Deberían serlo, pero no: una legislación anticuada que solo tiene en cuenta los daños físicos en el trabajo lo impide Deberían serlo, pero no: una legislación anticuada que solo tiene en cuenta los daños físicos en el trabajo lo impide
Las enfermedades profesionales son aquellas que una persona sufre como consecuencia directa de su trabajo, «por la exposición a factores de riesgo que resulte de … la actividad laboral», según la definición que les da la Organización Mundial de la Salud (OMS). Son males que pueden ser causados por agentes químicos, físicos o biológicos presentes en el lugar de trabajo, o por posturas forzadas y movimientos repetitivos. ¿Pero qué pasa con el estrés y la depresión, dos dolencias psicológicas con cuya presencia no es difícil toparse en cualquier entorno laboral? Lo que pasa en España –como en la mayoría de países– es que no están reconocidas como enfermedades profesionales.
Hay lugares en que sí lo están. Por ejemplo, México. Allí, desde 2023 se reconocen oficialmente el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio como enfermedades laborales, tras una reforma a la Ley Federal del Trabajo. En Reino Unido y Alemania estos males pueden ser considerados en casos específicos bajo sistemas de compensación laboral, aunque no están incluidos en listados oficiales de dolencias profesionales. En esto los que destacan son otros dos países europeos. Finlandia y Dinamarca han equiparado legalmente la salud mental y la física y han establecido normativas que reconocen el estrés y el ‘burnout’, entre otros trastornos psicológicos, como enfermedades profesionales, sobre todo cuando están vinculados a condiciones laborales traumáticas o estresantes. Además, exigen evaluaciones psicosociales obligatorias en las empresas para prevenir estos problemas.
El caso es que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han instado a todos los países a abordar estos problemas, lo que depende de cada legislación nacional. En España este reconocimiento no se ha dado, debido a algunos obstáculos como la dificultad de probar la causalidad laboral, el estigma asociado a la salud mental y legislaciones desactualizadas.
«Las leyes laborales actuales se redactaron para riesgos físicos». Un trabajador con ‘burnout’, también conocido como síndrome de desgaste profesional o síndrome del trabajador quemado, una respuesta al estrés laboral crónico que se caracteriza por el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del rendimiento personal, «debe recorrer un laberinto para demostrar que es un accidente laboral», apunta Mònica Ricou Casal, profesora de derecho del trabajo y Seguridad Social de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) . Los trastornos psicológicos carecen del mismo respaldo jurídico que las enfermedades físicas, porque las leyes se redactaron «durante la Revolución Industrial», cuando predominaban los daños corporales.
Tanto la Ley General de la Seguridad Social como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no contemplan patologías como el agotamiento emocional o el hostigamiento laboral, lo que obliga a las personas afectadas a demostrar su conexión con el trabajo, «un trámite engorroso y poco eficaz», según Ricou.
Vulnerabilidad
«El listado oficial de enfermedades profesionales casi no incluye patologías mentales derivadas del trabajo, por lo que deja a los empleados en situación de vulnerabilidad», añade por su parte Rubén Rodríguez Elizalde, director del máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.
Otro desafío es probar el vínculo directo entre el entorno laboral y el deterioro psicológico, ya que estos cuadros pueden deberse a múltiples factores, como el historial clínico o las circunstancias personales.
Añádase a esto el estigma social que todavía supone el reconocer que se padece alguno de estos problemas. La salud mental sigue siendo percibida como una señal de debilidad, lo que dificulta que los trabajadores pidan ayuda sin temor a repercusiones laborales. «Se mira con recelo al que sufre estrés, pero no al que se rompe una clavícula», añade Rodríguez Elizalde. En España, un 83,1 % de las personas con diagnósticos psiquiátricos se encuentra en situación de desempleo.
Además, las mutuas «actúan más como un obstáculo que como una solución», añade Rodríguez Elizalde. Su enfoque sigue centrándose en las dolencias físicas, lo que dificulta el diagnóstico de las mentales. A menudo los empleados son derivados a la sanidad pública, en lugar de recibir cobertura laboral.
Los expertos de la UOC señalan que se requieren «medidas legales, empresariales y culturales» para corregir esta situación. En primer lugar, «resulta urgente reformar la legislación laboral para que incluya de forma explícita los riesgos psicosociales y facilite el reconocimiento de las enfermedades mentales como problemas profesionales cuando existan evidencias suficientes». En cuanto a las empresas, «deben asumir un papel más activo en la protección del bienestar psicológico de sus empleados».
Las compañías deben «implementar protocolos claros contra el acoso laboral, garantizar el derecho a la desconexión digital y ofrecer programas de apoyo emocional con seguimiento profesional confidencial». Es necesario «un cambio cultural profundo que normalice el diálogo sobre salud mental en los entornos laborales», dicen en la UOC. Para ello deben realizarse «campañas de sensibilización continuadas, formación especializada en inteligencia emocional para mandos intermedios y la implementación generalizada de políticas de flexibilidad horaria que ayuden a reducir el estigma asociado a estos problemas».
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