La posverdad nos ha instalado en el escepticismo: ya apenas nos creemos los discursos políticos porque sospechamos que son puro relato, un escaparate diseñado para disfrazar intereses o racionalizar posiciones políticas. Sin embargo, ante la imposibilidad de vivir al margen de ese mundo y no paralizarnos ante tanta complejidad, muchos renuncian a buscar la verdad y terminan refugiándose en la trinchera política con la que sienten más afinidad. Optan por un atajo cognitivo: en lugar de evaluar los hechos, se adscriben ciegamente a las narrativas del bando con el que comparten una mayor identificación emocional. Si es que, en efecto, nos sentimos asociados a algún bando de forma casi existencial. Si este no el caso, si carecemos de trinchera, quedamos excluidos de ese reparto de racionalizaciones. O sea, sospechamos de todas ellas y nos vemos obligados a elaborar, con todos sus costes, un juicio político propio. Creo que ahí es donde algunos estamos.
Una democracia no puede admitir la erosión sistemática de la confianza en los procedimientos judiciales
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Una democracia no puede admitir la erosión sistemática de la confianza en los procedimientos judiciales
La posverdad nos ha instalado en el escepticismo: ya apenas nos creemos los discursos políticos porque sospechamos que son puro relato, un escaparate diseñado para disfrazar intereses o racionalizar posiciones políticas. Sin embargo, ante la imposibilidad de vivir al margen de ese mundo y no paralizarnos ante tanta complejidad, muchos renuncian a buscar la verdad y terminan refugiándose en la trinchera política con la que sienten más afinidad. Optan por un atajo cognitivo: en lugar de evaluar los hechos, se adscriben ciegamente a las narrativas del bando con el que comparten una mayor identificación emocional. Si es que, en efecto, nos sentimos asociados a algún bando de forma casi existencial. Si este no el caso, si carecemos de trinchera, quedamos excluidos de ese reparto de racionalizaciones. O sea, sospechamos de todas ellas y nos vemos obligados a elaborar, con todos sus costes, un juicio político propio. Creo que ahí es donde algunos estamos.
Cualquier observador diría que, al creernos solo el relato de los nuestros y sospechar por defecto del contrario, hemos dinamitado el terreno común indispensable para el entendimiento mutuo. Lo vemos operar de forma mecánica en las sesiones de control parlamentario, que han dejado de ser un espacio para la rendición de cuentas, convirtiéndose, por el contrario, en un concurso de zascas destinados a cosechar el aplauso de la propia tribu. Uno pregunta sobre los escándalos del PSOE, por ir a un ejemplo reciente, y otro le recuerda los anteriores del PP. Ya no hay debate, solo la escenificación de la sospecha: tú sospechas de mí, pero tú también estás bajo sospecha de los míos. Tú me ofreces tu visión del mundo y yo te devuelvo la mía.
Lo de las sesiones de control tiene mala solución, y tampoco es tan lesivo para la convivencia democrática. A pesar de haberse convertido en un simulacro ante los medios, es parte del sinuoso juego Gobierno/oposición. La peor consecuencia de esa sospecha selectiva se produce, sin embargo, cuando no se dirige al adversario, sino que se extiende al propio sistema. Es lo que ocurre hoy con el señalamiento que desde algunas voces de la coalición de gobierno se hace a la UCO o al poder judicial, aludiendo de forma más o menos explícita a la existencia de un complot sincronizado en el enjuiciamiento de los casos por todos conocidos. Cada una de estas diligencias puede ser susceptible de críticas, desde luego, e iremos viendo cómo progresan. Pero que ese recelo se genere antes de pronunciamientos definitivos resulta, cuando menos, sorprendente. En definitiva, el control judicial es el único medio de que disponemos para aproximarnos a algo parecido a la verdad, respetando al mismo tiempo las debidas garantías a la presunción de inocencia. Una sentencia no es un mero relato, como aquellos de los que hablábamos antes; es la aplicación del derecho.
La política puede permitirse vivir de relatos; el derecho no. Su función consiste precisamente en anclar la discusión pública a los hechos y obligar a que las afirmaciones sobre la realidad se sometan a procedimientos de prueba y verificación conforme a reglas previamente establecidas. Que los jueces tienen sesgos políticos, sin duda; que caben distintas interpretaciones de las normas, también. Pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema que ofrezca mayores garantías. Por eso mismo conviene distinguir entre la crítica legítima a una decisión concreta y la sospecha deslegitimadora general de quienes deben adoptarla. Una democracia puede soportar sentencias discutibles; lo que no puede admitir es la erosión sistemática de la confianza en los procedimientos del Estado de derecho. Si no, se convierte ya en otra cosa.
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