Impulsar la competitividad de la banca de la UE pasa, para la Comisión Europea, por una mezcla de más mercado único y reducir cargas administrativas y solapamientos burocráticos que acaban en mayores requerimientos de provisiones y capital. Eso es, en resumen, lo que concluye el informe sobre la competitividad del sector bancario que ha presentado este viernes el Ejecutivo de la UE en el que hay una carga de profundidad contra los Gobiernos nacionales por “las intervenciones injustificadas a nivel nacional que obstaculizan con demasiada frecuencia” fusiones entre entidades. Bruselas anuncia acciones para evitarlas. Y advierte de que en unos meses volverá a la carga con un nuevo proyecto de seguro de depósitos común, que sustituya al que se proyectó en 2015 y que sigue varado en el Consejo de la UE.
La Comisión Europea anuncia que presentará un nuevo proyecto de fondo común de depósitos ante el fracaso de la anterior propuesta
Impulsar la competitividad de la banca de la UE pasa, para la Comisión Europea, por una mezcla de más mercado único y reducir cargas administrativas y solapamientos burocráticos que acaban en mayores requerimientos de provisiones y capital. Eso es, en resumen, lo que concluye el informe sobre la competitividad del sector bancario que ha presentado este viernes el Ejecutivo de la UE en el que hay una carga de profundidad contra los Gobiernos nacionales por “las intervenciones injustificadas a nivel nacional que obstaculizan con demasiada frecuencia” fusiones entre entidades. Bruselas anuncia acciones para evitarlas. Y advierte de que en unos meses volverá a la carga con un nuevo proyecto de seguro de depósitos común, que sustituya al que se proyectó en 2015 y que sigue varado en el Consejo de la UE.
“Simplificar las normas y hacerlas más proporcionales importa, pero no será suficiente. Los bancos europeos necesitan las condiciones adecuadas para crecer, consolidarse y competir globalmente”, ha proclamado la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque.
La fragmentación excesiva del mercado bancario europeo es uno de los grandes obstáculos que se encuentran las entidades financieras en la UE para ser más competitivas y poder competir con los gigantes estadounidenses del sector, como JPMorgan o Bank of America. Para reducirla, la Comisión plantea en su informe medidas que permitan a los grupos bancarios transfronterizos gestionar de forma más eficaz sus filiales, como, por ejemplo, buscando armonizar leyes de quiebra, de protección del consumidor o todavía más con el blanqueo de capitales, aprovechando la creación reciente de la autoridad europea (AMLA, por sus siglas en inglés).
También señala la consolidación del sector, especialmente en operaciones transfronterizas, a través de fusiones. Apunta que los nuevos criterios sobre operaciones corporativas que pronto tendrá listos la Comisión Europea −los está ultimando el departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera− “darán guías claras a los Estados sobre cuándo ellos pueden intervenir”. No obstante, esto no será suficiente si los Gobiernos nacionales mantienen la actitud vista recientemente. Por ejemplo, Italia vetó la compra de BPM por Unicredit pese a que la magnitud de la operación hacía recaer todo su examen en las autoridades comunitarias. También con España ha habido graves discrepancias por el papel del Ejecutivo en el fallido intento de compra de Sabadell por parte del BBVA.
Para evitar que esto siga sucediendo, la Comisión anuncia que recurrirá a todas las herramientas que los tratados ponen a su disposición. Una de ellas son los procedimientos de infracción, como ha hecho en los casos de España e Italia. Pero en estos casos recurrió a estos casos tarde, cuando los Gobiernos ya habían obstaculizado sendas operaciones que no salieron adelante. La gran prueba de fuego para esto, sin embargo, llegará si Unicredit sigue avanzando en la toma de Commerzbank, puesto que las autoridades alemanas son contrarias a que el primer banco italiano se haga con el segundo germano.
No es este el único obstáculo que hay para que las fusiones bancarias avancen. También lo hay por las exigencias de capital y liquidez que reclama cada país a las filiales que hay en su territorio. “Esta característica impide que dichos grupos gestionen una mayor parte de estos recursos de forma centralizada a nivel del grupo, lo que limita su eficiencia”, asume la Comisión. “Se ha estimado que la eliminación de las restricciones sobre la liquidez mantenida en las filiales transfronterizas de los grupos bancarios de la UE liberaría unos 230.000 millones de euros en activos líquidos de alta calidad”, apunta el Ejecutivo de la UE, haciéndose eco de un informe del BCE.
También Italia y Alemania son clave para que la Comisión tenga que presentar un nuevo proyecto de seguro de depósitos. Las posturas irreconciliables de ambos países ha hecho inviable que la propuesta que la Comisión lanzó en 2015, la única que falta para completar la Unión Bancaria tal y como se planteó durante la crisis financiera, vea la luz. Ahora anuncia una propuesta nueva para comienzos del próximo año. El objetivo último será “garantizar que la quiebra de un grupo transfronterizo no genere distorsiones en los distintos Estados miembros ni responsabilidades para los sistemas de garantía de depósitos y los presupuestos nacionales”. Se trata, en definitiva, de evitar que los mercados perciban las entidades de un país como más seguras que las de otro porque en el último eslabón de la cadena, en caso de quiebra, hay un tesoro público con más margen fiscal para responder.
En el lado de las cargas administrativas y la burocracia, la Comisión plantea que haya más coordinación entre las diferentes autoridades y supervisores bancarios. Una queja habitual de las entidades es que en ocasiones se superponen las competencias de la Junta Única de Resolución, el Mecanismo Único de Supervisión, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales y eso tiene como consecuencia más provisiones o demandas de capital que no acaban en préstamos o créditos, es decir, menos volumen de negocio. Las cifras que manejan algunos de estos organismos apuntan a que el coste para el sector de las obligaciones de reportar información suponen 11.200 millones de euros, según la EBA.
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