Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han puesto en marcha a primera hora de este jueves un operativo dentro del llamado caso Koldo, en el que se investigan supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, que ha incluido seis detenciones, según confirman distintas fuentes cercanas a las pesquisas. Parte del operativo se ha desarrollado en Valencia, donde efectivos del instituto armado han registrado el domicilio del exministro, en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo por las irregularidades en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia. La Guardia Civil ha tomado declaración como investigada a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, que es quien actualmente vive en el domicilio. De la Torre se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes, añaden fuentes jurídicas. Los delitos que se investigan son tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
El juez Moreno, que abrió este miércoles una pieza secreta tras un informe de la Guardia Civil, autoriza entradas en domicilios de Madrid, Sevilla y Córdoba y pide información a Adif y una constructora
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han puesto en marcha a primera hora de este jueves un operativo dentro del llamado caso Koldo, en el que se investigan supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, que ha incluido seis detenciones, según confirman distintas fuentes cercanas a las pesquisas. Parte del operativo se ha desarrollado en Valencia, donde efectivos del instituto armado están registrando el domicilio del exministro, en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia. La Guardia Civil ha tomado declaración como investigada a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, que es quien actualmente vive en el domicilio. De la Torre se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes, añaden fuentes jurídicas. Los delitos que se investigan son tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Durante el operativo, la UCO también ha realizado registros en Madrid, Sevilla y Córdoba. En esta última ciudad, el foco se centra en un chalet de la Urbanización Carrera del Caballo supuestamente vinculado a Cristian Abel Corvillo Aguilar, un exdirigente local del PSOE en la provincia, cuyo nombre ya había aparecido, junto al de su hermano Rubén, en la causa. Ambos están entre los detenidos, según fuentes cercanas a la investigación. Además, los agentes han hecho un requerimiento de información al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y a la constructora sevillana Grupo Azvi, según han confirmado tanto la entidad pública como la empresa en sendos comunicados. Azvi fue señalado por el empresario Víctor de Aldama, personaje clave en la trama de corrupción, quien en diciembre de 2024 entregó en el Tribunal Supremo 65 documentos relacionados con la supuesta adjudicación irregular de obras a esta empresa, de la que aseguró que sus directivos mantenían “estrechos contactos” tanto con Koldo García como con él mismo. Azvi negó entonces de plano las acusaciones.
La actuación de los agentes se produce después de que este martes el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abriera una nueva pieza separada dentro de la causa iniciada hace tres años, tras recibir ese mismo día un informe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO en el que se apuntaba a la existencia de nuevos amaños de contratos públicos. El magistrado declaraba esta ramificación secreta en una resolución en la que no daba ningún detalle del contenido del documento policial ni del objeto concreto que se investiga en la misma.
En paralelo, el juez Moreno autorizaba a la Guardia Civil a poner el operativo en una resolución en la que, entre otros extremos, daba luz verde a los agentes a acceder y extraer el contenido de cuentas de correo electrónico y de almacenamientos remotos de archivos (tipo cloud); así como a proceder al “aseguramiento de criptoactivos”, en caso de localizarse. El instructor ha dado permiso igualmente a descargar “comunicaciones privadas”; al “clonado” de dispositivos masivos de información y a la intervención de “todo tipo de documentación y efecto, cualquiera que sea su soporte”, vinculada con las pesquisas. Esto incluye, según la orden de la Audiencia Nacional, desde teléfonos móviles a discos duros, pendrives, agendas, cuadernos, facturación telefónica y documentación financiera.
En la misma línea, Moreno permite a la UCO intervenir dinero en efectivo, divisas, bonos, certificados de acciones, joyas o cualquier “otro efecto o material que ponga en evidencia la comisión” de los delitos que se persiguen. Los seis detenidos quedaron a media tarde en libertad tras prestar declaración como investigados ante la Guardia Civil a la espera de que el juez Moreno les cite en la Audiencia Nacional como imputados.
No es la primera vez que la UCO acude al domicilio en Valencia de Ábalos. A comienzos de junio de 2025, los investigadores pasaron casi 10 horas en este piso en busca de pruebas de las supuestas comisiones por amaño de obra pública. Poco después, la causa escalaba y era imputado el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Fruto del registro tanto de la vivienda como de un local propiedad del exministro situado en el mismo edificio, los agentes se hicieron con un total de 38 “evidencias digitales” ―entre ellas, teléfonos móviles, discos duros, memorias externas y una tarjeta SIM de telefonía―, así como cinco libretas y documentación en papel.
Fue entonces cuando el exministro trató de ocultar un disco duro a la UCO, intentando que una mujer, que en aquel momento se encontraba en la vivienda con él, lo sacara oculto entre la ropa. El exministro ya ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La Audiencia Nacional todavía investiga en el marco del caso Koldo todo lo relacionado con el supuesto amaño de obra pública en la etapa en la que él ostentaba la cartera de Transportes.
Otro de los focos de la operación de este miércoles está en Córdoba y, en concreto, en los hermanos Cristian y Rubén Corvillo, ambos arrestados. El primero es un exmilitante socialista y autoproclamado sanchista que tuvo vínculos tanto con Koldo como con el empresario Víctor de Aldama, así como con Ábalos —presumía de ser el hombre del exministro en la provincia—. Según revelan mensajes de WhatsApp que el asesor del exministro, Koldo García, intercambió con el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, este mantuvo tiranteces con Corvillo en abril de 2021: “Sé que eres amigo de Cristian, pero que no se equivoque, que tenga cuidado con lo que habla de mí”, le dijo Cerdán a Koldo.
Corvillo llegó a ser designado como candidato del PSOE a la alcaldía de su pueblo, Peñarroya-Pueblonuevo, en el año 2015, aunque luego la dirección provincial de la formación anuló la lista. En su perfil de la red social X tiene una fotografía junto a Pedro Sánchez, al que durante la campaña para recuperar la secretaria general del PSOE trasladó en varias ocasiones en su automóvil. Su hermano Rubén Corvillo fue cabeza de lista de la formación en las elecciones municipales de Villalobo (Zamora) de 2019.
En uno de sus informes, la UCO aseguraba que Rubén Corvillo, mantenía ”una serie de vinculaciones societarias con [el empresario Víctor de] Aldama”, y establece una relación con la red societaria creada por este último para “ocultar” los millonarios beneficios obtenidos gracias a los contratos bajo sospecha. Los agentes sospechaban que Cristian Corvillo había intermediado para la compra de una casa en la urbanización de La Moraleja en Alcobendas (Madrid), además de en gestiones para comprar en Cádiz el chalet de La Alcaidesa que la trama destinaría a Ábalos como una suerte de pago por el trato de favor en el Ministerio. En sus informes, la Guardia Civil subrayaba la “conexión indirecta” de Aldama con los hermanos Corvillo a través de Koldo García.
Cristian Corvillo declaró como testigo el pasado 3 de septiembre ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional en el llamado caso hidrocaburos, una causa en la que se investiga un multimillonario fraude del IVA en la venta de combustible. Allí reconoció haber tenido reuniones con Ábalos y con Koldo, pero siempre por cuestiones relacionadas con el PSOE, y admitió relaciones con Aldama, aunque aseguró que esos negocios no llegaron a fructificar. Sobre la compra del chalé en la urbanización gaditana de La Alcaidesa para Ábalos, dijo que creía que era una oportunidad de negocio, pero que nunca supo que el cliente final era el ministro.
España en EL PAÍS
