EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes entrega un informe a las Cortes catalanas y al Síndic de Greuges sobre varios pederastas que la orden trasladó desde España como misioneros
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, la asociación de víctimas de pederastia, cuyos casos fueron destapados por EL PAÍS en 2023, ha entregado este miércoles un informe al parlamento catalán y al defensor del pueblo para que investiguen cómo la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús encubrió a sus agresores, la mayoría de origen catalán, desde los años 70 hasta la actualidad. “Se exige al Síndic y al Parlament de Catalunya una respuesta institucional ante el mayor caso de pederastia de América Latina, con origen en Cataluña. Las investigaciones acreditan una veintena de abusadores jesuitas y alrededor de mil víctimas en Bolivia; además de centenares en Cataluña, donde la propia Compañía reconoce 145 casos y 44 agresores”, afirma la asociación en un comunicado. El Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) puso en marcha en 2020 una “comisión de abusos sexuales a menores en el entorno eclesiástico” para, entre otras cuestiones, recibir denuncias de víctimas y abrir procesos de reparación.
El escándalo de abusos eclesiales en la Iglesia boliviana estalló después de que este periódico publicara una investigación sobre el diario del misionero español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, en el que admitía haber abusado de al menos 85 niños durante tres décadas en varios colegios del país latinoamericano y cómo sus superiores le protegieron. El caso provocó que la Fiscalía boliviana abriera una investigación sin precedentes contra la institución religiosa: se registraron los archivos de los jesuitas y, finalmente, dos de los altos cargos de la orden, de origen español, fueron procesados por encubrimiento: Ramón Alaix y Marcos Recolons.
A Pedrajas le siguieron otros casos, también destapados por EL PAÍS, en los que se revelaba que los jesuitas españoles ―con la protección de sus superiores en España, Bolivia y Roma― abusaron de menores durante su trabajo como misioneros. Algunos de ellos, de hecho, habían sido trasladados desde Barcelona tras recibir denuncias en colegios de la orden. Francesc Peris, aún vivo, es uno de ellos. Pero también figuran los nombres de Luis Tó, Lucho Romo o Jorge Vila, entre otros. “Cataluña debe saber que lo que aquí se investiga no son casos aislados, sino el origen del mayor caso de pederastia institucional de América Latina. El silencio de la Iglesia y la negativa de los jesuitas catalanes a cualquier proceso restaurativo exigen una respuesta jurídica y política de las instituciones catalanas al pueblo boliviano”, ha declarado Klock Varas, abogado de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.
En el informe, al que ha tenido acceso este periódico, la asociación ha resumido todos los casos que, durante los últimos tres años ha recopilado, apoyados por testimonios de afectados y por la documentación interna de la orden (cartas, resoluciones canónicas, circulares…) que salió a la luz gracias a la prensa y que demuestran que la Compañía en Bolivia tuvo conocimiento de los abusos desde hace décadas y que recibió directrices desde España y Roma para ocultarlos. El encubrimiento de algunos de esos casos se ha alargado hasta 2025, como el Lucho Roma.
Este pederasta, fallecido en 2019, agredió sexualmente a más de 70 niñas indígenas de Charagua entre 1994 y 2005 mientras era misionero de la Compañía de Jesús. Lucho Roma, además, fotografiaba a sus víctimas y, como Pedrajas, describía sus abusos en un diario. Los jesuitas conocieron este caso hace siete años por una denuncia interna, abrieron una investigación y requisaron tanto las fotos como su diario, que bautizaron como Los Manuscritos de Charagua. Roma confesó sus crímenes, pero falleció poco después. La orden, entonces, decidió meter en un cajón los resultados de sus pesquisas, sin reparar a las víctimas.
El caso vio la luz en 2024, a través de otra investigación de EL PAÍS, que publicó manuscritos, el sumario de la investigación interna y el testimonio de algunas de las víctimas. También una carta en la que un alto cargo de la orden en Roma ordenó en 2020 a los superiores en Bolivia que guardasen tanto la investigación como los manuscritos en un cajón. La Fiscalía boliviana anunció hace dos años que abriría una investigación, pero, de momento, esta no ha avanzado. “A la fecha de elaboración de este informe, los responsables aún vivos de la Provincia Tarraconense que viven en España, entre ellos los provinciales que gobernaron durante el período de los traslados sistemáticos, no han respondido penal ni legalmente por los hechos”, subrayan los afectados.
El informe de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes también describe la pasividad de la Iglesia para reparar a las víctimas, a pesar de que sus casos han sido admitidos por la orden. En el documento relatan que han pedido amparo al tribunal canónico de Cataluña, dirigido por el juez eclesiástico Santiago Bueno, y a un cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el sacerdote Jordi Bartomeu. Pero no han recibido respuesta. “Resulta imperativo que el Síndic de Greuges de Catalunya y el Parlament de Catalunya requieran formalmente a Jordi Bertomeu Farnós, en su condición de autoridad eclesiástica con residencia en Cataluña, para que explique las razones de su silencio, informe sobre las actuaciones canónicas que haya impulsado o dejado de impulsar, y colabore con las investigaciones civiles aportando la documentación que obra en su poder”, solicita la asociación de afectados en el informe.
Los afectados pretenden demostrar a través de este informe que “la Provincia Tarraconense ejerció no sólo un control administrativo, sino también jerárquico, financiero y de absoluta dominación a todos los niveles de la misión en Bolivia” y espera que, con su reclamación, se abra “una línea específica para investigar la arista internacional del caso como violaciones sistemáticas de derechos humanos y de la infancia, abordando la responsabilidad penal internacional de la Compañía de Jesús de Cataluña”.
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