Las monjas de Belorado (Burgos, 1.800 habitantes), que en 2024 anunciaron su ruptura con la Iglesia, se enfrentan a 12 años de prisión, según solicitan la Fiscalía y la acusación particular, por los delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro y delitos contra el patrimonio. La pena se reclama para las siete monjas que lideraron este movimiento contra las tesis oficialistas del Vaticano, guiadas entonces por un falso obispo excomulgado. Se las acusa, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, de haber “manipulado, maltratado y vejado a sus compañeras más ancianas”. Se aprovecharon de su “vulnerabilidad” para sumarlas a su causa.
El juzgado de Instrucción 5 de Bilbao juzga a las exclarisas por coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro y delitos contra el patrimonio
Las monjas de Belorado (Burgos, 1.800 habitantes), que en 2024 anunciaron su ruptura con la Iglesia, se enfrentan a 12 años de prisión, según solicitan la Fiscalía y la acusación particular, por los delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro y delitos contra el patrimonio. La pena se reclama para las siete monjas que lideraron este movimiento contra las tesis oficialistas del Vaticano, guiadas entonces por un falso obispo excomulgado. Se las acusa, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, de haber “manipulado, maltratado y vejado a sus compañeras más ancianas”. Se aprovecharon de su “vulnerabilidad” para sumarlas a su causa.
El juzgado de Instrucción 5 de Bilbao es el que ha dirigido el caso después de que algunas de esas religiosas, después excomulgadas, se instalasen en un monasterio en Orduña (Bizkaia) tras ser desahuciadas del convento burgalés. El auto recuerda que el 13 de mayo de 2024 se publicó el “Manifiesto Católico” en el que la abadesa, en representación del resto de las investigadas, expresa su voluntad de abandonar la Iglesia católica, “no reconociendo la autoridad del Papa, como usurpador de la Santa Sede, lo que da lugar a que se produzca el cisma y sean excomulgadas”. Otras monjas, “como dos testigos protegidas”, después abandonaron el monasterio porque las investigadas las sometían a “humillaciones, castigos, vejaciones y anuncios de represalias si no estaban con ellas”, aunque no lo denunciaron. La resolución judicial señala que la decisión de romper con la Iglesia católica no fue adoptada por las monjas mayores, a las que no se informó del cisma, “debido al estado de deterioro”.
La mayor, de 101 años, aunque en principio aceptó “por obediencia y el bien de la comunidad”, presentaba deterioro cognitivo leve, mientras otra de 89 años sufría deterioro cognitivo moderado. Una tercera monja, también de 87 años, no presentaba marcado deterioro, pero sí afectación del lenguaje secundaria a un ictus. Otra de 94 años tenía deterioro cognitivo severo; y la quinta monja de 89 años también padecía deterioro cognitivo severo, según recoge el auto.
En el informe forense se menciona “la falta de higiene” extendida por todo el monasterio. También se observó “la cocina sucia y comida en estado de conservación dudoso”.
El auto subraya que, “de todo ello, se deriva un incumplimiento del deber de cuidado” de las investigadas hacia las mayores, que se encontraban bajo su custodia, y estaban “en situación de dependencia y vulnerabilidad”. De ello se infiere que se dispensaba “un trato humillante menoscabando su dignidad”. También se subraya el “manejo, control e influencia que ejercían sobre ellas, que se aprovechaban de su deterioro cognitivo para que aceptaran lo que decían por temor y miedo a las consecuencias de lo que les podía pasar si se iban”. Ante ello, se indica que hubo “aceptación o consentimiento viciado por la merma de facultades”.
En los inicios del conflicto, las investigadas se opusieron a que las mayores salieran del convento. La jueza instructora cree que el motivo podría ser evitar el desalojo del monasterio, ya que este no se haría en presencia de personas vulnerables.
Además, se les atribuyen delitos contra el patrimonio, porque se las acusa de haberse llevado o intentado vender patrimonio eclesiástico ligado al monasterio, motivo por el cual hace unos meses fue detenido un anticuario y la exabadesa de Belorado.
El equipo de comunicación vinculado a las exclarisas ha emitido un mensaje en el que muestran su desacuerdo ante esta petición de condenas. “Seguimos considerándonos plenamente inocentes de las graves acusaciones que se nos atribuyen en relación con nuestras queridas hermanas mayores. Afrontamos este procedimiento con la serenidad de quien sabe que no ha cometido los hechos que se le imputan y con la esperanza de que la verdad pueda quedar plenamente acreditada”, sostienen.
Las monjas denuncian “una caza de brujas como en la antigua Inquisición” y añaden: “Se pretende quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida”. Aunque aseguran que no se rinden y prometen la misma determinación que las ha acompañado hasta ahora.
“Lo que estamos viviendo supone una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica y haber seguido el camino que, en conciencia, entendimos que debíamos recorrer”, exponen. Las investigadas han afrontado ya varias causas judiciales, entre ellas, la del desahucio del monasterio o una acusación de venta de arte sacro. Aunque hasta ahora han perdido en todas, las monjas dicen confiar “en que la verdad prevalecerá”.
El conflicto religioso supuso chocar con el Arzobispado de Burgos, responsable de esa congregación, que tras varios avisos acabó acudiendo a la Justicia, abriéndose así un pulso en los tribunales que se saldó con la orden de que las monjas, excomulgadas por su rebeldía, abandonasen el monasterio.
Estas trataron de retrasar al máximo la expulsión mediante recursos ante otras instancias judiciales, hasta que hubo un pronunciamiento firme que hizo que, hace unos meses, tuvieran que irse de Belorado. Los guardias civiles que acudieron previamente al monasterio y que lo inspeccionaron aseguraron ante el juez que se encontraron condiciones inadecuadas para la salubridad de las mujeres, especialmente de las más ancianas.
El cisma comenzó en la primavera de 2024, relacionado con que la Iglesia les impidió adquirir un convento en Orduña. Entonces había 16 monjas en la congregación, de las que finalmente siete han quedado como acusadas. Entonces las hermanas aludieron a una “persecución”, rompieron con Roma y se acogieron a la Pía Unión del Apóstol San Pablo, considerada secta según la Iglesia católica, coordinada por Pablo de Rojas Sánchez-Franco, excomulgado en 2019. La rebeldía la lideró sor Isabel de la Trinidad, madre abadesa de las clarisas, que ya entonces reivindicó su acción: “Nos van a denominar herejes y cismáticas, locas y muchas cosas más, muy calumniosas y desagradables. No los creáis, al menos por esta vez, que no os engañen”.
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