Hace diez años, Brock Turner, estudiante y deportista de la prestigiosa Universidad de Stanford, en California, fue condenado por tres delitos graves de agresión sexual contra una mujer inconsciente, a quien agredió, a la vista de testigos, detrás de un contenedor de basura tras una fiesta de una fraternidad en el campus.
La denuncia de una exalumna por una violación en grupo ocurrida hace dos años pone de manifiesto cómo las instituciones educativas y judiciales fallan a las víctimas y protegen a los agresores
Hace diez años, Brock Turner, estudiante y deportista de la prestigiosa Universidad de Stanford, en California, fue condenado por tres delitos graves de agresión sexual contra una mujer inconsciente, a quien agredió, a la vista de testigos, detrás de un contenedor de basura tras una fiesta de una fraternidad en el campus.
Su sentencia, de seis meses, de los que solo cumplió tres antes de ser puesto en libertad por “buen comportamiento”, conmocionó a toda la nación. El juez argumentó que un castigo mayor habría tenido un impacto “grave” en el agresor. Muchos, incluida la víctima, tacharon la condena de demasiado clemente. El fiscal del distrito encargado del caso afirmó entonces: “La pena no se ajusta al delito”.
Una década después, otra denuncia por violación presentada por una exalumna de otra universidad de élite estadounidense, Cornell, ha vuelto a poner en el foco de la conversación nacional cómo instituciones educativas y judiciales están fallando a las víctimas a la hora de abordar la violencia sexual en los campus universitarios, y cómo acaban protegiendo a los agresores.
El caso de Stanford en 2016 sirvió para echar gasolina al debate público sobre la violencia sexual hacia las mujeres un año antes de que estallara el movimiento #MeToo. Hoy, aunque el escenario social es otro, la realidad de fondo no ha cambiado. Según expertas consultadas por EL PAÍS, la acusación contra la Universidad de Cornell pone de manifiesto que la violencia sexual sistemática en estos campus y la posterior “traición institucional” siguen siendo un problema persistente que puede en ocasiones quedar impune.
Para Kenyora Johnson, directora ejecutiva de End Rape on Campus, una organización nacional que presta apoyo a víctimas de agresiones sexuales en las universidades de EE UU, uno de los aspectos más desgarradores del caso de Cornell es lo “familiar” que le resulta, y los paralelismos con sucesos como el de Stanford.
“Estos casos captan nuestra atención por un momento, pero la violencia sexual no solo existe cuando el país le presta atención”, dijo en una entrevista telefónica.
Los datos apuntan a que en torno a una de cada cuatro universitarias en EE UU sufre una agresión sexual, ya sea consumada o en intento. En 2019, la Asociación de Universidades de Estados Unidos (AAU, por sus siglas en inglés) preguntó a casi 182.000 estudiantes de 33 universidades y encontró que el 26,4% de las mujeres había sufrido algún tipo de contacto sexual no consentido, ya fuera a través de la fuerza física o porque no tuvieran capacidad para consentir.
En un país donde las fraternidades y hermandades son una tradición universitaria muy arraigada, las mujeres que forman parte de estas asociaciones tienen entre cuatro y seis veces más probabilidades de sufrir violencia sexual durante su paso por la universidad, según diversos estudios.
La víctima de Cornell pertenecía a una hermandad y sus presuntos agresores, a una fraternidad. Ella —que ha preferido permanecer en el anonimato y usar el seudónimo Jane Doe— denuncia que siete miembros de la fraternidad Chi Phi la agredieron sexualmente durante casi siete horas mientras ella se encontraba bebida y drogada; y que la agresión tuvo lugar en la vivienda de la fraternidad en el campus en octubre de 2024, cuando la víctima tenía 20 años.
Doe presentó en septiembre una demanda contra Cornell y los siete presuntos agresores citando “negligencia” en el manejo de su caso. En ella, detalla tanto las agresiones que sufrió como la omisión “deliberada o intencionada” por parte de la universidad de protegerla de las mismas.
La mujer ya había denunciado lo ocurrido ante las autoridades de la universidad en noviembre de 2024, menos de un mes después de la agresión que relató. Esta semana han salido a la luz documentos que demuestran que Doe aseguró entonces ante la policía privada del campus: “Puedo afirmar con total seguridad que me violaron”.
Sin embargo, en la declaración de la víctima, que fue reformulada por los agentes universitarios y enviada al fiscal correspondiente, esa denuncia central no estaba incluida. La Fiscalía decidió en ese momento no presentar cargos contra los presuntos agresores por falta de pruebas.
La revelación de las discrepancias entre lo que la víctima contó a la policía del campus y lo que finalmente llegó al despacho del fiscal desató una nueva ola de indignación en un caso que ya había sacudido al país.
Como consecuencia, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, nombró como fiscal especial del caso a Letitia James, la fiscal general del Estado, quien llevó a Donald Trump a juicio por fraude financiero en 2022. Un juez de Nueva York terminó imponiendo al republicano una sanción de unos 454 millones de dólares.
La “traición institucional”
Las expertas consultadas por este periódico indican que, a pesar de la indignación pública que sigue inmediatamente después de que se hagan públicos casos como el de Cornell, en las universidades persiste “una cultura en la que se culpa a las víctimas”. También se usa el alcohol como justificación y las instituciones educativas priorizan proteger su reputación por encima del bienestar de las denunciantes.
Todo esto se traduce en una “traición institucional”, un concepto acuñado por la psicóloga e investigadora Jennifer Joy Freyd. Freyd, profesora de Psicología y de Estudios de Género, es fundadora y presidenta del Centro para el Valor Institucional, una institución dedicada a promover el entendimiento sobre la traición institucional y cómo abordarla.
La traición institucional ocurre cuando organizaciones en las que se deposita confianza —como universidades— perjudican a las personas que dependen de ellas, ya sea al cometer actos indebidos o al no prevenir los abusos o la violencia ni responder de manera adecuada.
En el caso de Cornell, destaca Freyd en una entrevista telefónica, la universidad parece haber incurrido en una traición institucional en dos frentes. En primer lugar, no hizo todo lo que estaba en sus manos para prevenir que ocurriera la violación.
“Cuando analizamos la traición institucional en los campus, uno de los aspectos que evaluamos es si la universidad crea un entorno en el que es probable que se produzcan este tipo de sucesos”, explica Freyd. Puesto que los datos demuestran que las fraternidades y hermandades son lugares donde el riesgo es mucho mayor, permitir que estas sigan siendo una parte integral de los campus es un fallo importante, según la investigadora.
“Algunas universidades han eliminado estas organizaciones, pero Cornell y la mayoría de las universidades han hecho la vista gorda ante la situación”, apunta. Freyd, que lleva 30 años investigando sobre estas cuestiones, admite que antes pensaba que “las fraternidades y las hermandades femeninas podían reformarse”. Ahora, “tras haber sido testigo de la incapacidad para reformarlas durante tanto tiempo”, cree que deben ser abolidas.
El segundo frente en el que Cornell como institución falló a Jane Doe fue en el manejo de su denuncia inicial. Ahora se sabe que no transmitió con exactitud las declaraciones de la víctima a las autoridades correspondientes para la consideración de una investigación penal contra los acusados, que finalmente fue descartada.
Es algo que la propia gobernadora Hochul destacó al anunciar el nombramiento de la fiscal especial para llevar a cabo una nueva investigación sobre lo ocurrido. “¿En qué mundo la policía toma conocimiento por parte de una víctima de que fue literalmente violada en grupo (…) y no eleva esas alegaciones al fiscal de distrito?”, se preguntó la regidora en una conferencia de prensa este viernes, citando “interrogantes preocupantes” en el manejo del caso por parte de la universidad.
“El fiscal declinó luego presentar cargos sobre la base de testimonio incompleto y nunca la entrevistó”, agregó Hochul.
“Cuando una institución falla a las víctimas, sobre todo en esos aspectos tan básicos, les está enseñando a ser cautelosas, y eso supone una capa más de daño para ellas”, opina Johnson, de End Rape on Campus.
De acuerdo con Johnson, “la traición institucional cobra tanta importancia en este debate porque las instituciones no solo tienen la responsabilidad de crear recursos; tienen la responsabilidad de asegurarse de que esos recursos funcionen realmente para quien los necesita”.
De lo contrario, se acaba revictimizando a quien denuncia las agresiones y quien ya debe someterse a un proceso difícil y arduo cuando logra tomar el paso de denunciar.
Además, tiene un efecto dominó en otras víctimas. “Supervivientes del pasado, del presente y del futuro: todas estamos atentas a Cornell, a Stanford, a todas las universidades”, dice Johnson. “Cada vez que uno de estos casos sale a la luz, las víctimas se plantean si estos sistemas son lo suficientemente seguros como para confiar en ellos”.
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