La Justicia peruana podría frenar la venta de Telefónica del Perú (TdP). El Décimo Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima ha admitido a trámite una demanda de amparo que busca evitar la transferencia de acciones de Telefónica Hispanoamérica, matriz de TdP, a la argentina Integra Tec, que adquirió la filial de la empresa española el pasado 13 de abril.
La Hacienda del país embarga inmuebles a la filial andina por casi 200 millones de euros pese a estar en concurso de acreedores
La Justicia peruana podría frenar la venta de Telefónica del Perú (TdP). El Décimo Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima ha admitido a trámite una demanda de amparo que busca evitar la transferencia de acciones de Telefónica Hispanoamérica, matriz de TdP, a la argentina Integra Tec, que adquirió la filial de la empresa española el pasado 13 de abril.
La demanda fue presentada por los principales acreedores privados de Telefónica del Perú -entre ellas, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y compañías de seguros- con el fin de bloquear la venta de Telefónica del Perú a Integra Tec, según informó Adrián Simons, representante de los acreedores, alegando que con la demanda buscan ejercer su “derecho para preservar el valor de la compañía”. El mayor acreedor es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) -la Agencia Tributaria peruana-, con 2.473 millones de soles (634,5 millones de euros). En segundo lugar, figuran los tenedores de bonos emitidos por la compañía, en un volumen total de 2.365 millones de soles (606,3 millones de euros).
Simons señaló que el anuncio de la venta se realizó sin informar previamente a los acreedores. Ello pese a que presentaron una solicitud para acogerse a un procedimiento concursal ordinario ante Indecopi, por lo que el futuro de la compañía debía estar sujeto a la decisión de los acreedores. Así, indicó que la venta se realizó de manera irregular y constituyendo un abuso del derecho de transferencia de acciones.
“El juez podría determinar que hubo un ejercicio abusivo del derecho y, en consecuencia, permitir que la Junta de Acreedores se pronuncie sobre la transferencia, decidiendo si la aprueban o no. Los acreedores tienen ese derecho, ya que adquirieron bonos de Telefónica del Perú, mientras Telefónica Hispanoamérica era su único accionista”, dijo Simons en declaraciones a la prensa local, que estima que la sentencia de primera instancia podría demorarse hasta un año.
El recorrido de la demanda judicial es incierto. Como recordó Telefónica en el hecho relevante cuando notificó la venta a Integra, la operación está cerrada desde el punto de vista regulatorio y de competencia, y cualquier acción de la Administración peruana debe recaer en la compradora. Sin embargo, los demandantes sostienen que la Justicia sí puede intervenir para deshacer la operación. Telefónica ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información.
Telefónica presentó el 24 de febrero una solicitud ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para acogerse a un procedimiento concursal ordinario con el propósito de reestructurar ordenadamente sus deudas, debido a los pleitos fiscales con la Hacienda del país que arrastra desde hace dos décadas por más de 1.000 millones de euros. Apenas dos meses después, el 13 de abril, Telefónica anunció la venta de su filial a la argentina Integra Tec International por unos 3,7 millones de soles peruanos (900.000 euros al tipo de cambio actual). La transacción incluye la asunción de la deuda por lo que el monto es muy superior al precio simbólico pactado.
La demanda judicial sostiene que Telefónica Hispanoamérica ejerció su derecho de transferencia de manera abusiva, afectando los intereses de terceros. Los bonistas también discuten la capacidad de la empresa compradora para asumir la gestión de una de las mayores firmas del país. Se trata de Integra Tec, una sociedad de la matriz del grupo argentino Integra pero con sede en Panamá, creada apenas un mes antes de la transacción, con un capital de sólo 10.000 dólares y sin experiencia en el sector de telecomunicaciones.
El recurso judicial también pretende proteger el derecho de propiedad de los acreedores, representado en los bonos corporativos emitidos por la compañía en 2019 por 1.700 millones de soles, unos 406 millones de euros. Las AFP son los mayores tenedores de esos títulos, que se encuentran en riesgo de impago ya que no se encuentran respaldados por la matriz. Esos bonos de altos riesgo pagaban un interés muy alto a cambio. Simons denunció que la operación de compraventa fue una maniobra para evitar la conformación de una Junta de Acreedores que pueda evaluar la situación financiera de la ‘telco’ y definir su futuro.
“Esta transferencia se realizó sin conocimiento ni consentimiento de los acreedores, y en un contexto en el que ya se había iniciado un proceso concursal. Fue un intento deliberado por evitar que los bonistas puedan ejercer su rol dentro de una Junta de Acreedores”, afirmó Simons en entrevista con el diario peruano Gestión. “Lo que buscan es mantener el control sin pagar, desplazando a los acreedores. No se puede permitir que una empresa de esta magnitud sea entregada por un valor irrisorio, a espaldas de quienes han financiado su operación”, agregó.
El caso se desarrolla en paralelo al cambio de estrategia concursal de la compañía, según señala la prensa local. El pasado 30 de abril, Telefónica del Perú —ya bajo el control de Integra Tec International— presentó ante Indecopi una solicitud para acogerse a un Procedimiento Concursal Preventivo (PCP), con suspensión automática de la exigibilidad de sus deudas. El objetivo sería refinanciar sus pasivos mediante un acuerdo con sus acreedores, sin ir a liquidación. A diferencia del Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) solicitado en febrero por la empresa cuando aún estaba en manos de Telefónica Hispam, el PCP permite a la empresa ganar tiempo y proteger sus operaciones mientras se negocia una reestructuración. La compañía ha asegurado que esta nueva ruta busca preservar la continuidad del servicio y cumplir con las obligaciones legales del proceso.
Embargo de inmuebles
Y mientras se sustancia la demanda, la Hacienda peruana prosigue su batalla encarnizada por cobrar la deuda tributaria que le achaca a TdP. La Sunat ha procedido al embargo de diversos inmuebles de Telefónica del Perú (TdP) por valor de 822,8 millones de pesos (198,7 millones de euros) como parte de las acciones destinadas a asegurar el cobro de una deuda tributaria correspondiente al Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000, 2001 y 2009 cuyo plazo venció a finales del pasado mes de marzo, según ha informado TdP a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
En primer lugar, el pasado 24 de abril, la Sunat notificó que ya había embargado inmuebles de la empresa por 513,8 millones de soles peruanos (123,7 millones de euros). En una segunda tanda, notificada el pasado 1 de mayo, se realizaron embargos por 319 millones de pesos (76,8 millones de euros)
La empresa, que ya es gestionada completamente por sus nuevos dueños de Integra, precisó que la medida no restringe el uso ni disfrute de los bienes afectados. “Es importante señalar que los referidos embargos no afectan el patrimonio de la sociedad, no comprometen su viabilidad ni afectan la continuidad de la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones que brinda a sus más de 13 millones de clientes. La preservación de la integridad de la operación es fundamental para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones dentro del procedimiento concursal”, señaló la empresa en el hecho relevante remitido al regulador bursátil.
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