José Antonio Camuñas, alcalde de Casasbuenas, un pequeño pueblo toledano de 200 habitantes, no tiene nada en contra de la planta de biometano que corona un cerro cercano. “Entiendo su beneficio ambiental, pero no los olores nauseabundos que nos llegan”, aclara. Como prueba, muestra las 180 denuncias vecinales que se acumulan en el Ayuntamiento y el escrito que mandó a la Fiscalía de Toledo en septiembre. “Que lo arreglen o que se la lleven más lejos”, plantea.

El combustible se produce a partir de desechos como los excrementos de los cerdos y es una herramienta eficaz contra el cambio climático
José Antonio Camuñas, alcalde de Casasbuenas, un pequeño pueblo toledano de 200 habitantes, no tiene nada en contra de la planta de biometano que corona un cerro cercano. “Entiendo su beneficio ambiental, pero no los olores nauseabundos que nos llegan”, aclara. Como prueba, muestra las 180 denuncias vecinales que se acumulan en el Ayuntamiento y el escrito que mandó a la Fiscalía de Toledo en septiembre. “Que lo arreglen o que se la lleven más lejos”, plantea.
Quejas similares salpican el territorio y se extienden, y con ellas, el rechazo de vecinos que no quieren ni oír hablar de estas instalaciones al lado de sus casas, sobre todo si son de grandes dimensiones. Temen los olores, el paso de camiones, las fugas y recibir residuos malolientes de otros lugares que no tienen nada que ver con su territorio. A las denuncias se suman las asociaciones ecologistas. Lo consideran un recurso renovable, pero lo vinculan al modelo de granjas industriales con miles de animales contra el que luchan. Temen, incluso, que se convierta en un efecto llamada y se autoricen más explotaciones ganaderas industriales.

La reacción vecinal ha pillado por sorpresa al sector, porque la tecnología resuelve dos problemas: se obtiene energía limpia, 100% renovable, utilizando desechos como excrementos de cerdos, vacas y otros animales; restos de explotaciones agrícolas y de residuos domésticos o lodos de depuradora. El biogás resultante se puede aprovechar para producir energía térmica y electricidad o ser sometido a un proceso de purificación que genera biometano, un biocombustible que se inyecta en la red por donde circula el gas natural. Por lo tanto, no es necesario construir nuevas tuberías.
De momento, existen 14 plantas de biometano ya lo largo de 2025 se espera que suban a 25, indica AEBIG, la asociación del biogás. Otras 200 se encuentran a la espera de las autorizaciones administrativas, apunta David Fernández, vicepresidente de AEBIG. De biogás hay unas 260. Unas plantas que no deberían generar olores ―el problema que más denuncias vecinales acapara―, siempre que se les exijan “las máximas garantías ambientales y la mejor tecnología disponible”, concreta Fernández.

Los ganaderos muestran la otra cara de la moneda. “No se puede estar en contra de una tecnología que mete desechos, que no sé sabe qué hacer con ellos, en un digestor y saca de ellos energía limpia”, incide Pedro Ismael Martín, agricultor y secretario de Innovación, Formación y Cambio Climático de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), una de las organizaciones que aglutina al sector.
Sin embargo, advierte de que “se deben cumplir los compromisos en cuanto a coordinación, porque no puede ser que aparezcan tres proyectos de plantas en tres kilómetros cuadrados, como ha ocurrido en Burgos”. Y añade que se requiere de una “buena gestión posterior”.
Pablo Alejo, propietario de una granja de 3.000 cerdos, lleva sus purines a la planta de Casasbuenas y lo considera “la mejor solución”. Porque “algo hay que hacer con ellos”. Recuerda que hay lugares en España con tanta presión de granjas que los campos no admiten más purines como fertilizante. En Donvidas (Ávila),el pequeño pueblo de Martín, les suministran desde hace seis meses agua embotellada para beber y cocinar, pues el suministro de la localidad está contaminado por nitratos procedentes de la actividad agropecuaria.
Tener en cuenta al territorio
Xavier Flotats, profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cataluña y especialista en el tratamiento de residuos orgánicos, sobre todo de deyecciones ganaderas, cree que “en líneas generales” las críticas a esta tecnología no están fundadas. Considera que surgen problemas cuando las plantas se sitúan en lugares no adecuados y sin tener en cuenta a las personas que viven en el territorio. Pero también habla de “una reacción a algo que viene nuevo y que está rodeado de circunstancias como la intensificación de la ganadería, que tiene poco de sostenible”.
El modelo agrícola y ganadero desarrollado en España no se ha preocupado de los purines ni de las emisiones de metano ―uno de los principales gases de efecto invernadero― que se producen cuando se almacenan estos desechos en balsas hasta que se pueden echar en los campos como fertilizante. “Suelen estar de media unos cuatro meses”, concreta Flotats.

En otros países europeos, la preocupación por los purines y por no emitir metano comenzó “hace muchos años”. Ahora hay que hacerlo todo “de golpe y porrazo”. Otro de los problemas, según su experiencia, es quién lidera las iniciativas. Cuando son los ganaderos que viven en una zona los que buscan a las empresas “es mucho más difícil que haya contestación social”.
La semana pasada, en Casasbuenas no se percibían los malos olores. Hace un día muy ventoso: “[El viento] Puede haberlos dispersado”, apuntaba el alcalde, “tampoco ocurre todos los días, yo no sé qué hacen”. En la planta, los técnicos aseguran que se cumple escrupulosamente con la normativa: “Es verdad que se trabaja con estiércol y purines, pero estos últimos llegan en cisternas cerradas y se traslada directamente a unos tanques, por lo que el olor no sale”.
Ante el clima de descontento, los responsables de la planta se reunieron con el alcalde este martes y “mostraron su disposición a implementar medidas correctoras”, según se informó desde el Ayuntamiento a los vecinos.
Efluvios en el pueblo de los poetas
En Juzbado, un pequeño municipio de Soria con 183 habitantes conocido como el pueblo de los poetas, la situación es similar. Una planta de biogás, que apoyaron cuando se creó y que funcionó bien durante años hasta que cambió de dueño, les envía ahora sus efluvios. “Huele a rayos”, describe el alcalde Fernando Rubio. Recomienda a los pueblos que “aten muy bien estos proyectos”. Porque “se vende como verde, pero pasa a ser gris cuando se usa el medio rural para lo que no pueden hacer en las inmediaciones de un medio urbano y nos vamos viendo rodeados de macrogranjas y plantas de biogás”.
Nacho Escartín, portavoz de Ecologistas en Acción, sostiene que “todo depende del modelo de implantación”. Lo primero que hay que saber es “si el tamaño de la planta es acorde al volumen de residuo que existe en el territorio”. Lo que no puede ser es que un proyecto ajeno a una zona “te lleve residuos 365 días al año”, incide. No ve inconveniente, si la instalación se plantea en un entorno donde existe una depuradora, se generan residuos ganaderos o es un polígono industrial.
Otra de las cuestiones sin resolver, asegura, es la gestión del digestato, el resto que queda después de producir el biometano. “Es cierto que el producto restante mantiene el nitrógeno, fósforo, potasio, es decir, los elementos fertilizantes de las deyecciones [que contaminan el suelo], que se deben tratar y aprovechar”, responde el profesor Flotats.
Por su parte, Luis Ferreirim, responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace, censura una “falta de planificación estratégica” que mire con perspectiva todos los pormenores y que plantee donde se van a construir estas infraestructuras. Recuerda que Castilla-La Mancha decretó una moratoria para las macrogranjas de porcino, que se levantó “con la justificación de que se tiene la solución para los residuos y ahora ¿vamos a llenar toda la comunidad de plantas de biogás?“
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica explican que España “apuesta claramente” por esta tecnología como una forma de “valorizar residuos, evitar impactos ambientales y reducir las importaciones de gas fósil”. Además de que la Unión Europea planteó su impulso como una forma de eliminar las importaciones desde Rusia; el sector primario necesita una solución para gestionar los residuos que produce.
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