El malestar que arrastra el colectivo de trabajadores públicos porque sus salarios sigan sin revalorizarse un 0,5% de manera retroactiva desde enero de 2024, el último fleco pendiente de ejecución del finalizado Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI para el periodo 2022-2024, junto con que el Gobierno no haya convocado la mesa de negociación para definir una nueva senda de incrementos a pesar del buen comportamiento de la economía, ha llevado a plantarse a dos de los tres sindicatos con mayor representación en el sector público, CSIF y CC OO. Ambas centrales han decidido sacar sus reivindicaciones a la calle y han anunciado protestas contra los Ministerios de Función Pública y de Hacienda, los dos departamentos que deben impulsar su aprobación.
Pese a las movilizaciones convocadas por CSIF y CC OO para reclamar el alza pendiente del 0,5% y una nueva senda plurianual, el Gobierno sigue sin mover ficha
El malestar que arrastra el colectivo de trabajadores públicos porque sus salarios sigan sin revalorizarse un 0,5% de manera retroactiva desde enero de 2024, el último fleco pendiente de ejecución del finalizado Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI para el periodo 2022-2024, junto con que el Gobierno no haya convocado la mesa de negociación para definir una nueva senda de incrementos a pesar del buen comportamiento de la economía, ha llevado a plantarse a dos de los tres sindicatos con mayor representación en el sector público, CSIF y CC OO. Ambas centrales han decidido sacar sus reivindicaciones a la calle y han anunciado protestas contra los Ministerios de Función Pública y de Hacienda, los dos departamentos que deben impulsar su aprobación.
A la primera movilización ante la sede de Hacienda en Madrid programada para este miércoles por CSIF se sumará, el próximo 8 de abril, una segunda convocada por CC OO, que amenaza con prolongar el calendario de protestas si el Gobierno no traslada la subida cuanto antes al Consejo de Ministros. Un portavoz de Función Pública rechaza valorar los reproches sindicales, y no informa de si trabajan en un calendario que permita ejecutar la subida pendiente próximamente o incluso antes de verano, ni aporta información sobre cuándo tiene previsto el Ministerio reunir a la mesa de diálogo. Desde Hacienda se limitan a señalar que los empleados públicos “son competencia” del departamento que dirige Óscar López ―pese a que este Ministerio es responsable de la aprobación de sus remuneraciones―, y reconoce que las centrales “están en su derecho de manifestarse”.
La paciencia de los sindicatos ha llegado a su límite cuando el primer trimestre de 2025 está a punto de cumplirse, y la posición de Función Pública sigue sin alterarse, ni siquiera en lo referente a la subida pendiente del 0,5%, que había sido acordada por el Gobierno con los sindicatos ―solo UGT y CC OO firmaron a favor mientras que CSIF se quedó fuera alegando que no corregía la pérdida de poder adquisitivo que arrastraban los trabajadores públicos en los últimos años―, y que incorporaba una cláusula de corrección ligada al comportamiento del IPC. Un bloqueo para el que las tres centrales consideran que no hay excusa, y ante el que no están dispuestas a esperar más.
“Estamos prácticamente en abril, y los más de tres millones de empleados públicos que hay no saben cuánto van a cobrar este año. No puede ser que nos dejen para el final”, denuncian desde CSIF, que advierte de que las movilizaciones continuarán y se ampliarán en las próximas semanas frente a las Delegaciones y Subdelegaciones del Ejecutivo en toda España. “Denunciamos que los empleados públicos están abandonados por el Gobierno”, alertan.
El problema latente para la no aplicación de la subida pendiente del 0,5% ―a la que se le supone un coste estimado para el Estado de 700 millones de euros―, y principal temor a favor del enquistamiento de la parálisis, tiene que ver, en opinión de los sindicatos con la debilidad parlamentaria del Gobierno. Las dificultades que arrastra la coalición entre PSOE y Sumar para lograr apoyos del resto de formaciones y, especialmente, en lo que tiene que ver con el proyecto de los nuevos presupuestos generales del Estado, ha llevado, denuncian las centrales, a que se haya metido en un cajón la demanda del colectivo de trabajadores públicos.
Razones políticas
“No hace falta esperar a los Presupuestos. El Gobierno tiene otros mecanismos para poder sacar esto adelante”, reclamó este martes Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública y secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. “Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que no dejen a un lado los derechos que tienen los trabajadores públicos por razones políticas internas”, se sumó el lunes Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos. “La división que existe por parte del Gobierno con Sumar o con Podemos a cuenta del incremento del presupuesto en Defensa son temas que no ayudan”, completan desde CSIF.
La última vez que desde el Ministerio Función Pública se refirieron a la aplicación de la subida pendiente del 0,5% fue en diciembre del año pasado, cuando reconocieron a los sindicatos a que esta se llevaría a cabo de manera “inminente”. Sin embargo, casi cuatro meses después todavía sigue pendiente de que se produzca.
El Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado por el Gobierno y los sindicatos en octubre de 2022 contemplaba una subida adicional del 1,5% para ese año (que se sumaba al 2% que ya se aplicó a comienzos de curso); del 2,5% para 2023 (que se incrementó en un 0,5% adicional posteriormente); y del 2% para 2024, con posibilidad de elevarse un 0,5% si el IPC armonizado del periodo 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado para los tres citados años, algo que terminó sucediendo.
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