La hipoteca de hogar media en España en 2024 fue de 710 euros, según un estudio de Tecnocasa, cuando cursar estudios fuera en una gran ciudad cuesta más. Matricularse en un grado o máster lejos de casa se ha convertido, por tanto, en un verdadero problema para casi todas las familias. Los alquileres turísticos le restan opciones a los alumnos en cada vez más ciudades y las residencias, también caras, son muy minoritarias y pasarán años hasta que se construyan más. Como muestra, la cola retratada por la agencia Efe el pasado jueves de padres y alumnos desde las tres de la madrugada a las puertas de una inmobiliaria de Santiago debido a la falta de vivienda en la capital gallega para los estudiantes.
La clase media se arruina abonando el alquiler, porque hay pocas plazas en residencias, apenas hay dinero para construir nuevas y lastra la burocracia
La hipoteca de hogar media en España en 2024 fue de 710 euros, según un estudio de Tecnocasa, cuando cursar estudios fuera en una gran ciudad cuesta más. Matricularse en un grado o máster lejos de casa se ha convertido, por tanto, en un verdadero problema para casi todas las familias. Los alquileres turísticos le restan opciones a los alumnos en cada vez más ciudades y las residencias, también caras, son muy minoritarias y pasarán años hasta que se construyan más. Como muestra, la cola retratada por la agencia Efe el pasado jueves de padres y alumnos desde las tres de la madrugada a las puertas de una inmobiliaria de Santiago debido a la falta de vivienda en la capital gallega para los estudiantes.
El Gobierno de España planea cambiar el sistema de becas en España, pues los umbrales son tan bajos que tienes que pertenecer a una familia de muy pocos recursos para recibir más prestación que la gratuidad de matrícula: por ejemplo, no superar la renta de una familia de cuatro miembros los 22.000 euros al año para optar a las ayudas más ventajosas. Y la realidad muestra que la clase media, que antes ahorraba un poco cada año para mandar a su hijo a estudiar fuera ―por falta de universidad en la localidad o para cursar un grado con oferta en pocos sitios―, tiene unos enormes problemas ahora para afrontar un gasto desproporcionado por el alojamiento.
“El problema de la subida de precios, en particular la residencias, preocupa a los rectores en la medida en que pueda afectar a la igualdad de oportunidades, sobre todo de los estudiantes con menos recursos económicos”, remarca el de Almería, José Céspedes, que toma ahora los mandos de la Comisión de Asuntos estudiantiles en la conferencia de rectores (CRUE). El órgano se plantea crear un subgrupo que estudie la situación “habida cuenta de la diversidad de casuísticas que se dan en los alojamientos para estudiantes”.
“En cuanto a la movilidad de los estudiantes por perfil familiar, se aprecia una mayor proporción de alumnos que se desplazan a otras provincias entre los que tienen progenitores con ocupaciones altas (65,3%) y/o con estudios superiores (61,9%)”, se subraya en el estudio Perfil socioeconómico del estudiantado universitario en España, publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en 2024. Estos datos corresponden a un grupo de observación de 11.000 alumnos de zonas con poca oferta universitaria, lo que provoca que se desplacen. “En los perfiles familiares medios o bajos se incrementa la proporción de alumnos con becas [pueden ser solo de matrícula], llegando hasta el punto máximo de las familias con ocupaciones bajas (70,5%) y sin estudios superiores (65,9%)”.
La reforma del decreto de creación de universidades, que pretende aprobarse en Consejo de Ministros en pocas semanas, obligará a las nuevas instituciones ―todas privadas, no se abre un centro público desde 1998― a “disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de enseñanzas de grado previstas en la memoria para el cuarto año de su funcionamiento”.
“La crisis de la vivienda está afectando también al derecho a estudiar una carrera universitaria, un paso clave para el progreso individual y colectivo”, admitió la ministra Diana Morant el pasado año en un acto en el que firmó un protocolo con los ministerios de Vivienda y Economía para promocionar los alquileres bajos para estudiantes. Basta por ver si se concreta en alguna medida práctica. “El acceso a la universidad solo debería estar limitado por el mérito y el esfuerzo de las personas, no por cuestiones económicas ni por el afán especulativo de quienes mercadean con derechos básicos como la vivienda o la educación”, añadió.
“El tema de las tasas no es un gran inconveniente para poder estudiar en la Universidad. ¿Cuál empieza a ser el elemento limitante para poder estudiar la Universidad pública? En algunas ciudades, ya lo es el precio de las casas de alquiler», razona Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cada vez en más comunidades ―Andalucía, Extremadura y en septiembre empieza a implantarse en Asturias y Castilla-La Mancha― el alumno que va aprobando, aunque no tenga la beca del Estado, no paga la matrícula. Además, el que era ministro en 2020, Manuel Castells, consiguió acordar con los partidos una bajada de las tarifas de grado a los niveles de 2012, antes del conocido como tasazo impuesto por su homólogo del PP José Ignacio Wert.
Pedro Fernández Salguero, rector de la Universidad de Extremadura, coincide con Garde: “La matrícula ya no es el problema. Nosotros, quizás con un poco de retraso, empezamos a tener el del alojamiento, sobre todo en dos de las siete sedes: en Mérida y Cáceres hay muchísima disponibilidad de alojamiento que se está utilizando para turismo, y eso hace que los precios para los estudiantes hayan subido muchísimo. Ya me han pedido que hagamos una residencia universitaria y se está negociando con la comunidad autónoma”.
“Y luego hay peculiaridades de cada región. En el caso de Castilla-La Mancha, que es una comunidad autónoma extensa, representan el 62% los estudiantes que tenemos de fuera de la región y los que tienen su residencia familiar a más de 125 kilómetros de donde estudian y son susceptibles de necesitar una residencia. Es una barbaridad”, señala Garde. “En Extremadura andamos por ahí, quizás incluso peor”, añade Fernández Salguero.
“Hay que ser imaginativos, buscar iniciativas público-privadas para construir en los campus las residencias”, argumentaba la presidenta de los rectores, Eva Alcón, en una entrevista en este diario. “Pero no nos equivoquemos y construyamos residencias que cuesten 1.500 euros al mes. Tiene que haber una apuesta con visión social para que todo el mundo pueda acceder”.
Pero construir una residencia pública o un colegio mayor (obligados a dar una formación cultural a los inscritos) es una odisea. “Ahí tenemos otro problema. Nosotros [la pública] estamos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público. Esto es una pesadilla”, se suma el rector de la Universidad de Islas Baleares Jaume Carot, una comunidad con un descomunal problema con el alojamiento por el turismo masivo, su principal fuente de riqueza.
“Tú quieres construir una residencia, perfecto. La comunidad autónoma dice, yo te la financio. Fantástico. Pero ahora tú tienes que licitar el proyecto, y cuando esté, licita la construcción. Y esto son años”, explica Carot. Un peregrinar por Administraciones que se puede eternizar con cualquier infraestructura, un nuevo auditorio o un laboratorio. “Todo se complica. No es solo cuestión de tiempo, sino también de energía y de recursos humanos dedicados a esto”.
“La falta de alojamiento es una realidad palmaria. Tenemos 2.000 peticiones de plaza en residencia para 1.000 plazas”, describe la situación Ángel Arias, rector de la Universidad Carlos III, enclavada en varias localidades del sur de Madrid (Getafe, Leganés y Colmenarejo). Pero edificar se antoja difícil con un presupuesto muy menguado: “Construir un edificio son 25 millones de euros si tienes el suelo. Es el 10% de todo el presupuesto de la universidad”.
Una localidad pequeña y algo aislada no es sinónimo de barata. El ejemplo es Soria, donde la Universidad de Valladolid tiene una residencia con 62 plazas que no tardan en llenarse. Por el “por si acaso”. Hay 4.000 pisos vacíos porque vecinos de la provincia tienen una segunda casa en la capital para venir al médico o de visita. Eso encarece los precios. No ha funcionado el intento de la UVA de que personas mayores compartan piso con universitarios.
Otra barrera para los estudiantes de la red pública es la proliferación de campus privados. Sus alumnos suelen tener un mayor presupuesto para el alojamiento y a la hora de competir pueden ofrecer más dinero. La preocupación se concentra sobre todo en el grado, porque son cuatro cursos y lo ahorros no pueden estirarse tanto. Las familias, sin embargo, encaran de otra forma más optimista el estudio de un máster: dura como máximo dos años y, si todo va bien, el hijo empezará a trabajar.
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