El Gobierno ha conseguido evitar, al incluir las transferencias del Estado a la Seguridad Social, un ajuste en el examen de pensiones que ha publicado este lunes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El organismo ha informado de que no hace falta tomar medidas correctoras. Sin embargo, ha alertado de que su sostenibilidad ha empeorado con un gasto que subirá en 3,4 puntos de PIB hasta 2050, cuatro décimas más de lo que calculaba hace tres años pese a la mejora de la economía. Se precisarían 2,4 puntos del PIB de ingresos, unos 38.000 millones con el PIB actual, adicionales a los 3,7 puntos que ya pone el Estado entre transferencias, clases pasivas y préstamos para lograr equilibrar el sistema. Y ello contando con que las cotizaciones subirán 1 punto de PIB por las medidas aprobadas.
El organismo advierte de que habrá que detraer recursos de otras partidas para costear las prestaciones. El plan fiscal del Ejecutivo es insuficiente y hace falta más, ha dicho la presidenta del organismo Cristina Herrero
El Gobierno ha conseguido evitar, al incluir las transferencias que inyecta el Estado a la Seguridad Social, un ajuste en el examen de pensiones que ha publicado este lunes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El organismo encargado de velar por las cuentas públicas ha informado de que no hace falta tomar medidas correctoras en el sistema de pensiones. Sin embargo, ha alertado de que la sostenibilidad del sistema ha empeorado con un gasto que subirá en 3,4 puntos de PIB hasta 2050, cuatro décimas más de lo que calculaba hace tres años a pesar de la mejora de la economía. Se precisarían 2,4 puntos del PIB de ingresos adicionales del Estado, unos 38.000 millones con el PIB actual, a los 3,7 puntos que ya pone entre transferencias, clases pasivas y préstamos para conseguir equilibrar contablemente el sistema. Y ello contando con que las cotizaciones subirán en un punto de PIB por las medidas ya aprobadas.
La Airef detecta, además, “importantes debilidades metodológicas” en la definición del examen que se ha hecho, pues está influido por el momento en el que se calcula con unos crecimientos de la economía que ahora son mayores, muestra una excesiva sensibilidad a los cambios y ofrece una visión parcial de la sostenibilidad. “Nos dicen qué coger y cómo hacerlo. En la parte del gasto no podemos hacer nada. Y en los ingresos los supuestos son de la Comisión. En el decreto del 2025 nos dicen que las cotizaciones, las transferencias y las asignaciones de clases pasivas son ingresos, y no se actualiza la población”, ha señalado Cristina Herrero, presidenta de la institución.
En cualquier caso, este examen “no constituye un indicador de sostenibilidad”, concluye el informe. Y añade que la economía española es vulnerable por una deuda pública que, a políticas constantes sin el efecto del plan fiscal, alcanzará el 129% del PIB en 2050 y el 181% del PIB en 2070. “El plan fiscal del Gobierno es insuficiente y hace falta más. Al tener que destinar 3,4 puntos del PIB más a las pensiones, habrá que detraer recursos de otras partidas”, ha explicado Herrero. Del incremento de 47 puntos en la deuda hasta 2050 por el envejecimiento, 31 puntos se corresponderán con el aumento de los desembolsos en pensiones. Haría falta un ajuste acumulado en los planes fiscales de 3,16 puntos del PIB hasta 2040 para dejar el endeudamiento en una senda descendente en relación al tamaño de la economía. Como ha apuntado Herrero, “la partida de pensiones subirá en promedio por encima del 4% cuando el compromiso es que el gasto total no crezca más del 3%. Es decir, se necesitará tomar medidas”. Y para subir el presupuesto de defensa por cada 0,5 puntos de PIB se tendría que abordar un ajuste adicional de 0,13 puntos de PIB. Incluso afirmando esto, la Airef dice que con sus números el examen de las pensiones no habría arrojado un ajuste. Y esto es porque pesa mucho la actual coyuntura favorable. Es más: la pendiente del gasto se está acelerando y de ahí que la institución alerte de un empeoramiento de la sostenibilidad.
La Comisión Europea desconfiaba de que la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 asegurara la sostenibilidad del sistema. Así que impuso que se hiciera un examen cada tres años sobre las proyecciones previstas para el periodo comprendido entre 2022 y 2050, empezando en 2025. Esta evaluación consiste en que para el gasto se toma el llamado informe de envejecimiento que elabora la Comisión. Y para los ingresos, la Airef tiene que valorar el impacto de las medidas aprobadas. La combinación de ambos no podía superar un gasto promedio en el período del 13,3% del PIB una vez restadas las medidas de ingresos. Al cruzar el informe de la Comisión ya publicado y un estudio preliminar que hizo la Autoridad Fiscal sobre los ingresos, salía que había un desfase del 0,8% del PIB, unos 12.000 millones de euros.
Según la legislación, ese desfase tendría que corregirse con medidas. Si no existiera un acuerdo en el Parlamento, entonces se produciría a lo largo de un lustro una subida automática de cotizaciones a razón de una quinta parte del agujero encontrado por año. Dada la situación del Congreso, lo más probable era que se acabara con este incremento de cuotas.
Sin embargo, el Gobierno se movió para tratar de evitar esta subida de cotización porque daría una imagen de insuficiencia del sistema y podría tener algún efecto en el empleo. Aprobó hace poco un real decreto en el que desarrollaba cómo debe hacerse en el examen. Y ahí incluía las transferencias que entrega el Estado a la Seguridad Social y que se iniciaron en 2021. Estas ascienden a cerca de 20.000 millones y se utilizaron para bajar el déficit de las pensiones desde el entorno del 1,5% del PIB hasta el 0,6% que se registra ahora. Cuando se pactó el examen con la Comisión en 2023 ya se habían utilizado y el entonces ministro José Luis Escrivá no las empleó para su cálculo de ingresos. De modo que los expertos siempre han tachado el hecho de usarlas otra vez como una doble contabilización.
Además, el Gobierno había incluido en el real decreto que se tengan en cuenta las medidas indirectas que puedan suponer más ingresos en el futuro, como la reforma laboral, la subida del SMI o el afloramiento de la economía sumergida.
Transferencias y SMI
A pesar de que el gasto sobre PIB ha sido mayor que lo que se estimaba en los años ya transcurridos, las actualizaciones del PIB brindan una mejora de siete décimas de PIB. Y con el mayor crecimiento previsto, esta mejora se lleva a ocho décimas. Respecto a las transferencias, que tienen un valor del 1,3% del PIB, la Airef solo toma tres décimas que considera que tienen una correlación directa con las pensiones y que suponen un fortalecimiento de los ingresos del sistema —una décima por los ingresos para las subidas de las mínimas y dos por bajadas de cotizaciones dedicadas al empleo y la formación—. Y ha concluido que la subida del salario mínimo supondrá, además, una décima más de recaudación. En total, las medidas calculadas por la Autoridad Fiscal suman los 1,4 puntos del PIB e incluyen las subidas de cotizaciones del mecanismo de solidaridad intergeneracional (0,4), el destope de las cotizaciones (0,3), la subida de cotizaciones a los autónomos (0,2) y la cuota adicional de solidaridad (0,1). Así, el gasto neto de medidas se situará en el 13,2% del PIB en el promedio entre 2022 y 2050, justo una décima por debajo del umbral a partir del cual habría que aplicar un ajuste. El uso de las tres décimas de las transferencias y de una décima por el incremento del SMI han sido, por tanto, decisivas para evitar que saliera un ajuste. Si bien la Airef esgrime que no y que ha tomado solo las transferencias que consideraba legítimo tomar.
Un millón de inmigrantes
Según los cálculos de la Autoridad Fiscal, la escasa natalidad, que ha evolucionado a la baja y que está entre las más bajas del mundo, combinada con el descenso de la población en edad de trabajar por el envejecimiento, harán que la tasa de dependencia suba mucho. Las personas en edad de trabajar por cada pensionista pasaría de las 3,8 de la actualidad a las 2,1 en 2050. Habría que recibir un millón de inmigrantes al año para compensarla, algo que no ha sucedido nunca. Y con esta reducción que se prevé de la población en edad de trabajar, aunque aumentaría su participación en el empleo, hará que el crecimiento estructural de la economía sea de un escaso 1,3% anual. Y respecto al impacto de las reformas, la Autoridad Fiscal no las contabiliza salvo el SMI porque observa que su efecto en la economía y en el empleo es positivo pero moderado.
Aun así, el estudio de la Airef sobre la evolución del gasto concluye que la evolución será algo mejor de lo que espera el informe de envejecimiento de la Comisión: el crecimiento del gasto promedio será del 14,4% del PIB entre 2022 y 2050 frente al 14,6% que sale en el de la Comisión una vez se incluyen las actualizaciones del PIB. En el punto máximo de gasto, en 2050, el desembolso por esta partida alcanzará el 16,2% en el ejercicio de la Autoridad Fiscal y un 16,3% en el del Ejecutivo europeo.
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