Arrecian las críticas contra Keir Starmer por anunciar la propuesta un día después de la última sesión de control, en lo que la oposición considera un intento para inclinar el terreno de juego electoral a su favor Leer Arrecian las críticas contra Keir Starmer por anunciar la propuesta un día después de la última sesión de control, en lo que la oposición considera un intento para inclinar el terreno de juego electoral a su favor Leer
Fue una de las grandes banderas del manifiesto con el que Keir Starmer devolvió al Partido Laborista al poder el pasado julio, aunque apenas un mes después parecía haberse esfumado de las prioridades del Gobierno británico al no figurar en el discurso de apertura del nuevo Parlamento, y muchos la daban por enterrada. Sin embargo, este jueves, en un movimiento sorpresa antes de la suspensión estival en Westminster, Londres anunció su intención de poner en marcha los trámites parlamentarios necesarios para rebajar la edad legal para votar de los actuales 18 años a los 16 de cara a las próximas elecciones generales, previstas para 2029.
Se trataría de la mayor reforma de la ley electoral del Reino Unido desde 1969 -cuando se rebajó la edad de 21 a 18 años-, algo que Downing Street ha calificado como «un momento histórico para la democracia» y que sus detractores denuncian como un intento de inclinar el terreno de juego electoral a su favor y resucitar la popularidad de un Ejecutivo cuyo prestigio, con la rebelión que está sufriendo dentro de sus propias filas por el gran rechazo a la reforma de Starmer de la protección social, está hoy por los suelos.
«Durante demasiado tiempo, la confianza de la ciudadanía en nuestra democracia se ha visto mermada y se ha permitido que disminuyera la fe en nuestras instituciones», lamentó la viceprimera ministra, Angela Rayner, en un comunicado. «Estamos emprendiendo las medidas necesarias para derribar barreras a la participación electoral que garanticen que más personas tengan la oportunidad de involucrarse en la democracia del Reino Unido», añadió. «No podemos dar por conquistada definitivamente la democracia y, protegiendo nuestras elecciones de los abusos e impulsando la participación, reforzaremos los cimientos de nuestra sociedad para el futuro«.
La edad mínima para votar ya es de 16 años en las elecciones municipales de Escocia y Gales, así como en los comicios al Senedd (el Parlamento galés) y al Parlamento escocés. Sin embargo, para el resto de elecciones -las del Parlamento británico, los comicios locales en Inglaterra y todos los procesos electorales en Irlanda del Norte- la edad mínima sigue siendo de 18 años.
Rebajar la edad de voto a 16 en todo el Reino Unido permitiría que más de 1,5 millones de jóvenes de 16 y 17 años pudieran ejercer su derecho al voto la próxima vez que los británicos sean llamados a las urnas, según estimaciones de la población de 2022 y 2023. Este cambio «sísmico», según lo calificó ayer la ministra de Democracia, Rushanara Ali, no sólo «modernizará nuestra democracia para adaptarla al siglo XXI», sino también «permitirá que se escuche la voz de los jóvenes» para «dar un paso adelante generacional» en el proceso electoral.
El argumento del Gobierno es que, si los jóvenes de 16 años ya tienen edad para trabajar y pagar impuestos, también deberían tener voz y voto. «A los 16, un joven puede trabajar, paga impuestos, puede alistarse en el ejército… Así que no hay razón para que, a partir de esa edad, no pueda opinar sobre quién gobierna nuestro país», declaró ayer Ali en la Cámara de los Comunes. El premier Starmer respaldó esas palabras en declaraciones a ITV: «Si los jóvenes de 16 años ya tienen edad para trabajar y pagar impuestos, también deberían tener la oportunidad de decidir cómo se gasta ese dinero y qué rumbo debe tomar el Gobierno». Su número dos Rayner, quien se convirtió en madre a los 16 años, también defendió la medida a la BBC: «Los jóvenes ya contribuyen a nuestra sociedad, así que es justo que puedan opinar sobre los asuntos que les afectan».
El Partido Conservador, sin embargo, tachó el anuncio de «desesperadamente confundido» y ha criticado al Gabinete de Starmer por no permitir que el Parlamento disponga de tiempo para examinar los planes, al haberlos presentado un día después de la última sesión de control antes del receso de verano. «El cinismo es asombroso. Los laboristas eliminaron [la propuesta] del discurso del Rey después de lograr una mayoría aplastante sin ella. Ahora que se están desplomando en las encuestas, la anuncian de nuevo», denunció en X el ex ministro del Interior en el Gobierno de Sunak, James Cleverly. Paul Holmes, diputado de la oposición conservadora, calificó, por su parte, los planes de «intento descarado del Partido Laborista, cuya impopularidad le está llevando a impulsar cambios constitucionales de gran calado sin ningún tipo de consulta».
«¿Por qué este Gobierno cree que un joven de 16 años puede votar, pero no puede comprar un billete de lotería, una bebida alcohólica, casarse o incluso presentarse a las elecciones en las que vota?», se preguntó el ministro tory Paul Holmes a la ministra de Democracia en los Comunes. El ex ministro Simon Clarke fue aún más crítico: «Llamémoslo por su nombre: gerrymandering [la manipulación de los mapas de distritos electorales] descarado con uniforme escolar. ¿Si no creemos que los 16 años sean la edad de la madurez adulta, ¿por qué está haciendo esto el Gobierno?».
Los detractores de la idea argumentan que podría beneficiar a los laboristas, ya que los jóvenes son más propensos a votar a partidos de izquierdas, así que Starmer esperará que su partido saque provecho de esta reforma. Sin embargo, los sondeos sugieren que el voto joven laborista corre el riesgo de verse mermado por la competencia de los Verdes, los Liberales Demócratas y Reform UK. Si en las generales del año pasado el 41% de los jóvenes de entre 18 y 24 años votaron por los laboristas, apenas 12 meses después sólo el 33% tendría intención de hacerlo ahora, mientras que los Verdes han pasado de conseguir un 19% de los votos en las parlamentarias a contar hoy con un 25% en la intención de voto entre esa franja de edad, según datos de Ipsos y Statista. Según Nigel Farage, el Partido Laborista «se llevará la sorpresa de su vida, ya que Reform pretende captar a los votantes de 16 y 17 años de cara a las próximas elecciones generales.
Junto con la rebaja de la edad legal, el Gobierno laborista someterá al voto de los diputados un paquete de propuestas destinadas a incentivar la participación ciudadana mediante una nueva Ley Electoral. La participación de los comicios de hace un año, cuando Starmer logró poner fin con 14 años de dominio conservador, fue de apenas un 59,7%, la más baja en unas elecciones generales desde 2001, según un informe parlamentario publicado el pasado septiembre. Y gran parte de la razón de esa baja participación tenía que ver con los pocos documentos de identificación aceptados para poder votar.
En un país en el que no existe un documento de identidad generalizado, son pocas las opciones que tienen los británicos para identificarse en los colegios electorales, y suelen recurrir al carné de conducir o, en su defecto, al pasaporte. Ahora, el Gobierno propone aceptar tarjetas bancarias -siempre y cuando incluyan el nombre del elector y hayan sido emitidas en el Reino Unido- y versiones digitales (cuando las hagan disponibles) de carnés de conducir como forma válida de identificación. Según la Comisión Electoral, alrededor de un 4% de las personas que no votaron en las elecciones generales del año pasado afirmaron que se abstuvieron debido a las normas de identificación de votantes. Pero los conservadores advirtieron de que permitir el uso de tarjetas bancarias como documento de identidad «podría poner en riesgo la seguridad de las urnas».
El Gobierno también anunció que trabajará en la creación de un sistema de registro automático de votantes en los próximos años, con garantías para que los ciudadanos estén informados de su situación en el censo y puedan darse de baja si así lo desean. Actualmente, en el Reino Unido es necesario inscribirse para poder votar, trámite que puede hacerse en línea o mediante un formulario por correo.
La Comisión Electoral estima que cerca de ocho millones de personas están mal inscritas o directamente no figuran en el censo electoral, un problema que afecta de forma desproporcionada a los inquilinos del sector privado y a los jóvenes. En un informe de 2023, la Comisión sugirió que un sistema automatizado podría implicar que organismos como la Oficina de Pasaportes proporcionen a los responsables del registro electoral los nombres y direcciones de las personas con derecho a voto, de forma que puedan ser inscritas directamente. Según el Gobierno, sus planes permitirían que los votantes con derecho a sufragio sean incorporados directamente al censo gracias a un mejor intercambio de datos entre agencias estatales.
Por último, para combatir la injerencia extranjera, Londres también planea endurecer las normas sobre donaciones políticas. Actualmente, los partidos políticos sólo pueden aceptar donaciones de personas inscritas en el censo electoral del Reino Unido o de empresas registradas en el país que desarrollen actividad económica en territorio británico. Sin embargo, existe preocupación por la posibilidad de que ciudadanos extranjeros puedan sortear esta restricción realizando donaciones a través de empresas extranjeras inscritas en el país «a lo Elon Musk». El asunto cobró relevancia a finales del año pasado, cuando se informó de que el multimillonario estadounidense podría realizar una donación a Reform UK a través de la filial británica de su red social X. Ahora, el Gobierno impondrá controles para contribuciones superiores a 500 libras (579 euros) provenientes de asociaciones no inscritas, cerrando así vacíos legales usados por empresas fantasma.
Internacional // elmundo
