Souleyman y su mujer, Fátima, viven en un pequeño cortijo en el campo de Níjar (Almería, 33.076 habitantes) con sus dos hijos, de tres y seis años. Es un viejo inmueble rodeado del plástico de los invernaderos donde él trabaja, dentro de la finca de su jefe. Solo pagan los suministros, pero a cambio el hombre ejerce de guardia de seguridad más allá de su jornada laboral diaria, además de realizar pequeñas labores a cualquier hora. “Al final, no hay descanso”, asegura. Lo que más le preocupa, sin embargo, es el día a día de sus niños, sin vecinos cerca ni sitios donde jugar. “Todo es polvo. Estás en el campo, pero casi encerrados”, asegura. “Queremos irnos, buscar un apartamento, algo, pero no hay: aunque tengas papeles, aunque trabajes, no importa, quedas fuera”, lamenta.
“Abusos de los derechos humanos”
Entre los asentamientos repartidos por la comarca de Níjar donde viven los migrantes, el de Atochares es el mayor. En sus chabolas, construidas en su mayoría con palés y plásticos de los invernaderos, residen unas 600 personas. La pasada Semana Santa la empresa Emanagua, que abastece al municipio almeriense, cortó tres de las cuatro fuentes del poblado. Sus habitantes se vieron obligados entonces a desplazarse a diario al único punto de agua que quedó, junto a la carretera. En abril, sin embargo, un grupo de activistas instaló nuevas tuberías para que los surtidores del interior del campamento volvieran a funcionar. “Ahora creemos que están pensando otra vez en cortarla”, alertan fuentes del tercer sector, que señalan de la relevancia que tiene para estas personas el abastecimiento de agua potable. “Imagina recoger frutas y verduras todo el día bajo el intenso calor del Mediterráneo y no tener acceso a agua potable”, advierten desde la ONG británica Ethical Consumer, que estos días ha denunciado los “abusos de los derechos humanos” existentes en las cadenas de suministros que, desde Almería, surten a los supermercados del Reino Unido como Tesco, Sainsbury’s, The Co-op o Waitrose.
Además de los asentamientos donde se hacinan los temporeros, unas 1.400 personas, 500 de ellas menores, habitan en viviendas aisladas entre los plásticos de Níjar
Souleyman y su mujer, Fátima, viven en un pequeño cortijo en el campo de Níjar (Almería, 33.076 habitantes) con sus dos hijos, de tres y seis años. Es un viejo inmueble rodeado del plástico de los invernaderos donde él trabaja, dentro de la finca de su jefe. Solo pagan los suministros, pero a cambio el hombre ejerce de guardia de seguridad más allá de su jornada laboral diaria, además de realizar pequeñas labores a cualquier hora. “Al final, no hay descanso”, asegura. Lo que más le preocupa, sin embargo, es el día a día de sus niños, sin vecinos cerca ni sitios donde jugar. “Todo es polvo. Estás en el campo, pero casi encerrados”, asegura. “Queremos irnos, buscar un apartamento, algo, pero no hay: aunque tengas papeles, aunque trabajes, no importa, quedas fuera”, lamenta.
El día a día de esta pareja marroquí, en situación administrativa regular y con contrato, que ella también tuvo mientras trabajaba en un almacén hasta que llegaron sus embarazos, es parte de lo que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) define como una realidad “profundamente invisibilizada” en el municipio de Níjar. Es la que viven quienes residen en edificaciones dispersas, muchas veces deterioradas, excluidas de los registros oficiales y de los sistemas de protección oficial, lo que dificulta su acceso a derechos básicos. “Una infravivienda silenciosa, desarticulada, diseminada… y, sin embargo, extensa, grave y estructural”, destaca un novedoso informe —titulado La infravivienda invisibilizada. Aproximación al chabolismo disperso en los diseminados del campo de Níjar— impulsado por esta entidad religiosa, que recoge el testimonio de Souleyman y Fátima, pero también de otros protagonistas.
No son pocos: el estudio afirma que, solo en el territorio nijareño, alrededor de 1.400 personas que viven casi medio millar de estos alojamientos precarios. Una situación de exclusión habitacional que incluye 480 menores, casi la mitad por debajo de los 14 años. A ellas se suman las 1.600 personas alojadas en asentamientos chabolistas de la zona, según los datos de Andalucía Acoge. Son quienes poco a poco están siendo desalojados a la fuerza por el Ayuntamiento de Níjar sin ofrecer alternativas habitacionales para los migrantes. De hecho, las 72 casas prometidas hace dos años y medio aún permanecen cerradas y sin fecha de apertura, según ha confirmado la concejal de Servicios Sociales, Ángeles Góngora.
“Hasta ahora, siempre se ha centrado la atención en esos campamentos. Sin embargo, hay una población importante que vive aislada y, a veces, en peores condiciones”, apunta Daniel Izuzquiza, responsable del SJM en la provincia de Almería. Él es uno de los que se ha pateado, metro a metro, cuatro polígonos catastrales del término municipal de Níjar para conocer en detalle la realidad de estas infraviviendas y, a partir de ahí, extrapolar las cifras con apoyo de especialistas. La observación directa ha sido cruzada con datos oficiales para dibujar la situación de unas infraviviendas que casi siempre —en un 75% de los casos— no aparecen en el catastro. La labor ha permitido igualmente describir la tipología de los inmuebles donde viven los migrantes, que va desde cortijos abandonados a casetas de aperos, almacenes y remolques a “otras edificaciones insalubres que, lejos de cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad, son utilizadas como lugares de residencia”, según subraya el informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, que recoge que sus habitantes no suelen estar empadronados —solo un tercio de ellos— en general por las dificultades que impone el Ayuntamiento de Níjar, según han denunciado en repetidas ocasiones numerosas entidades sociales.
“Una situación estructural”
La inmensa mayoría de estos vecinos trabajan en la agricultura intensiva. “La infravivienda en Níjar no es una disfunción, sino la atroz consecuencia de un modelo económico que necesita personas disponibles, que son imprescindibles al sistema, pero se les quiere silenciados, invisibles”, critica Ángeles Arjona, directora del Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales de la Universidad de Almería, en el informe. Uno de estos habitantes invisibles es c, maliense que lleva algo más de un año en España. Vive en un cuartucho pegado al almacén del invernadero donde trabaja, sin agua potable y con una electricidad que va y viene. “Hay semanas que solo tenemos luz dos o tres días”, explica. “Es pequeño, pero no tengo otro sitio”, asegura quien paga 65 euros al mes por esta habitación y cobra cinco euros por cada hora de trabajo bajo el plástico. “Los morenos solo estamos para trabajar”, recalca.
“Las condiciones son muy variadas. A veces son mejores y otras peores, pero todas tienen un elemento común grave: el aislamiento”, añade Izuzquiza. Los desplazamientos a por agua, por alimentos y las dificultades para identificar el lugar ante una emergencia o llamar a una ambulancia son algunos de los aspectos que advierte el jesuita, que también piensa en los menores. “Criarse en ese contexto, lejos de todo, es un gran problema”, insiste. “Se trata de una situación estructural, no puntual ni marginal, que afecta a cientos de personas y vulnera derechos humanos básicos” como consecuencia, entre otros aspectos, del déficit estructural de vivienda en la comarca.
Ahora, el SJM cree que es importante “abrir un debate público” a partir de nuevos estudios que mejoren este, convertido en un primer paso para empezar un camino que se prevé largo. “Nos gustaría que se trabajase más esta situación, que las entidades sociales intervinieran más, que los centros de investigación se acerquen a esta realidad y las administraciones la tengan en cuenta en sus planes. Es un problema ramificado y diverso que, aunque tiene sus dificultades, necesita de la confluencia de distintos actores para buscar una solución”, sostiene Izuzquiza, que pide tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Níjar que lideren la solución con el apoyo de la patronal y las propias ONG que trabajan en la comarca. “No podemos seguir ignorando que muchas personas residen en condiciones de precariedad extrema en espacios abandonados alejados de todo”, concluye Beatriz González, profesora del departamento de Geografía Humana de la Universidad de Almería.
“Abusos de los derechos humanos”
Entre los asentamientos repartidos por la comarca de Níjar donde viven los migrantes, el de Atochares es el mayor. En sus chabolas, construidas en su mayoría con palés y plásticos de los invernaderos, residen unas 600 personas. La pasada Semana Santa la empresa Emanagua, que abastece al municipio almeriense, cortó tres de las cuatro fuentes del poblado. Sus habitantes se vieron obligados entonces a desplazarse a diario al único punto de agua que quedó, junto a la carretera. En abril, sin embargo, un grupo de activistas instaló nuevas tuberías para que los surtidores del interior del campamento volvieran a funcionar. “Ahora creemos que están pensando otra vez en cortarla”, alertan fuentes del tercer sector, que señalan de la relevancia que tiene para estas personas el abastecimiento de agua potable. “Imagina recoger frutas y verduras todo el día bajo el intenso calor del Mediterráneo y no tener acceso a agua potable”, advierten desde la ONG británica Ethical Consumer, que estos días ha denunciado los “abusos de los derechos humanos” existentes en las cadenas de suministros que, desde Almería, surten a los supermercados del Reino Unido como Tesco, Sainsbury’s, The Co-op o Waitrose.
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