La Corte Suprema de Justicia acusa a los parlamentarios Iván Name y Andrés Calle de haber cobrado sumas cuantiosas de dinero para ayudar al Ejecutivo a aprobar sus proyectos de ley Leer La Corte Suprema de Justicia acusa a los parlamentarios Iván Name y Andrés Calle de haber cobrado sumas cuantiosas de dinero para ayudar al Ejecutivo a aprobar sus proyectos de ley Leer
Por primera vez en la historia de Colombia han sido detenidos por supuesta corrupción los ex presidentes del Senado y del Congreso. La Corte Suprema de Justicia acusa al senador Iván Name y al congresista Andrés Calle, que abandonaron sus cargos en julio pasado, una vez acabados sus respectivos periodos, de haber cobrado cuantiosos sobornos para ayudar al Gobierno socialista a aprobar sus proyectos de ley.
Dado que el Pacto Histórico de Gustavo Petro no contaba con mayoría en ninguna de ambas cámaras legislativas, presuntamente optaron por comprar la voluntad de parlamentarios de otras formaciones políticas. Y comenzaron por los que las lideraban para que orientaran los debates conforme a sus intereses.
A Name le dieron en un maletín y en efectivo 3.000 millones de pesos (unos 670.000 euros), una cifra astronómica en Colombia, y a Calle, del Partido Liberal, 1.000 millones de la misma manera, conforme a la Sala de Instrucción del mencionado tribunal. Los dos se han declarado inocentes.
El dinero, entregado en octubre de 2023, provenía de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), que dirigía Olmedo López, persona de la máxima confianza de Petro desde hace más de tres décadas. Siguiendo órdenes de quien fuera en ese momento cabeza de la oficina de presidencia y también de las entrañas del jefe de Estado, Carlos Ramón González, sacó miles de millones de su entidad para entregárselo a diputados corruptos a cambio de sus votos.
Escogieron a la UNGRD puesto que, por su carácter de intervención urgente, pueden entregar a dedo las contrataciones eludiendo los controles habituales. Robaron, entre otros, los dineros destinados a paliar la sed de poblaciones pobres de la norteña Guajira, que padecía una intensa sequía.
Cuando saltó el escándalo por unos camiones cisterna, tanto Olmedo López como su subdirector, Sneyder Pinilla, decidieron pactar con la Fiscalía General un «principio de oportunidad» para rebajar sus penas. Aceptaron sus delitos y señalaron a los políticos que habían recibido el dinero y a los que habían orientado el destino de las coimas.
También confesó Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las Regiones, que se encuentra también detenida, que fue la encargada de llevarle el maletín a Name.
Los dos ahora detenidos emplearon el soborno en apoyar las campañas políticas de sus familiares. Name, la de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá, y Calle, la de su padre, Gabriel Calle, al Ayuntamiento de Montería, en el departamento de Córdoba. Los dos resultaron elegidos.
Petro, que había manifestado en el pasado que mentía quien dijera que pagaron a Name, ahora ha escrito en su cuenta de X que el ex presidente del Senado «se opuso a todos nuestros proyectos y ahora va sindicado a la cárcel». Remató su escrito, que horas después borró, con una frase ininteligible: «almoarecer busvo en em amor la.foema de extraee dinwros para pagar campañas en Bohitá«.
Name y Calle son los primeros políticos tras las rejas por este caso, pero les seguirán otros. En el ojo de mira de las autoridades, además de Carlos Andrés González, en paradero desconocido, están varios diputados y los ex ministros de Interior, el liberal petrista Luis Fernando Velasco, y el de Hacienda, Ricardo Bonilla, otro gran amigo de Petro.
«Esta decisión no es producto de conjeturas ni de sospechas, sino de pruebas contundentes», manifestó José Luis Moreno, abogado de Olmedo López. «Necesitamos garantías para su vida y las de sus familiares, porque aún faltan poderosos por caer».
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