El Ministerio de Cultura ha dado el primer paso para fulminar la Fundación Francisco Franco y este viernes ha enviado a la entidad el “acuerdo de inicio de procedimiento de extinción” de la organización. Esta resolución es el punto previo antes de que el ministerio remita, a través de la Abogacía del Estado, este mismo texto a la autoridad judicial para que inicie los trámites legales para la extinción.
El Ministerio de Cultura da los últimos pasos para instar a un juez la extinción del organismo franquista
El Ministerio de Cultura ha dado el primer paso para fulminar la Fundación Francisco Franco y este viernes ha enviado a la entidad el “acuerdo de inicio de procedimiento de extinción” de la organización. Esta resolución es el punto previo antes de que el ministerio remita, a través de la Abogacía del Estado, este mismo texto a la autoridad judicial para que inicie los trámites legales para la extinción.
El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se apoya en que los fines de la fundación incumple la Ley de Memoria Democrática. Lo hace porque choca con la legislación sobre fundaciones, ya que no persigue “fines de interés general” y realiza “actividades contrarias al mismo”. Pero también porque hace “apología del franquismo” y “humilla la dignidad de las víctimas”. La Fundación dispone ahora de 10 días para presentar alegaciones. Fuentes del ministerio tildan el proceso de extinción como novedoso y sostienen que aliviará el daño a cientos de personas, víctimas del franquismo. “No hay que olvidar que la fundación, como tal, se beneficia fiscalmente. Los españoles no deben por qué pagar estas actividades antidemocráticas”, dicen fuentes del Gobierno.
Este paso reciente del Ejecutivo para extinguir la Fundación Francisco Franco es el último de un largo camino, que comenzó con la Ley de Memoria Democrática de 2022, la ley orgánica que regula el derecho de asociación y que, desde entonces, permite ilegalizar las entidades y fundaciones que hagan apología del franquismo.
Para motivar la apertura de este expediente, el Ministerio de Cultura encargó el año pasado dos informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD). Esta última estudió todo el contenido de la web de la fundación (aproximadamente 5.500 textos) “dedicados a la exaltación y apología del golpe de Estado, la dictadura y sus dirigentes” y también la cobertura en los medios de comunicación de la fundación entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de marzo de 2025.
Este contenido es revelador. Por ejemplo, hay textos que aseguran que “el franquismo no cometió un genocidio, la II República sí”, que niegan los hechos sucedidos durante el bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil o asegura que el escándalo de los niños robados es mentira. También hay artículos que rezuman un énfasis propagandístico, en los que se utilizan conceptos como “alzamiento” (en lugar de golpe de Estado) o “cruzada” (en lugar de Guerra Civil).
El informe de la secretaría también ha incluido entrevistas a víctimas del franquismo en las que “queda acreditado cómo el negacionismo de la fundación sobre la violencia y la represión” les causa daño y “afronta” su derecho a la verdad. Los testimonios describen varias de esas situaciones. Por ejemplo, una víctima que se topó en una plaza de Granada con un grupo de “gente de esta” cantando el Cara el sol [himno falangista], lo que le provocó un episodio de malestar físico y psicológico.
Uno de los relatos dice así: “Cada vez que veo en medios de comunicación alguna de sus actividades o declaraciones, se me encoge el corazón, la respiración se me detiene y no soy capaz de articular palabra. En ese momento vuelve a mi mente el relato de la desaparición de mi tío”. Y otro concluye: “Cada vez que leo un manifiesto firmado o una declaración por esta Fundación en defensa de los valores franquistas y de la dictadura, naturalmente no siento una agresión física, pero se remueven todos los recuerdos que tengo de mi situación infantil, sin mi padre, la ausencia de él por culpa de una guerra cruel y sinrazón”.
El estudio subraya que el contenido publicado por la fundación descalifica a las víctimas, niega y minimiza los datos y se apropia sesgadamente de la historia. “El análisis de los aproximadamente 5.500 textos que tiene publicados en su página web permiten concluir que los fines y la actuación de la fundación no persiguen el interés general, en tanto que resultan inconciliables con muchos de los que cita el artículo 3.1 de la Ley de Fundaciones”, señala el documento.
Dicha ley señala que “concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. A estos efectos se considera al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de la víctimas […] o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
El estudio de la SEMD subraya además que “los fines de fomento y desarrollo de la educación, la investigación y de cualesquiera otras actividades culturales [impartidas por la Fundación] son en realidad instrumentos” para “proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo”.
Fuentes del ministerio han señalado a este periódico que estudian las posibles medidas cautelares que propondrán al juez cuando el caso llegue a los tribunales, aunque no han matizado cuáles.
Otro tema relevante versa sobre el archivo histórico de la Fundación, que contiene unos 30.000 documentos (28.000 ya digitalizados). Algunos de ellos pertenecen a la Jefatura del Estado, por lo que “debería estar depositados en archivos de titularidad estatal” y tiene un gran valor histórico y patrimonial. Por eso, el ministerio ha avanzado a EL PAÍS que están estudiando cómo abordar su protección pública.
Una “anomalía” en Europa
La Fundación Francisco Franco se constituyó en 1976 en cuyos estatutos se señalaba que esta estaría “dedicada primordialmente a la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco”, “promover y realizar estudios sobre el pensamiento de Franco y sobre las realizaciones de los años de su mandato”, “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española” y “exaltar su vida como modelo de virtudes puestas al servicio de la patria”.
Estos estatutos han sufrido modificaciones en los últimos años, la última en 2017 donde el anterior artículo reduce el objeto de la fundación a “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como jefe de Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos”, además de “promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977″.
Las cuentas anuales de la entidad entre 2018 y 2022 presentadas al Protectorado Estatal de Fundaciones reflejan que, de media, los gastos mayoritarios (entre 100.000-150.000 euros) se los lleva la publicación de su boletín informativo y la celebración de “jornadas culturales”. Le sigue el mantenimiento de su archivo (una media de entre 30.000 y 50.000 euros). En cuanto a los beneficio (venta de fotocopias, libros DVD y merchandising) la media va de entre los 4.000 y los 9.000 euros.
Pablo de Greiff, exrelator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y actual comisionado de la ONU para Ucrania, siempre ha denunciado que la Fundación Franco “es una anomalía en Europa“. Greiff, que en 2014 elaboró un informe sobre España, señala que no existe en ninguno de los países de la Unión algo parecido (citaba ejemplos como una Fundación para ensalzar la vida de los dictadores Hitler o Mussolini) ni tampoco una legislación que permitiese la apología del odio.
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