Victoria Salinas es una educadora social de 31 años que el año pasado dejó su trabajo en un centro de menores (el Zambrana de Valladolid, un centro cerrado de jóvenes con medidas judiciales) porque no se sentía segura. “Renuncié a mi proyecto de vida porque no me sentía a salvo en mi lugar de trabajo, porque no podía más de correr de un lado a otro por la falta de personal, de aguantar y ver insultos y agresiones a compañeros”, contó el pasado miércoles a este periódico.
“La gestión autonómica, que tiene las competencias, está siendo nefasta, así que espero que Interior, Justicia e Infancia se involucren para mejorar las cosas”, dice la promotora de la iniciativa
“La gestión autonómica, que tiene las competencias, está siendo nefasta, así que espero que Interior, Justicia e Infancia se involucren para mejorar las cosas”, dice la promotora de la iniciativa
Victoria Salinas es una educadora social de 31 años que el año pasado dejó su trabajo en un centro de menores (el Zambrana de Valladolid, un centro cerrado de jóvenes con medidas judiciales) porque no se sentía segura. “Renuncié a mi proyecto de vida porque no me sentía a salvo en mi lugar de trabajo, porque no podía más de correr de un lado a otro por la falta de personal, de aguantar y ver insultos y agresiones a compañeros”, contó el pasado miércoles a este periódico.
Acababa de empezar una recogida de firmas en change.org para pedir más seguridad y mejores protocolos en los centros de menores infractores tras el terrible crimen de Badajoz en el que otra educadora, Belén Cortés, de 35 años, fue asesinada por tres menores de los que estaba a cargo —ese domingo, sola, además— en un llamado hogar de inserción sociolaboral. Son pisos que están destinados a menores que se encuentran cumpliendo programas de convivencia en grupo por decisión judicial, ya sea como medida cautelar o por sentencia firme.
En menos de una semana, 100.000 personas han firmado la petición de Salinas. Este martes ha hecho entrega de las firmas en la sede del Ministerio de Interior, pero destinado también a Justicia e Infancia. “Exigimos una respuesta, en memoria de Belén y para que esta tragedia no se repita más. Esperamos que tras la entrega nos expliquen qué medidas van a tomar y cuándo”. Desde Interior le han respondido que le harán llegar una respuesta. Las fiscalías de menores y los jueces son los que dictan la medida judicial para los menores infractores según la Ley del Menor, pero la normativa no especifica cómo debe ser el funcionamiento interno de los centros ni el grado de seguridad de los empleados. Son las comunidades autónomas las que lo estipulan y deciden las partidas presupuestarias; en la mayoría de los casos los gestionan empresas privadas con licitaciones que salen cada cuatro años. “Sé que desde el Ministerio de Interior se escudarán en que no tienen potestad, pero yo sí opino que la tienen en materias de seguridad ciudadana. La gestión autonómica está siendo a todas luces nefasta, así que espero que Interior, Justicia e Infancia decidan meterse para intentar arreglar las cosas que están mal”, asegura Salinas.
Esta educadora social estuvo casi siete años en el centro Zambrana, era cerrado por lo que había muchas más medidas de seguridad. La idea de la recogida de firmas fue, precisamente, para que las medidas de seguridad sean las mismas en todos los centros, incluidos los abiertos como el lugar donde trabajaba Belén Cortés en Badajoz. Salinas se marchó de su centro tras un motín de los internos. “La ratio educadores/menores no se suele respetar, aunque esté estipulada. En mi centro no se cubrían las bajas. El mayor problema que veo es que dependen de las Comunidades Autónomas, pero son gestionadas por empresas privadas con licitaciones que se suelen dar cada cuatro años. Cada empresa a su vez gestiona los centros, los convenios y los protocolos a su manera, cada una tiene el suyo. Así que, cuando quieres elevar una queja, ¿a quién la elevas? ¿A la Junta? ¿A la empresa? ¿A quién? Se diluyen las responsabilidades”, lamenta. Salinas añade que, en su centro, el protocolo que se utilizaba cuando entró era anterior a la aprobación de la ley antitabaco. “Fíjate lo actualizado que estaba que todavía detallaba los espacios donde podían fumar los menores”.
Lamenta, asimismo, la falta de formación del personal. “La ley del menor estipula que el personal esté titulado. Pero cualquiera que entra allí no sabe que hay que hacer, nadie se lo explica, nos tocaba a los compañeros hacerlo, pero eso es inviable en horario laboral y un entorno además hostil”.
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Sobre la firma
Es redactora de sociedad especializada en abusos e igualdad. En su paso por la sección de deportes ha cubierto, entre otras cosas, dos Juegos Olímpicos. Ha desarrollado toda su carrera en EL PAÍS; ha sido colaboradora de Onda Cero y TVE. Licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Bolonia y Máster de EL PAÍS.
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