El anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Educación para bajar el número de estudiantes por clase ha superado este viernes una de sus últimas paradas antes de ser remitido al Congreso, donde el Gobierno confía en aprobarlo en un plazo de tres meses para que pueda empezar a aplicarse de forma escalonada desde septiembre. La ministra, Milagros Tolón, ha presentado el proyecto a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. Las autonomías del PP han exigido que el Ejecutivo aporte fondos extra para financiar una medida que tendrán que aplicar los territorios, y varias han pedido paralizar el inicio de su aplicación o ampliar los plazos para llevarla a cabo.
La ministra Tolón afirma que el Gobierno está abierto a enriquecer el proyecto, pero que mantendrá el calendario. La Conferencia Sectorial acuerda crear un grupo de trabajo sobre el proyecto de ley
El anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Educación para bajar el número de estudiantes por clase ha superado este viernes una de sus últimas paradas antes de ser remitido al Congreso, donde el Gobierno confía en aprobarlo en un plazo de tres meses para que pueda empezar a aplicarse de forma escalonada desde septiembre. La ministra, Milagros Tolón, ha presentado el proyecto a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. Las autonomías del PP han exigido que el Ejecutivo aporte fondos extra para financiar una medida que tendrán que aplicar los territorios, y varias han pedido paralizar el inicio de su aplicación o ampliar los plazos para llevarla a cabo.
La nueva ministra ha asegurado que el Gobierno está abierto a escuchar y a “enriquecer” el texto hasta que sea aprobado en el Congreso. Pero ha añadido que su esencia se mantendrá “como está planificado”. Se trata, ha dicho, “de una demanda muy querida y muy esperada por el profesorado”, reclamada por el conjunto “de la comunidad educativa”.
El acuerdo alcanzado por consenso ha consistido en la constitución de un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial que trabajará en paralelo a la tramitación de la ley, y podrá hacer aportaciones al texto, sin implicar una ralentización del proceso. “Los análisis del grupo de trabajo se incorporarán al anteproyecto de ley”, ha señalado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.
Tolón también ha afirmado que la ley contará con una memoria económica que recogerá el impacto económico de la medida, aunque sin comprometerse a la financiación adicional que reclaman las autonomías. La ministra ha recordado la gran cantidad de fondos que el Gobierno ha transferido a las comunidades autónomas en los últimos años para objetivos como la ampliación de plazas de Educación Infantil y FP, así como en programas para la mejora del rendimiento educativo como PROA+.
El anteproyecto para la bajada de ratio, que el ministerio negoció con los sindicatos de enseñanza, contempla una reducción del número máximo de alumnos por clase de 25 a 22 en Primaria y de 30 a 25 en la ESO. Y el compromiso de aprobar, en seis meses desde la aprobación de la ley, un decreto con los descensos en otros estudios (segundo ciclo de Infantil, FP Básica y Bachillerato). Prevé, además, que el alumnado con discapacidad pase a contar doble a efecto de calcular la ratio. Esto último empezaría a aplicarse desde septiembre. Y el resto de bajadas se implantarían desde el curso siguiente, el 2027-2028 en Infantil y Primaria (empezando por el primer nivel de cada etapa y ascendiendo a partir de ahí), y en el 2028-2029 en la ESO. Para el curso 2031/2032 debería estar en vigor en todos los cursos.
Las comunidades autónomas parten de situaciones diferentes. Buena parte de los territorios ya han emprendido, al menos en algunas etapas, reducciones de las ratios aprovechando el descenso de la natalidad. Aunque en 11 de ellas, según un informe del sindicato STES, la ratio máxima en Primaria sigue estando en 25. Y varias autonomías, incluidas las que suman casi tres cuartas partes del alumnado (Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana), mantienen el tope de 35 estudiantes por clase en Bachillerato. La situación de las instalaciones escolares ―una de las consecuencias de bajar la ratio es que hacen falta más aulas― también es dispar. La caída demográfica hace que los centros educativos dispongan cada vez de más espacio, pero en algunas zonas y comunidades autónomas la situación sigue siendo compleja. Uno de estos lugares es Baleares ―por una combinación de falta de suelo y ausencia de previsión durante los ejecutivos regionales del PP―, que ha reclamado fondos específicos para esta cuestión.
El ministerio barajó varias fórmulas para reducir el número de estudiantes y finalmente se decantó por la ley. Un camino más complejo, ya que el Gobierno pelea en cada votación para reunir los apoyos necesarios. Pero es el único camino que permite blindar los descensos tanto de la ratio como del máximo de horas de clase del profesorado (18 en Secundaria y 23 en Infantil y Primaria), la otra medida que incluye la ley.
El Ejecutivo cree que la popularidad de ambas medidas, que beneficiarán a más de 700.000 profesores de la enseñanza pública y concertada, dificulta que los grupos tumben la iniciativa en el Congreso. Y el hecho de que en el Consejo Escolar del Estado el anteproyecto saliera adelante sin oposición, y que este viernes se hayan formulado objeciones a los plazos y reclamado fondos para ejecutarlas, pero no haya habido un rechazo al fondo de la cuestión, parecen reforzar sus posibilidades.
La prensa le ha preguntado a la ministra antes de entrar en la reunión qué opinaba sobre el informe de EsadeEcPol, publicado este miércoles, que concluye que la bajada de ratios no conlleva una mejora en los aprendizajes, aunque sí tiene otros efectos positivos, como un aumento del bienestar del profesorado y de la satisfacción de las familias. Tolón ha afirmado que, para el alumnado, “no es lo mismo estar en un aula masificada que estar en un aula donde pueda ser atendido dignamente por parte del profesorado”. Y ha añadido que, en todo caso, “el hecho de que el profesorado esté mejor” también es importante, y “repercute muy favorablemente en el alumnado y las familias”.
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