El pasado 11 de noviembre, el sistema Cometa ―el que gestiona las pulseras antimaltratadores― sufrió una caída general que duró 13 horas, entre las cuatro de la madrugada y las cinco de la tarde, y que provocó que durante ese tiempo la plantilla de ese centro no pudiese acceder al sistema, por lo que no podían saber qué estaba sucediendo con las víctimas y sus agresores. Ahora, por aquel error, el Ministerio de Igualdad multa a Vodafone ―la concesionaria actual del contrato junto a Securitas― con 25.000 euros.
El error en el sistema, que duró 13 horas, le valen a la empresa la primera sanción impuesta por la ministra Ana Redondo
El pasado 11 de noviembre, el sistema Cometa ―el que gestiona las pulseras antimaltratadores― sufrió una caída general que duró 13 horas, entre las cuatro de la madrugada y las cinco de la tarde, y que provocó que durante ese tiempo la plantilla de ese centro no pudiese acceder al sistema, por lo que no podían saber qué estaba sucediendo con las víctimas y sus agresores. Ahora, por aquel error, el Ministerio de Igualdad multa a Vodafone ―la concesionaria actual del contrato junto a Securitas― con 25.000 euros.
“Tras la apertura del expediente por las incidencias detectadas en el sistema Cometa durante unas horas el pasado 11 de noviembre, se ha impuesto a la empresa responsable del servicio una penalidad por importe de 25.285 euros. Se hará efectiva mediante deducción de cantidades”, explican desde el Ministerio de Igualdad. Y añaden que, aunque “ninguna tecnología es infalible, el sistema funciona con normalidad, gracias también a la implicación de la empresa en la prestación del mejor servicio posible”. La ministra Redondo lo adelantó en una entrevista en la cadena SER.
Esa empresa, Vodafone junto a Securitas, tiene desde hace meses una investigación abierta porque, más allá de la caída del sistema en noviembre, los fallos cuando se hicieron cargo del servicio, el 8 de febrero de 2024, fueron múltiples y extendidos en el tiempo. Fue con la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, en septiembre del año pasado, cuando se supo que en el cambio de empresas (la anterior adjudicataria era Telefónica y Securitas Direct) hubo un fallo en el volcado de datos de una a otra que provocó que durante unos meses no se pudiera conocer los movimientos de los agresores antes del 20 de marzo de 2024, lo que según el Ministerio Público produjo una “potencial desprotección de las víctimas” y tuvo “consecuencias” en los procesos judiciales por quebrantamiento de orden de alejamiento.
Según la Fiscalía, hubo “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”. Tras la polémica que generaron las primeras informaciones, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que especificó que las absoluciones fueron “mínimas”, que los fallos fueron “puntuales” y que “la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos [de las pulseras] se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos”.
Sin embargo, después de que se hicieran públicas aquellas “anomalías” judiciales, se conoció también que tanto el servicio como los dispositivos de las nuevas adjudicatarias habían estado presentando diversos problemas durante, al menos, un año y medio. Entre ellas, errores en los posicionamientos, a veces de kilómetros; aparatos que emitían alertas sin motivo y otros que no saltaban a pesar de que el agresor había entrado en la zona de exclusión fijada; u órdenes dadas por superiores a los técnicos que no podían hacerse por protocolo, como cerrar alertas sin seguir el procedimiento.
Por esos otros múltiples fallos, el Ministerio acabó por abrir una investigación interna y otra externa que siguen en marcha, según confirma Igualdad, que asegura que esta multa de algo más de 25.000 euros “es solo por el episodio de noviembre”, y que las sanciones que deriven de los otros dos análisis en curso son una cuestión aparte.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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