A diferencia de otras crisis, la avalancha migratoria de Ceuta no puede tener otro responsable que el Gobierno, que dirige la política exterior y la defensa del Estado. Es un episodio de extrema gravedad que exige explicaciones detalladas de los servicios de inteligencia, Interior y Defensa. La democracia española dio una impresión de descoordinación y fragilidad, y dejó desatendidos a sus ciudadanos. España denunció la violación de su integridad territorial, pero cautelosamente no señaló quién cometía la agresión. Nadie lo hizo, salvo vaporosas mafias, desinformación, entusiastas lectores de sentencias del Tribunal Supremo. Y, al parecer, nadie debía estar vigilando. En palabras del ministro del Interior, que hace mucho que demostró no estar a la altura de su cargo: “No necesariamente tiene que haber una responsabilidad”. El universo es ciego, las cosas pasan. O, por decirlo con un estilo a la vez kafkiano y presidencial: “72.000 personas han entrado ilegalmente en Ceuta. Por la tarde, fui a nadar”.
La avalancha migratoria no puede tener otro responsable que el Gobierno, que dirige la política exterior y la defensa del Estado
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado
La avalancha migratoria no puede tener otro responsable que el Gobierno, que dirige la política exterior y la defensa del Estado
El audio de esta noticia utiliza una voz sintética generada por Inteligencia Artificial y podría tener algunas inconsistencias.
A diferencia de otras crisis, la avalancha migratoria de Ceuta no puede tener otro responsable que el Gobierno, que dirige la política exterior y la defensa del Estado. Es un episodio de extrema gravedad que exige explicaciones detalladas de los servicios de inteligencia, Interior y Defensa. La democracia española dio una impresión de descoordinación y fragilidad, y dejó desatendidos a sus ciudadanos. España denunció la violación de su integridad territorial, pero cautelosamente no señaló quién cometía la agresión. Nadie lo hizo, salvo vaporosas mafias, desinformación, entusiastas lectores de sentencias del Tribunal Supremo. Y, al parecer, nadie debía estar vigilando. En palabras del ministro del Interior, que hace mucho que demostró no estar a la altura de su cargo: “No necesariamente tiene que haber una responsabilidad”. El universo es ciego, las cosas pasan. O, por decirlo con un estilo a la vez kafkiano y presidencial: “72.000 personas han entrado ilegalmente en Ceuta. Por la tarde, fui a nadar”.
Es también una tragedia humana, un ejemplo del uso de la inmigración como herramienta de presión y del desdén del régimen marroquí hacia la vida de sus ciudadanos. Se ha explotado políticamente de manera tramposa: en numerosos medios y países se vinculó a la reciente regularización migratoria. Era falso: el decreto no permite que los regularizados tengan permisos de residencia o trabajo en el espacio Schengen y restringe mucho su circulación. Ceuta y Melilla tienen un régimen específico: el control lo ejerce la policía nacional a la salida por vía marítima o aérea. Para muchos (entre ellos gobiernos de centroizquierda, como Dinamarca y Malta) era la oportunidad de manifestar su irritación por la reciente regularización española. Había un componente de oportunismo e hipocresía en esos reproches iniciales. Los socios, como ocurrió después, debían mostrar su solidaridad y defender unas fronteras que son también europeas.
Como en otras crisis, no está claro qué medidas se tomarán y lo que falló puede quedar en una bruma. Pero, puesto que la conversación debe continuar, el debate se desplazará hacia los menores. Resulta llamativo que se asuma tan rápidamente la tutela estatal: el primer paso, pensaría uno, es devolverlos a sus familias cuando sea posible; si no se puede, las autonomías deben cumplir la ley. Por supuesto, hablar de las posiciones de Vox y el PP (aunque menos de la de Junts) resulta útil, porque la frase de Marlaska está incompleta: no necesariamente tiene que haber un responsable de lo que pasa, a menos que sea mi adversario.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Archivado En
- Opinión
- España
- Europa
- Unión Europea
- Inmigración
- Inmigración irregular
- Inmigración irregular España
- Espacio Schengen
- Marruecos
- Ceuta
- Fernando Grande-Marlaska
- Política migratoria
- Ministerio del Interior
- CNI
- Inmigrantes magrebíes
- Migración
- Migrantes
- Menores migrantes
- Tribunal Supremo
- Sentencias polémicas
- Gobierno de España
- Crisis migratoria
España en EL PAÍS
