El informe de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, al que ha tenido acceso este periódico, relativo al comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel Batalla, concluye que el investigado no finalizó sus estudios en la Universidad de Valencia, y que, por tanto, el título que consta en su expediente personal es “presumiblemente falso”. Las pesquisas apuntan, además, a la complicidad de dos empleados de la Diputación provincial que, ante varios requerimientos a lo largo de los años para acreditar que disponía de la titulación necesaria, se limitaron a “afirmar categóricamente” que sí sin mostrar el documento y en una “actitud negligente”, ya que no realizaron comprobación alguna. Ángel Batalla, que también es el presidente del PSOE en la Comunidad Valenciana, ha renunciado este jueves a todos sus cargos para dejar de ser el protagonista de lo que considera “una campaña de desgaste” contra el Gobierno.
La Diputación de Valencia abre un expediente interno para acreditar la titulación de la esposa del funcionario investigado
El informe de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, al que ha tenido acceso este periódico, relativo al comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel Batalla, concluye que el investigado no finalizó sus estudios en la Universidad de Valencia, y que, por tanto, el título que consta en su expediente personal es “presumiblemente falso”. Las pesquisas apuntan, además, a la complicidad de dos empleados de la Diputación provincial que, ante varios requerimientos a lo largo de los años para acreditar que disponía de la titulación necesaria, se limitaron a “afirmar categóricamente” que sí sin mostrar el documento y en una “actitud negligente”, ya que no realizaron comprobación alguna. Ángel Batalla, que también es el presidente del PSOE en la Comunidad Valenciana, ha renunciado este jueves a todos sus cargos para dejar de ser el protagonista de lo que considera “una campaña de desgaste” contra el Gobierno.
A través de un comunicado, y después de que El Mundo publicase el falso título que figura en su expediente personal, Ángel Batalla había asegurado el martes, y así lo ha reiterado en su escrito de renuncia de este jueves, que “no ha existido irregularidad alguna” en su carrera profesional. Pero la presión ha sido máxima y esta madrugada el veterano político socialista, de 68 años, ha comunicado su decisión irrevocable de dimitir de todos sus cargos.
El funcionario insiste en que su acceso al puesto de la Diputación de Valencia fue “legal”, pero, según fuentes jurídicas, sindicales y expertas en Administración pública consultadas por este diario, para ser funcionario del grupo A-2 y percibir la remuneración correspondiente a ese nivel es necesario disponer de un título universitario, algo de lo que carecía el comisionado del Gobierno para la dana. Así lo recoge también el informe de la Agencia Antifraude, que según Ángel Batalla, ha sido “utilizada políticamente” para manchar su “buen nombre”.
La Agencia Antifraude valenciana inició las pesquisas el pasado abril alertada por un denunciante anónimo que aseguraba que personal de la Diputación de Valencia había certificado una falsedad en documento público, esto es, que un funcionario de esa institución ejercía como funcionario del subgrupo B (actual A-2) “sin estar en posesión del título habilitante”. A partir de ese momento, la agencia realizó seis diligencias para tratar de contrastar la información facilitada anónimamente. Tras personarse en la Diputación y en la Universidad de Valencia, y después de consultar el registro de títulos académicos y realizar sendos requerimientos al servicio de Transparencia de la Diputación y a las Cortes Valencianas, pudo establecer el recorrido académico y profesional del comisionado y concluir, según las pruebas recabadas, que Ángel Batalla pudo cometer un “ilícito administrativo disciplinario”. La falsificación de un documento público, como lo es un título universitario, es un delito castigado en el Código Penal con penas que van de los tres a seis años de cárcel para los funcionarios, multa de 6 a 24 meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo periodo. El delito prescribe a los 10 años en estos casos.
El informe de la Agencia Antifraude valenciana recoge que Ángel Batalla se matriculó en el curso 1975-1976 en la Facultad de Filosofía, en la sección Geografía e Historia. En el segundo curso, solicitó traslado de su expediente a la Universidad Complutense de Madrid, pero no concluyó dichos estudios. Fue en 1986 cuando, mediante un acuerdo de la comisión de gobierno de la Diputación de Valencia, que entonces presidía el socialista Antoni Asunción, ya fallecido, Ángel Batalla pasó de ser funcionario de tipo C —que solo requiere disponer del título de bachiller— a B (actual A-2).
Además, la Agencia Antifraude señala a dos funcionarios por una presunta “negligencia”: porque en dos requerimientos para acreditar la titulación del ahora investigado, en 2015 y 2020, ambos aseguraron sin más que cumplía los requisitos para ocupar ese puesto en la Administración. En diciembre de 2015, Josep Salvador Duart, como jefe de servicio y personal de la Diputación, firmó un documento que aseguraba que Ángel Batalla “tiene documentos en su expediente personal que acreditan que es diplomado universitario”. Pero esto no era cierto.
En sus comunicados, Ángel Batalla no ha aludido a diplomatura alguna, más allá del título de bachiller superior, expedido en 1981, y esgrime que accedió al puesto de funcionario ahora en cuestión tras acreditar diversos “méritos”, entre ellos, “cinco cursos y formaciones complementarias”, además de “experiencia previa en la función pública” y “colaboraciones en publicaciones”. “El 23 de marzo de 1983″, afirma, “el Tribunal calificador del Concurso oposición libre para provisión de tres plazas de auxiliares técnicos de archivo y biblioteca, finalizados los tres ejercicios del proceso y valorados los méritos, eleva propuesta de nombramiento en favor de mi persona por ser uno de los dos únicos aspirantes que ha superado el proceso selectivo. Como resultado de este proceso, el 18 de abril de 1983 tomo posesión de mi plaza como Auxiliar Técnico de Archivo y Biblioteca de la Diputación de Valencia”. “El 27 de diciembre de 1984″, prosigue, “el Pleno de la Diputación de Valencia acuerda efectuar convocatoria para proveer tres plazas de nueva creación, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 4 de noviembre de 1977, por el que se dictan normas para la integración en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de los actuales funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos. Dichas plazas se catalogaban como de Técnico Medio, lo que equivale al actual grupo A-2 de la Administración, siendo el requisito para integrarse en ellas, según se establecía en la propia Orden Ministerial de 1977, además de pertenecer al Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, “la superación de las pruebas selectivas y de formación que se establecieran”. El comisionado de la dana insistía en que los únicos requisitos eran “presentar una memoria y superar un examen escrito” y que así lo hizo.
La orden ministerial de 1977 a la que alude, estaba pensada, según fuentes sindicales, “para los que en ese momento formaban parte del cuerpo de auxiliares o fueran a pasar unas pruebas el año siguiente”. En todo caso, añaden las mismas fuentes, en 1985, es decir, antes de que en 1986 la comisión de gobierno de la Diputación aprobase la promoción de Ángel Batalla, ya estaba en vigor la Ley 30/1984 de medidas para la reforma de la Función Pública, que establece la estructura de los Cuerpos y Escalas y otras clasificaciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas y por la cual al Grupo A se le exige el título de “doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente” y al grupo B el de “ingeniero técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente”. El comisionado del Gobierno para la dana no ha acreditado esa titulación, pese a que en diversas comunicaciones públicas, es decir, oficiales, ha aparecido como diplomado en Archivística y Biblioteconomía, bien por la Universidad de Valencia —que no creó esos estudios hasta 1990, es decir siete años después de la fecha que aparece en el falso título—, bien por la Biblioteca Nacional, que no expide títulos académicos, pese a que así figuraba en la ficha facilitada por La Moncloa al nombrarle comisionado para la dana.
Paralelamente, la Diputación de Valencia, presidida por Vicente Mompó, del PP, ha abierto un expediente interno para acreditar la titulación de la mujer de José María Ángel, la exdiputada socialista Carmen Ninet, quien ejerce de subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (Muvim), propiedad de la institución, según confirman fuentes de la corporación provincial a este periódico. La decisión se ha tomado después de que se filtraran informaciones relativas a que Ninet no cuenta con la titulación adecuada para ocupar una plaza A-1 correspondiente a la subdirección del museo y después de trascender los problemas de su marido con un título presuntamente falso que está investigando la Fiscalía Anticorrupción. La institución evalúa si, al ser personal laboral, no funcionaria, está sujeta a los mismos requisitos. Fue nombrada en el cargo que ocupa actualmente hace 10 años por el entonces gobierno de izquierdas de la Diputación.
El Gobierno central se ha cuidado mucho de defender a Ángel Batalla. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Pilar Alegría, se limitó a decir que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, es decir, el que designó al funcionario como comisionado del Ejecutivo para la dana, había solicitado “información” al respecto. Mientras, Batalla insistía en su inocencia y aseguraba que estaba dispuesto a “emprender las acciones administrativas y legales” que considere necesarias para defender su “honestidad”. Pero este jueves ha comunicado su renuncia irrevocable al Ministerio de Política Territorial, que fue el que lo nombró comisionado especial para la dana el pasado diciembre.
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