Las elecciones de este domingo en Castilla y León tendrán una lectura interna en el espacio de la ultraderecha: servirán de plebiscito sobre el liderazgo de Santiago Abascal. Y no solo porque, como en Extremadura y Aragón, el presidente de Vox haya sido el protagonista indiscutible de su campaña electoral, relegando a un segundo plano al candidato, sino también porque la campaña ha estado marcada por la purga de algunas de las figuras más conocidas del partido, como el todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, o su exlíder en Murcia, José Ángel Antelo.
Los Estatutos de la formación ultra impiden en la práctica el congreso extraordinario que propone Espinosa de los Monteros
Las elecciones de este domingo en Castilla y León tendrán una lectura interna en el espacio de la ultraderecha: servirán de plebiscito sobre el liderazgo de Santiago Abascal. Y no solo porque, como en Extremadura y Aragón, el presidente de Vox haya sido el protagonista indiscutible de su campaña electoral, relegando a un segundo plano al candidato, sino también porque la campaña ha estado marcada por la purga de algunas de las figuras más conocidas del partido, como el todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, o su exlíder en Murcia, José Ángel Antelo.
Fuentes de Vox creen que, si se confirma el pronóstico que le dan las encuestas –en torno al 20% de los votos, con un fuerte ascenso en escaños, frente al declive del PSOE y el estancamiento del PP— la figura de Abascal saldrá reforzada. Vox funciona como una empresa, piramidal y centralizada, y el resultado electoral, como la cuenta de resultados, dictará un veredicto inapelable sobre el acierto o desacierto de su estrategia. Las mismas fuentes aventuran que las críticas quedarán desmentidas por los datos y desautorizadas frente a un líder que puede exhibir en su balance de gestión dirigir el partido que más crece en las tres últimas citas con las urnas. Poco importa que Vox esté aún lejos de obtener los resultados de sus formaciones homólogas en Francia, Italia o Alemania; o que el portugués Chega!, que entró en las instituciones años después que la formación de Abascal, ya sea la segunda fuerza de su país. Ni siquiera en julio de 2023, cuando perdió más de un tercio de sus diputados, Vox hizo autocrítica pública.
Esta vez, sin embargo, el equipo de Abascal se enfrenta a un órdago sin precedentes: Iván Espinosa de los Monteros, su exportavoz en el Congreso, ha pedido la celebración de un congreso extraordinario para debatir el posicionamiento estratégico y el funcionamiento interno de Vox. El exparlamentario sostiene que la organización que fundó hace 12 años ha experimentado un “giro iliberal y estatalista” y es dirigida desde la sombra por “un grupo minúsculo de gente desconocida para el gran público, que no pertenece al partido pero son quienes toman las decisiones”. Aunque Espinosa asegura que el objetivo del congreso no sería sustituir a Abascal, la cúpula de Vox ha reaccionado como si se tratara de una maniobra hostil.
El encargado de descalificar a los disidentes ha sido José María Figaredo, número dos de Vox en el Congreso, quien ha acusado a su antiguo jefe ―Espinosa dirigía el grupo parlamentario cuando él era diputado raso― de ser un instrumento del PP. “Quien lo está planteando”, dijo el martes sobre la propuesta de congreso extraordinario, “es el Partido Popular a través de un antiguo portavoz de Vox al que están utilizando. Los que quieren este congreso buscan colocar a un títere del PP en Vox”. Sin citar a su excompañero de partido, Abascal abundaba el mismo día en Astorga (León) en que “todos estos ataques a Vox no son internos, son ataques externos de aquellos que están fuera de Vox, en otros partidos, y no soportan que a Vox le vaya bien”. En realidad, los considerados disidentes —Iván Espinosa de los Monteros, Juan García-Gallardo, Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo— siguen afiliados a Vox, al menos hasta que se consume la expulsión de los dos últimos, y ninguno de ellos ha militado en el PP, al contrario que otros miembros de la dirección del partido, incluido el propio Abascal.
Tras el cierre en banda de la dirección, la convocatoria de un congreso extraordinario resulta materialmente imposible. Según los Estatutos, su celebración solo puede ser forzada “a petición escrita de al menos el 20% de los afiliados de pleno derecho”; es decir, los que tengan al menos nueve meses de antigüedad y estén al corriente en el pago de cuotas. No se sabe cuántos afiliados tiene Vox. En una reciente intervención, Abascal habló de 68.000. Las últimas cuentas conocidas de la formación, correspondientes a 2024, los cifraban en 65.615, pero reconocían que menos de la mitad, 32.022, pagaba sus cuotas.
Para recabar las firmas de los afiliados, en favor de celebrar un congreso extraordinario, los promotores de la iniciativa tendrían que poder dirigirse personalmente a cada uno de ellos. Pero la lista solo está en poder de la dirección nacional que, a la vista de las declaraciones de Figaredo, no parece dispuesta a facilitarla. Si algún disidente se hiciera con ella, se le podría acusar de vulnerar la ley de protección de datos.
El partido ultra tiene que celebrar su asamblea ordinaria, equivalente al congreso anual, antes del 30 de junio, con el objetivo de aprobar sus cuentas y remitirlas al Tribunal de Cuentas. Para entonces, Vox habrá despejado ya la margarita de si vuelve a entrar en los gobiernos regionales con el PP, lo que marcará su rumbo político a medio plazo. También, salvo que Abascal opte por adelantar la asamblea, se podrá hacer balance del ciclo completo de elecciones autonómicas, incluidas las andaluzas, previstas para mediados de junio. En esas circunstancias, en vez de celebrar un congreso de puro trámite, podría abrirse paso la iniciativa de Espinosa para plantear un debate ideológico de fondo. Sin embargo, esta posibilidad tropieza de nuevo con los Estatutos de Vox, que también exigen la firma del 20% de los afiliados para incluir un nuevo punto en el orden del día de la asamblea.
Los partidarios de que Vox celebre un congreso en el que los afiliados debatan la línea del partido y no se limiten a votar telemáticamente las propuestas de la dirección —la ratificación de Abascal como presidente hasta 2028 ni siquiera se votó, ya que fue el único candidato que se presentó— reconocen que en la práctica no es posible convocarlo si el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se opone. Pero también creen que la iniciativa no podrá despacharse con una descalificación a sus promotores, como se ha hecho hasta ahora, y seguirá sobre la mesa mientras no se aborde de frente. Aunque Abascal se corone de nuevo este domingo como el ganador político de las elecciones.
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