La seguridad vuelve al centro del debate político tras el atentado terrorista contra el Orgullo de Berlín Leer La seguridad vuelve al centro del debate político tras el atentado terrorista contra el Orgullo de Berlín Leer
El atentado terrorista ocurrido en el marco del Orgullo Gay de Berlín, con un saldo de una persona muerta y 29 heridas, alteró este fin de semana el clima político de Alemania. A seis semanas de la primera cita con las urnas tras el verano, el 6 de septiembre en el estado federado de Sajonia-Anhalt, bastión de la ultraderecha, la seguridad ha vuelto a situarse en el centro del debate político, junto con la inmigración y la respuesta del Estado frente al terrorismo islamista.
La discusión ya no gira únicamente en torno a la investigación del ataque. Las preguntas que empiezan a abrirse paso son otras: si el Estado dispone de instrumentos jurídicos suficientes para impedir acciones violentas protagonizadas por jóvenes islamistas radicalizados, ya conocidos por la Justicia, y hasta qué punto este atentado, cometido por un alemán de 21 años de origen libanés, influirá en la precampaña y reforzará el peso de la seguridad y la inmigración en el discurso de los partidos, especialmente de Alternativa para Alemania (AfD).
La presión no recae directamente sobre el canciller Friedrich Merz, pero sí sobre su partido. La CDU afronta en Sajonia-Anhalt la primera gran prueba electoral desde su llegada al Gobierno federal y lo hace con una AfD que, según los últimos sondeos, ronda el 41% de intención de voto frente al 24% de los democristianos. Dos semanas después, el 20 de septiembre, el ciclo continuará con las elecciones de Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde la formación ultraderechista vuelve a partir de una posición muy competitiva. En ese contexto, no resulta casual que uno de los primeros dirigentes en reclamar una revisión de la respuesta del Estado frente al terrorismo islamista haya sido precisamente el ministro-presidente de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze. Su propuesta de abrir el debate sobre el derecho penal juvenil y trasladarlo a la Conferencia de Ministros-Presidentes refleja hasta qué punto el atentado ha dejado de ser únicamente una cuestión de seguridad para convertirse también en un asunto de enorme trascendencia política.
Lo significativo es que ninguno de los principales dirigentes conservadores ha convertido esa discusión en un ataque a los jueces. El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, considera «difícilmente comprensible» que una persona con el grado de peligrosidad atribuido a Abdul B. pudiera beneficiarse de la suspensión de la ejecución de la pena. El alcalde-gobernador de Berlín, Kai Wegner, insiste en que no quiere cuestionar la independencia judicial, aunque admite que la resolución le deja «sin palabras». Ese matiz resulta esencial para entender el alcance del debate. Ningún dirigente relevante acusa al tribunal de haber incumplido la ley. Lo que empieza a cuestionarse es si la propia ley sigue siendo adecuada para afrontar amenazas de esta naturaleza.
Ese cambio de enfoque viene reforzado por un dato que apenas ha ocupado espacio en el debate público: la propia Fiscalía tampoco compartía plenamente la decisión del tribunal. Tras la condena a 22 meses de prisión juvenil por preparar un grave delito contra la seguridad del Estado, la Fiscalía General de Berlín recurrió la sentencia al considerar insuficiente la pena y reclamar una condena superior que dificultara la suspensión de su ejecución. Cuando se produjo el atentado, el procedimiento seguía abierto y la sentencia aún no era firme.
Ese detalle modifica sustancialmente la lectura del caso. No existe únicamente una tensión entre política y justicia. También había una discrepancia dentro del propio sistema judicial acerca de cuál debía ser la respuesta penal frente a un joven radicalizado por el terrorismo islamista.
El núcleo del debate jurídico se encuentra ahora en el artículo 61 de la Ley de Tribunales de Menores (Jugendgerichtsgesetz, JGG), que permite al tribunal aplazar la decisión definitiva sobre la suspensión de la ejecución de una pena juvenil -la denominada coloquialmente Vorbewährung– para comprobar si el condenado demuestra que la reinserción sigue siendo posible. En aplicación de ese mecanismo, Abdul B. quedó en libertad con la obligación, entre otras medidas, de participar en un programa de desradicalización del Violence Prevention Network. Según los responsables de esa organización, había mantenido dos entrevistas preliminares y no había mostrado indicios concretos de una violencia inminente.
Es precisamente ese modelo el que comienza ahora a ponerse en cuestión. El debate ya no consiste únicamente en determinar si un juez acertó o se equivocó. La cuestión de fondo es si uno de los principios esenciales del derecho penal juvenil alemán -priorizar la reinserción cuando existe una expectativa razonable de recuperación del condenado- sigue siendo adecuado para afrontar delitos de terrorismo cometidos por jóvenes adultos.
Las primeras propuestas políticas apuntan ya en esa dirección. El presidente de las Juventudes de la CDU, Johannes Winkel, propone excluir a los Gefährder (personas bajo vigilancia) del ámbito del derecho penal juvenil. La senadora berlinesa de Justicia, Felor Badenberg, reclama revisar científicamente los criterios que permiten aplicar ese régimen especial a los jóvenes de entre 18 y 21 años. Y Sven Schulze pretende elevar el debate al conjunto de los Länder para estudiar una eventual reforma del marco legal.
El experto en terrorismo Peter Neumann introduce un elemento de equilibrio. Considera que el derecho penal antiterrorista alemán resulta relativamente benigno en comparación con otros países europeos y cree necesario revisar el sistema, aunque advierte de que los programas de desradicalización pueden funcionar cuando se aplican correctamente. El verdadero dilema consiste en determinar cuándo la expectativa de reinserción deja de ser compatible con la obligación del Estado de proteger a la sociedad.
Ese debate no surge en el vacío. Según la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, Alemania contabiliza actualmente 28.645 personas vinculadas al espectro islamista, de las que unas 9.110 son consideradas proclives a la violencia. En Berlín, el servicio regional de inteligencia sitúa ese entorno en torno a las 2.500 personas, con más de 900 catalogadas como violentas. El atentado del CSD no crea ese problema; lo devuelve al centro de la agenda política en vísperas de un septiembre electoral en el que la seguridad y la inmigración amenazan con convertirse en los grandes ejes de la campaña.
La posición de AfD apenas ha variado. La presidenta del partido en Berlín, Kristin Brinker, volvió a responsabilizar a la política migratoria de los últimos años y reclamó el fin del «trato complaciente con los islamistas violentos», mientras que Alice Weidel limitó su primera reacción a expresar sus condolencias a las víctimas. La formación no necesita construir un relato nuevo. Lleva años defendiendo ese marco de interpretación.
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