El fiscal de menores Manuel Pedreira, de 53 años y nacido en Vitoria, hace autocrítica sobre la falta de preparación de las familias —él tiene una hija— para proteger a los menores de los riesgos de Internet. “Tenemos conocimientos, pero nos falta cultura y formación digital”, admite en una entrevista telefónica con este periódico desde su despacho, en el Palacio de la Justicia de Vitoria. Cree que la creciente exposición de los menores a las redes sociales conlleva peligros como la cesión de su derecho a la intimidad, en un momento en el que les falta madurez para gestionar esa información personal tan valiosa.
El fiscal considera que uno de los factores más importantes para que prospere una denuncia por delitos tecnológicos es que se presente de forma inmediata para poder realizar la trazabilidad
El fiscal de menores Manuel Pedreira, de 53 años y nacido en Vitoria, hace autocrítica sobre la falta de preparación de las familias —él tiene una hija— para proteger a los menores de los riesgos de Internet. “Tenemos conocimientos, pero nos falta cultura y formación digital”, admite en una entrevista telefónica con este periódico desde su despacho, en el Palacio de la Justicia de Vitoria. Cree que la creciente exposición de los menores a las redes sociales conlleva peligros como la cesión de su derecho a la intimidad, en un momento en el que les falta madurez para gestionar esa información personal tan valiosa.
Pedreira, que habla de un repunte en el número de delitos cometidos por menores de edad en el universo digital, considera que falta concienciación sobre las consecuencias, y que igual que los jóvenes entienden que si rompen una farola en un acto de vandalismo sus padres tendrán que responder civilmente pagando los desperfectos causados, hay que ofrecer mucha pedagogía sobre las cuestiones que trascienden los actos físicos.
Pregunta. ¿Qué están haciendo los menores en Internet que pueda constituir un delito o infringir la ley?
Respuesta. Hace 20 años cuando un menor quería amenazar a otro, escribía un anónimo y se lo ponía en la mesa del colegio, o en el buzón. Ahora tiene las redes sociales para poder hacerlo. En estas plataformas se están cometiendo delitos contra la libertad, contra la integridad moral, y se están usando para amenazar o coaccionar a otros. Me refiero a conductas como llamar a alguien por teléfono 50 veces durante una noche simplemente con el ánimo de molestarla, o de interrumpir su sueño. Estamos viendo también delitos de extorsión, a través del uso de la violencia o amenazas se pretende que el otro menor haga entrega de una cantidad de dinero. También delitos dentro de un ámbito tan delicado como la libertad sexual, o bien a través del grooming (adultos que se hacen pasar por menores), o menores que se acercan a otros. Por ejemplo, un adolescente de 17 años que intenta aproximarse a otro de 11 a través de las redes sociales para ganarse su confianza y después obtener favores de naturaleza sexual. Estamos viendo delitos de ciberacoso o ciberbullying, donde todo pasa a estar más oculto, más tapado, y hay más dificultad para la averiguación de los hechos. O sextorsión, donde previamente se han obtenido imágenes delicadas enviadas de manera voluntaria y después se utilizan para conseguir nuevas imágenes o encuentros de naturaleza sexual bajo la amenaza de difundirlas. La conciencia que tienen los menores sobre su privacidad, sobre lo íntimo, ha sufrido un proceso de distorsión. Esos umbrales de depositar tu confianza en una persona que no conoces está generando todos estos escenarios.
P. ¿Existe un perfil tipo de agresor y de víctima entre los menores?
R. Son perfiles diversos. Hay factores que pueden influir, como dinámicas inadecuadas en casa que pueden derivar en delitos dentro del ámbito familiar. Encontramos situaciones de fracaso escolar, dificultades en la construcción de la persona o del propio desarrollo que influyen. Las víctimas en las redes pasan a ser más vulnerables, y los agresores obtienen perfiles de impunidad porque generan cuentas de correo con identidades falsas para evitar la trazabilidad. En el caso de las víctimas, hemos detectado que muchas veces son menores que se han expuesto a redes sociales de forma prematura y se relacionan con personas que no conocen.
P. ¿Cree que las familias son conscientes de que el hecho de que su hijo comparta una imagen falsa de carácter sexual de otro menor (los llamados deepfakes) supone un delito?
R. Todos sabemos que si golpeamos a otro y le causamos un daño que requiere tratamiento, como unos puntos de sutura, podemos incurrir en un delito de lesiones. Cuanto más se van tecnificando los delitos, cuantos más elementos intervienen de complicación intelectual o utilización de medios técnicos, más difícil es para la ciudadanía en general conocer qué es delito. ¿Qué intuimos? Que hay un ataque contra un elemento ético: eso no está bien. Pero para que algo que no es adecuado se convierta en delito pasa por una descripción en el Código Penal. La utilización de inteligencias artificiales ha supuesto una disrupción en la forma de cometerlos.
P. ¿Qué factores influyen para que una denuncia de esta naturaleza pueda prosperar?
R. La trazabilidad es clave. Cuando se trata de un delito cometido en el ámbito tecnológico, los rastros del mismo, aquellos elementos que nos pueden ayudar a la averiguación son muy frágiles. Si no se han guardado capturas de pantalla o los padres o tutores no han guardado materiales para sustentar la denuncia, se complica la investigación. Uno de los factores más importantes en los delitos tecnológicos es que se denuncien de forma inmediata. Muchas veces me preguntan qué pasa con el derecho a la intimidad de los menores. Como los adultos, lo tienen, pero el ejercicio de ese derecho es progresivo. No tiene el mismo contenido el derecho a la intimidad de un menor de 10 años, que todavía necesita el acompañamiento y la tutela de sus progenitores, que el de un menor de 17 años. Esas intromisiones pueden estar legitimadas por parte de los padres cuando hay situaciones de riesgo.
P. Si se borran determinados contenidos, ¿puede haber problemas para recuperarlos?
R. Tenemos a nuestra disposición todos los recursos de la Policía científica. Es importante que la entrega de los dispositivos digitales se haga cuanto antes para poder hacer las averiguaciones pertinentes. Hay redes sociales en las que hay imágenes de un solo vistazo, mensajes con contenido de naturaleza delictiva que a las 24 horas desaparecen. Nos estamos encontrando familias o docentes de centros escolares que hacen capturas de pantalla con otro teléfono o fotografías para aportar pruebas, pero es importante que podamos tener físicamente los elementos (los dispositivos digitales) que constituyen el objeto del delito.
P. ¿Le parece suficiente la medida contemplada en el anteproyecto de ley para proteger a los menores del entorno digital de aumentar de 14 a 16 la edad para poder crearse una cuenta en redes sociales?
R. Lo que hace es aumentar la edad con la que el menor puede consentir la cesión de datos, eso afecta no solo a la creación de cuentas en redes, sino a la cesión de datos de naturaleza personal que hasta ese momento tiene que ser asistida y acompañada por sus padres. Lo que me llama la atención es que para determinadas cuestiones esa edad va subiendo, pero en otras situaciones no. A los 14 años un menor puede otorgar testamento, y a los 12 se contempla una posible modificación a la mención del género en el Registro Civil. Pese a esto, me parece una medida correcta que va en la línea de lo que están haciendo otros países europeos.
P. ¿Han visto una relación entre el aumento de delitos por parte de los menores y el mal uso de los dispositivos digitales?
R. El acceso a contenidos inadecuados en Internet ha normalizado muchas cosas. Si observas vivencias y tolerancia frente a situaciones de violencia y crees que eso es normal, tu umbral de respuesta frente a la violencia de terceros será diferente. Contenidos como la pornografía hacen mucho daño. Lo más importante es el acompañamiento que se hace al menor, no solo con los límites y las herramientas de control parental, sino cómo les estamos enseñando a gestionar su derecho al honor, a la imagen y a la intimidad. ¿Lo estamos haciendo publicando en nuestrras propias cuentas como adultos todo tipo de fotografías familiares? ¿Estamos haciendo una exhibición de nuestra intimidad? ¿Es ese el mensaje que está recibiendo el menor? Esto, de momento, no lo vamos a poder legislar, pero ya hay casos judicializados. Hay sentencias del Tribunal Supremo en las que ha habido una condena expresa a los padres por la sobreexposición de los menores en las redes.
P. Ese acompañamiento, ¿puede prevenir posibles delitos digitales en el futuro?
R. Si tanto desde la familia como desde aquellos lugares en los que se trabaja con menores les acompañamos en esa interiorización del concepto de intimidad, probablemente piense una, dos o tres veces qué tipo de fotografías va a enviar, o va a aprender a analizar qué trascendencia puede tener en su vida, a futuro, aquello que quiere compartir. En ocasiones, los adultos obviamos enseñar el concepto de memoria digital a los niños, y es necesario que tomen conciencia de que en el momento en el que haces clic, automáticamente, lo que has publicado pasa a un espacio público.
P. Según la memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, dentro de los infractores menores de edad, ha subido el número de menores de 14 años. ¿Qué tipo de medidas se están adoptando para trabajar con los menores inimputables?
R. En Álava también hemos tenido un repunte de delitos cometidos por menores de 14. Podríamos pensar que se ha dado en delitos de menor entidad como pequeños hurtos o pequeñas agresiones, pero la realidad es que también se ha producido en delitos de calado como robos con violencia, delitos contra la libertad sexual o contra la integridad moral (ciberacoso, ciberbullying, coacciones). Estos menores necesitan una respuesta. El acompañamiento es esencial, a través de la ley de infancia del País Vasco que entró en vigor en febrero, esa respuesta se diferencia en cuanto a delitos ordinarios y, especialmente, delitos contra la libertad sexual. Dado el aumento de estos últimos, la propia ley ya contempla un acompañamiento en el crecimiento psicosexual del menor.
R. ¿Están los ciudadanos, los centros escolares, y las asociaciones cumpliendo con el deber de comunicar situaciones de violencia o riesgo para los menores tal y como contempla la ley de Infancia (LOPIVI)?
R. Sí ha habido un aumento en el número de comunicaciones. Desde el punto de vista ciudadano, hemos recibido alguna, por ejemplo, por parte de miembros de comunidades de vecinos alertando de que un menor podría estar en situación de riesgo de violencia. También ha ido despegando desde los centros educativos, pero todavía es una comunicación de naturaleza tímida. No hemos recibido ninguna comunicación sobre la existencia de contenidos inadecuados en redes, cuando la ley también establece como obligatoria esa comunicación para aquellos que trabajan con menores. Desde la fiscalía podemos solicitar a través de la Agencia Española de Protección de Datos el bloqueo inmediato de esas páginas, de hecho lo puede solicitar cualquier particular. No hay que tener miedo a utilizar ese recurso. En esto podemos mejorar.
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