Circunstancias extraordinarias exigen respuestas extraordinarias. El Gobierno laborista del Reino Unido, que prometió casi 3.000 millones de euros de inversión para revitalizar la industria británica del acero, ha convocado para este sábado una sesión extraordinaria del Parlamento —actualmente en periodo de vacaciones― para sacar adelante una ley de emergencia que impida el cierre de los dos últimos altos hornos del país, propiedad de la compañía British Steel, y la pérdida de 2.700 puestos de trabajo.
El Parlamento se reúne este sábado en sesión extraordinaria para entregar al Gobierno el control de la planta de Scunthorpe. La empresa china propietaria había anunciado el apagón de los dos altos hornos
Circunstancias extraordinarias exigen respuestas extraordinarias. El Gobierno laborista del Reino Unido, que prometió casi 3.000 millones de euros de inversión para revitalizar la industria británica del acero, ha convocado para este sábado una sesión extraordinaria del Parlamento —actualmente en periodo de vacaciones― para sacar adelante una ley de emergencia que impida el cierre de los dos últimos altos hornos del país, propiedad de la compañía British Steel, y la pérdida de 2.700 puestos de trabajo.
“Vamos a actuar con cierta urgencia, pero quiero ser claro en que tanto esta situación como nuestra respuesta son algo extraordinario. Aunque nos enfrentamos a una nueva era de inestabilidad global, nuestra preocupación respecto a esta planta y las negociaciones para intentar protegerla son el fruto de varios años”, ha explicado el primer ministro, Keir Starmer, en una comparecencia improvisada en Downing Street.
La decisión coincide con un momento geopolítico crítico. La Administración estadounidense de Donald Trump ha impuesto un 25% más de aranceles a las importaciones de acero. El Reino Unido vende a ese país gran parte de su producción, y el Partido Laborista había hecho bandera de la promesa de preservar una industria de gran raigambre británica, con 300 años de historia.
La empresa china Jingye compró British Steel en 2020. A pesar de llevar meses de negociaciones infructuosas con el Gobierno, ha anunciado su decisión de cerrar los dos últimos altos hornos, en la planta de Scunthorpe, ubicada en el norte de Inglaterra. En el plazo de una semana, asegura la dirección de la planta, serían necesarios el suficiente carbón metalúrgico y pellets de hierro (bolitas de hierro) para suministrar combustible a los dos hornos y evitar su enfriamiento hasta un punto en que la recuperación ya no fuera posible o resultara altamente costosa.
La ley de emergencia que pretende sacar adelante Starmer concederá “al Ministerio de Industria los poderes necesarios para hacer todo lo posible para detener el cierre de estos dos altos hornos”. “Y mantenemos además sobre la mesa todas las opciones posibles”, ha añadido el primer ministro. El análisis general de la maniobra de urgencia lleva a la conclusión de que se trata de un primer paso para la posterior nacionalización de British Steel.
El cierre de la planta convertiría al Reino Unido en el único miembro del G-7 que no puede fabricar su propio acero a partir de materia prima bruta. Aunque el país ha tenido una prolífica historia como productor de acero, lleva años compitiendo con China, que ha sido capaz de abaratar inmensamente los precios.
Solo en 2024, la industria británica del acero perdió cerca de 6.000 puestos de trabajo. La compañía Tata, propietaria de la planta de Port Talbot, en Gales, provocó ella sola la eliminación de 2.500 empleos, al cerrar sus altos hornos convencionales, muy contaminantes, y sustituirlos por hornos de arco eléctrico, más baratos y limpios, pero que no necesitan tanto personal para su mantenimiento ni son capaces tampoco de producir acero de alta calidad.
La empresa china ya advirtió el mes pasado que los dos últimos altos hornos que mantenía abiertos no eran económicamente viables. Jingye asegura que lleva invertidos en la compañía más de 1.200 millones de libras (casi 1.400 millones de euros) desde su adquisición, y que las pérdidas rondaban en la actualidad los 800.000 euros diarios. British Steel arrastraba ya en diciembre de 2023, según los últimos datos publicados, una deuda de casi 850 millones de euros.
El Gobierno de Starmer había ofrecido a la compañía una ayuda de casi 580 millones de euros para la financiación de un nuevo horno de arco eléctrico, pero Jingye reclamaba una cantidad muy superior. Downing Street acusa a la empresa de haber puesto muchos obstáculos durante las negociaciones, en las que el Ejecutivo se ofreció incluso a pagar el combustible necesario para mantener en funcionamiento los hornos.
La principal central sindical del Reino Unido, Unite, ha urgido al Gobierno de Starmer a poner en marcha cuanto antes un proceso de nacionalización de British Steel. “Pedimos al Gobierno que considere la posibilidad de declarar el acero un área de infraestructura nacional crítica, y que asegure que el acero británico sea utilizado en todos los nuevos proyectos de infraestructura”, ha reclamado Sharon Graham, la secretaria general de la central.
La última vez que el Parlamento británico fue convocado para una sesión extraordinaria fue en 2021, para dar luz verde a la retirada de tropas de Afganistán.
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