La Comisión admitió esta semana al país norteafricano en esta lista. La designación implicará el rechazo de gran parte de solicitudes, sin importar si con personas perseguidas por Kais Saied. Leer La Comisión admitió esta semana al país norteafricano en esta lista. La designación implicará el rechazo de gran parte de solicitudes, sin importar si con personas perseguidas por Kais Saied. Leer
La deriva autoritaria del presidente tunecino, Kais Saied, alcanzó un nuevo pico este fin de semana, con la condena a penas de entre 13 y 66 años de cárcel contra figuras destacadas de la oposición acusadas de conspirar contra la seguridad del Estado. El dictamen se produce pocos días después de que la Comisión Europea señalara a Túnez como «seguro» a efectos de asilo, en un intento de aliviar las tramitaciones de solicitantes de una decena de países. Se trata de la mayor sentencia dictada en el país desde el fin de la dictadura del presidente Zine el Abidine Ben Ali en 2011, en medio de denuncias de grupos opositores y de derechos contra el abuso de Saied del sistema judicial para presionar a la oposición.
«Esto no es una decisión judicial, sino un decreto político ejecutado por jueces bajo órdenes», aseguró Kamel Jendoubi, ex ministro juzgado en ausencia y condenado a 40 años de prisión. Entre los 40 condenados se encuentran figuras destacadas de la oposición, antiguos funcionarios e intelectuales de ideologías dispares, desde islamistas a laicos, conservadores y socialistas. El empresario Kamel Ltaif -crítico con el Gobierno actual- recibió la pena más larga, de 66 años, mientras que el político opositor Khayam Turki fue sentenciado a 48 años.
El tribunal también condenó a 18 años de prisión a destacadas figuras de la oposición como el candidato a presidente, Issam Chebbi, o el abogado Ridha Belhaj, que permanecían en prisión a la espera de juicio desde hace dos años. Una veintena de los condenados habían huido de Túnez anteriormente y fueron juzgados en ausencia, entre ellos el intelectual y periodista francés Bernard-Henri Lévy, acusado de intermediar entre el resto de sospechosos y países extranjeros.
El juicio se celebró durante dos meses en un tribunal penal especial para casos de terrorismo, en medio de una gran polémica por las irregularidades cometidas durante las vistas, desde impedir que la prensa acudiera a la sala de juicio, a huelgas de hambre de los encarcelados por no respetarse su derecho a declarar. La principal acusación se construyó en base a la declaración de dos testigos protegidos cuya identidad se desconoce. Los documentos de la acusación apuntan que la «conspiración contra la seguridad del Estado» surgió de un encuentro en la residencia del líder opositor socialdemócrata, Jayam Turki, al que asistieron otros dirigentes políticos, intelectuales y diplomáticos occidentales, entre ellos el embajador de España, según una investigación de la publicación Jeune Afrique.
«En mi vida, nunca había presenciado un juicio como éste. Es una farsa, las sentencias ya están listas y lo que está sucediendo es un escándalo, es vergonzoso», declaró a los medios el abogado de la defensa, Ahmed Souab. «Nunca se actuó así, incluso en tiempos de Ben Ali. Hoy se prohíbe acceder a los juicios para informar de lo que ocurre, es el fin de toda transparencia. Impedir actuar a la prensa es pisotear el derecho a un juicio justo», denunció el sindicato de periodistas tunecinos contra la opacidad de todo el proceso judicial.
Grupos de derechos humanos denuncian que Saied tiene pleno control del poder judicial desde 2021, cuando disolvió el parlamento y empezó a gobernar por decreto presidencial. Un año más tarde, disolvió el Consejo Supremo de la Magistratura, un organismo independiente formado por decenas de jueces. En el último lustro, Saied ha revertido muchas de las libertades que el país norteafricano obtuvo tras las revueltas prodemocracia de 2011, conocidas como la Primavera Árabe.
El mandatario rechaza las acusaciones de dictador, pese a que advirtió que cualquier juez que absolviera a los encausados sería cómplice de «traidores y terroristas». El grupo de derechos Human Rights Watch publicó un informe sobre Túnez esta semana, en el que describe el uso de detenciones y procesos judiciales como un arma para intimidar y silenciar a la oposición. «El veredicto es una farsa de justicia e ilustra el total desprecio de las autoridades por las obligaciones internacionales de Túnez en materia de derechos humanos y del Estado de derecho», declaró Erika Guevara Rosas, directora de campañas de Amnistía Internacional.
La Comisión Europea admitió esta semana a Túnez en la lista de países de origen «seguros» a efectos de asilo, reduciendo la posibilidad de ser reconocido como refugiados en una tasa inferior al 5%, según declararon funcionarios de la UE. La designación ha despertado críticas porque implicará el rechazo de gran parte de las solicitudes, sin importar si son de opositores perseguidos por el Gobierno de Saied. La nueva medida se suma a las críticas por la postura que mantiene Bruselas con el país árabe, precursor de las políticas europeas de externalización fronteriza para el control migratorio.
Recientemente la Defensora del Pueblo Europeo pidió «criterios concretos» para suspender los fondos de la UE destinados a Túnez para el control migratorio, después de que varias investigaciones apuntan que son usados en casos de abusos contra los derechos humanos. Pese a las denuncias, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue presentando Túnez como un modelo de país fronterizo con la UE que toma «medidas enérgicas» contra el flujo migratorio, en el marco de la «asociación estratégica» de Bruselas con países del norte de África.
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