La elevada retención en el IRPF del nuevo salario mínimo aleja a Hacienda y Trabajo del pacto para aliviar su fiscalidad

Las negociaciones entre Hacienda y Trabajo para limitar el golpe tributario sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha entrado en tiempo muerto. Este viernes vence el plazo límite para que el ministerio que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, vete en el Congreso las proposiciones de ley de Sumar, Podemos y PP sin que se haya alcanzado un acuerdo para que la mejora del SMI no tribute. Las conversaciones siguen abiertas, pero las dos vicepresidentas del Gobierno enfriaron este jueves de manera más o menos explícita las posibilidades de un acuerdo inminente. Montero habló de alcanzar un pacto “en los próximos días” y pidió a Sumar que reconociese que Hacienda se había movido. La propia Yolanda Díaz fue tajante sobre la discrepancia: “¿Qué disputa tenemos?: el cumplimiento de un acuerdo de Gobierno. No va de plazos, de si mantenemos la tributación o no para este año, hay que cumplir con el 60% [del salario] medio neto que hemos pactado”, explicó a primera hora en RNE.

En Hacienda recalcan que han extendido la mano para facilitar un acuerdo al plantear “una compensación” para el 20% de los contribuyentes que la subida del salario mínimo les obligue a tributar. La medida tendría un coste más limitado, de unos 200 millones para las arcas públicas, muy lejos de los 1.500 o 2.000 millones que supondría elevar el mínimo exento como ocurrió el año pasado. Pero el demonio está en los detalles. Y Hacienda defiende que este mecanismo para limitar el impacto fiscal de la subida del SMI se aplique solo en 2025 y no sea automático para las próximas subidas del salario mínimo como plantea Díaz. Aseguran que solo un par de frases alejan el acuerdo entre dos ministerios, que representan como pocos las dos sensibilidades que conviven en el Gobierno de coalición.

Fuentes de Trabajo insistían este jueves por la tarde en que todavía hay cuestiones políticas que les “separan”. Díaz asegura que al tener que tributar no se cumple el pacto de Gobierno de que el SMI represente el 60% del salario medio, como recomienda el Consejo Europeo de Derechos Sociales. Recuerdan que el IRPF tiene en su diseño una anomalía que hace que pequeñas subidas salariales en las rentas bajas, como la que sucede con la actualización del SMI, provoque un tipo marginal del impuesto sobre la renta del 43%. Esta irregularidad sucede por la aplicación de la reducción variable sobre rendimientos del trabajo del impuesto, una de las deducciones básicas del tributo, que se aplica a las rentas hasta 19.747 euros. Insisten, además, en la necesidad de que se incorpore la evolución de los márgenes empresariales en la negociación de los salarios, que termina afectando a la fijación del SMI.

En todo caso, el Gobierno aún tiene margen para evitar el choque en las Cortes. Hace más de un mes, los de Díaz presentaron una iniciativa para revertir la tributación impuesta por Hacienda y amagan con levantar la prohibición del Ejecutivo, uniendo sus votos en la Mesa del Congreso a los del PP. La mayoría de la Cámara no apoya la decisión del departamento de Montero y los socialistas se arriesgan a sufrir una nueva derrota parlamentaria y exhibir las diferencias dentro de la coalición y con los socios de investidura.

Aunque el plazo para presentar el veto a la proposición de ley de Sumar termina este viernes, la Mesa del Congreso cuenta aún con varios días para llevarlo a debate y votación. Este órgano debe discutir el veto en la siguiente reunión desde que el Ejecutivo la envíe, pero la próxima semana no hay Pleno ordinario en el Parlamento, la Mesa se reúne este viernes y sería inusual convocarla de nuevo el martes que viene, así que las negociaciones podrían irse hasta el martes 8 de abril, explican diversas fuentes parlamentarias.

Montero descartó este jueves que vaya a elevar el mínimo exento hasta situarlo en línea con el SMI. Considera que aplicar la solución que se empleó otros años tendría un coste de entre 1.500 y 2.000 millones de euros porque la sucesiva subida del salario mínimo ha supuesto una acumulación cada vez mayor de trabajadores en torno a este límite.

Hacienda recalca que el 80% de los perceptores del SMI no tendrían que tributar tras la subida y el 20% restante solo lo haría por 20 euros. “El Gobierno quiere llegar a un acuerdo”, ha insistido Montero, quien ha confiado en lograrlo “a lo largo de los próximos días”. Montero también defendió que el SMI “siga subiendo de forma importante”, de forma que ese 60% del salario medio cada vez será mayor y se acercará a la mediana salarial. “Es lógico pensar que, en la medida en que esas rentas salariales vayan subiendo, tienen que ir aportando de forma proporcional al sostenimiento de las arcas públicas”, apuntó.