audiencia que apenas duró 13 minutos y en la que no habló. Sí que lo hizo su abogado para manifestar que la «ley marcial del presidente tenía como objetivo frustrar una dictadura legislativa» por parte de la oposición, que tiene la mayoría en el Parlamento.
Este nuevo proceso, que se podría extender durante seis meses, es paralelo al juicio político contra Yoon que se celebra en el Tribunal Constitucional, que debe confirmar o desestimar el impeachment votado por el Parlamento surcoreano. Si Yoon fuera destituido formalmente, se deberán celebrar elecciones anticipadas en los siguientes 60 días.
Hasta ahora, el líder conservador se ha negado a ser interrogado por los investigadores de la oficina anticorrupción. En el Constitucional, que este jueves acogió la décima audiencia del caso, Yoon defendió en anteriores sesiones la teoría de la conspiración con la que justificó la ley marcial y que han adoptado sus seguidores más radicales: que las fuerzas comunistas norcoreanas, al igual que agentes chinos, se habían infiltrado en el principal partido de la oposición y que estaban planeando derrocarlo.
Durante las audiencias del juicio político, Yoon negó que, tras imponer el decreto autoritario, hubiera enviado tropas y oficiales de policía al Parlamento para detener a los legisladores. Hay que recordar que fueron los diputados de la oposición quienes, aquella turbulenta noche del 3 de diciembre, lograron saltar el cerco militar y entrar en el legislativo para rechazar por unanimidad la ley Yoon, obligando a su gabinete a levantarla.
La imposición de la ley marcial, la primera en Corea del Sur en más de 40 años, duró tan solo seis horas. Yoon asegura que el envío de tropas y fuerzas policiales tenía como objetivo mantener el orden. Pero los comandantes de las unidades militares han declarado que fue el presidente quien les ordenó sacar a la fuerza y arrestar a los parlamentarios.
A diario, más de dos meses después del fallido golpe de Estado, los seguidores del líder suspendido se siguen manifestando en Seúl porque están convencidos de que Yoon lo único que pretendía era salvar a la democracia surcoreana de las fuerzas comunistas que quieren convertir al país en una dictadura; que el presidente había declarado la ley marcial, bajo la cual se hacía con el control de las instituciones y suprimía la libertad de prensa, porque era la única herramienta posible para proteger a su pueblo.
Yoon lleva desde enero encerrado en un centro de detención a las afueras de Seúl. A finales del mes pasado fue imputado por insurrección, uno de los pocos cargos penales de los que no goza de inmunidad un presidente. Según la ley surcoreana, los fiscales pueden mantener a un acusado bajo custodia hasta seis meses después de la imputación, lo que significa que Yoon podría permanecer detenido hasta julio a menos que el tribunal le conceda la libertad bajo fianza o anule su arresto. Los expertos legales del país asiático sostienen que es poco probable que Yoon se enfrente a la pena de muerte porque no hubo muertos ni heridos durante los altercados tras la declaración de ley marcial.
Otros cuatro ex dirigentes surcoreanos, Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Lee Myung-bak y Park Geun-hye, también pasaron por procesos penales. Pero ninguno de ellos estaba en el cargo, aunque fuera en funciones, durante el juicio. El caso más reciente fue el de la ex presidenta Lee, acusada en abril de 2018 de 16 cargos criminales, incluidos malversación de fondos y soborno. En su fallo, el tribunal la condenó a 24 años de prisión. La investigación de corrupción contra Lee la lideró precisamente Yoon en su etapa como fiscal.
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