Condenado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación

La justicia ha asestado un golpe directo al entorno personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su hermano, David Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha impuesto la misma pena a otros nueve acusados, mientras que Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y anterior líder del PSOE extremeño, es el único condenado a 18 años de inhabilitación al atribuirle dos delitos de prevaricación. El tribunal ha descartado el tráfico de influencias, delito que era el núcleo de la investigación y sobre el que los magistrados concluyen por unanimidad que no se ha acreditado. Otras acusaciones incluidas en la denuncia inicial del pseudosindicato Manos Limpias que fue el origen de la causa en 2024, como las de delito fiscal, ya quedaron descartadas durante la instrucción de la causa.

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 La Audiencia de Badajoz descarta el tráfico de influencias e impone 18 años de inhabilitación al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo  

La justicia ha asestado un golpe directo al entorno personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su hermano, David Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha impuesto la misma pena a otros nueve acusados, mientras que Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y anterior líder del PSOE extremeño, es el único condenado a 18 años de inhabilitación al atribuirle dos delitos de prevaricación. El tribunal ha descartado el tráfico de influencias, delito que era el núcleo de la investigación y sobre el que los magistrados concluyen por unanimidad que no se ha acreditado. Otras acusaciones incluidas en la denuncia inicial del pseudosindicato Manos Limpias que fue el origen de la causa en 2024, como las de delito fiscal, ya quedaron descartadas durante la instrucción de la causa.

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