La batalla por la enseñanza del español en las instituciones europeas

El Instituto Cervantes recuperó este mes de junio el contrato para la enseñanza del español en las instituciones europeas, tras haberla perdido hace cinco años, en 2020. Fue una derrota simbólica, pues la institución no deja de ser la herramienta creada por el Estado español, que a su vez forma parte de la UE, para promocionar el español en el mundo. El órgano que dirige Luis García Montero acudió a los tribunales, que el jueves desestimaron definitivamente su recurso y ratificaron la decisión de la Comisión Europea y la sentencia en primera instancia que había fallado el Tribunal General de la UE, dándole la razón a Bruselas. Sin embargo, ahí no ha terminado la batalla por el español.

Poco antes de conocerse el resultado de este recurso, el Cervantes había ganado de nuevo la licitación para dar clases de español en las instituciones de la UE durante los próximos cuatro años, según explicaron fuentes del propio Instituto. La decisión de la Comisión, que se produjo en junio, todavía no es definitiva porque las empresas perjudicadas por la decisión preliminar han presentado alegaciones. La confirmación definitiva, siempre según el Cervantes, llegará en una semana o dos.

Si finalmente la decisión se ratifica, el Cervantes recuperará la enseñanza del español en la UE. En noviembre del 2020 la perdió en el concurso que se convocó entonces en favor del grupo Centre de Langues-Allingua. Concretamente, perdió el lote tercero del concurso, que era el destinado a las clases de castellano en las instituciones de la UE.

Aquel concurso otorgaba más peso a los elementos de calidad de la oferta que al precio: un 70% frente a un 30%. De hecho, la oferta del organismo público español era más barata que la de Allingua: 2,67 millones frente a 3,47 millones. Pero había diferencia en los otros criterios que llevaron a que la propuesta del Cervantes tuviera una valoración de 88,9 puntos sobre 100 por 94 de la vencedora, como explica el fallo definitivo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Finalmente, España y el Instituto no se conformaron con la decisión y las explicaciones posteriores de Bruselas y acudieron a la Comisión. En el primer pleito, ante el Tribunal General de la UE (TGUE), quedó claro que se trataba más bien de una cuestión formal más que de contenido y de procedimientos: “El Instituto Cervantes depositó en la plataforma eSubmission determinados elementos que ilustraban la propuesta técnica descrita en su oferta, únicamente accesibles mediante enlaces integrados en la oferta”, explica la nota de los tribunales de Luxemburgo. La justificación es que si estos documentos se presentan a través de enlaces digitales y no en documentos “había un riesgo de que se modificara la oferta a través de ese enlace con posterioridad al plazo límite para la presentación de las ofertas”. “La Comisión consideró por ello que faltaban los documentos a los que solo se tenía acceso a través de esos enlaces”, explica.

Tanto el Cervantes como el Estado español recurrieron el fallo ante al TJUE. El primer alegó que la sentencia desnaturalizaba los hechos y no estaba motivaba. España, por su parte, señaló que el tribunal de primera instancia “erró al no haber considerado la vulneración del principio de seguridad jurídica y de confianza legítima cometida por la Comisión, que no concedió al Instituto Cervantes la posibilidad de acreditar que los documentos accesibles mediante hiperenlaces no habían sido alterados”.

Ninguno de los argumentos presentados por los dos recurrentes fueron aceptados, puesto que el TJUE ha rechazado “todas las alegaciones del Instituto Cervantes y de España”.

La enmienda —o, más bien, la reparación— ha llegado, en realidad, por la vía de volver a presentarse al concurso siguiente y, esta vez sí, ganarlo. Falta por ver cómo acaban las alegaciones de los perdedores en esta ocasión y que se firmen los contratos.