El gran decreto de vivienda con el cual el Gobierno pretendía terminar el curso tendrá que esperar. Quedan flecos por cerrar, que responden en buena medida a la distancia que separa a los dos extremos del bloque de investidura, Junts y Podemos, y que han llevado al Ejecutivo a aplazar la aprobación del texto a la vuelta del verano. Los socios de la coalición, sin embargo, asumen el retraso como un tropiezo sin más trascendencia, a pesar del revés que supone para la hoja de ruta que La Moncloa había diseñado como cierre del curso político. Tanto el PSOE como Sumar se muestran optimistas y aseguran que hay margen para negociar y alcanzar un consenso sobre un asunto de máxima urgencia para la ciudadanía.
El PSOE, que se volcará en limar las diferencias entre las dos formaciones y del partido de Belarra con el PNV, confía en que la batería de medidas saldrá adelante a la vuelta del verano
El gran decreto de vivienda con el cual el Gobierno pretendía terminar el curso tendrá que esperar. Quedan flecos por cerrar, que responden en buena medida a la distancia que separa a los dos extremos del bloque de investidura, Junts y Podemos, y que han llevado al Ejecutivo a aplazar la aprobación del texto a la vuelta del verano. Los socios de la coalición, sin embargo, asumen el retraso como un tropiezo sin más trascendencia, a pesar del revés que supone para la hoja de ruta que La Moncloa había diseñado como cierre del curso político. Tanto el PSOE como Sumar se muestran optimistas y aseguran que hay margen para negociar y alcanzar un consenso sobre un asunto de máxima urgencia para la ciudadanía.
El Gobierno llevaba semanas negociando el decreto, un paquete de medidas a la carta que fuera capaz de satisfacer las inquietudes (o, al menos, que les impidera votar en contra) de todas las formaciones del bloque de investidura, que tienen intereses dispares y en ocasiones contrapuestos. El objetivo era —y sigue siendo— abordar distintos frentes para evitar otra derrota en las Cortes, como ocurrió en abril con la prórroga de los alquileres, y dar respuestas a una crisis cada vez más acuciante. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, apremió al PSOE a volver a presentar medidas en la materia después de que las derechas (PP, Vox, Junts y UPN) tumbaran aquel texto. El PNV se abstuvo.
Con estos mimbres, Sumar adelantó la semana pasada que el contenido del decreto estaba consensuado con el PSOE. Los socialistas, a diferencia de su socio minoritario, siempre fueron remisos a dar por seguro que se aprobaría este martes, en el último Consejo de Ministros ordinario antes del parón de agosto. El anuncio, lejos de disipar las dudas sobre la solidez del acuerdo, generó nerviosismo y terminó poniendo de relieve precisamente lo contrario: que todavía hay cuestiones pendientes de cerrar. Sobre todo para Junts y Podemos.
Las mayores resistencias se concentran entre ambos partidos. Las posiciones de las que parten están muy alejadas. Mientras los primeros reclaman medidas más contundentes para limitar los precios del alquiler, frenar la especulación y proteger a los inquilinos de los desahucios, los segundos recelan de la intervención estatal en el mercado (aunque en su día apoyaron la ley de control de precios en Cataluña, que luego tumbó el Constitucional), exigen una mayor defensa de los pequeños arrendadores y un enfoque centrado en el aumento de la oferta.
Ante estas pretensiones, el Ejecutivo ha estado estudiando cómo lograr la cuadratura del círculo. A la moratoria de los alquileres, gran reivindicación del bloque de izquierdas, ha aparejado bonificaciones fiscales en el IRPF para los caseros, como piden los de Carles Puigdemont. El PNV, por su parte, demanda que el decreto incluya la regulación de los alquileres de temporada y la modificación de la ley del suelo, entre otras cosas. Una pretensión, esta última, cuestionada por la formación de Ione Belarra.
Fuentes de Podemos, partido cuya prioridad es la prórroga de los alquileres y la moratoria de los desahucios, insistían este lunes en que la reforma de la ley del suelo es una línea roja que no aceptarán: “Estaremos vigilantes para que el futuro decreto, si realmente se lleva a Consejo de Ministros, no se introduzca ningún cambio en dicha ley”.
Junts también reaccionó a la decisión del Gobierno de posponer el decreto. Solicitó “un giro de 180 grados en políticas de vivienda” y volvió a presentar su receta para dar respuesta al problema, que incluye bajadas de impuestos en alquileres, hipotecas y cuentas de ahorro para la vivienda y más inversión en el parque residencial público. “De nuevo nos pedirán un sí o un no a un paquete entero de medidas mezcladas, como si la vivienda fuera un todo o nada”, escribió en X la portavoz del partido, Míriam Nogueras.
Pese a estos tonos broncos, fuentes del Gobierno aseguran que las posiciones se han acercado. El diálogo con el PNV es positivo, Junts sigue en la mesa de negociación y PSOE y Sumar confían en atraer a Podemos con medidas para los hogares más vulnerables y que no lleve hasta el final su veto a la reforma de la ley del suelo. El grupo independentista aceptaría la prórroga de los alquileres, aunque reclame más medidas fiscales, algún cambio en materia de los desahucios y la regulación de los alquileres de temporada.
La crisis de acceso a la vivienda es cada vez más apremiante. La escasez de casas —un déficit que el Banco de España ha elevado a 750.000 unidades entre 2021 y 2025— y la escalada sin tregua de los precios han convertido la emergencia residencial en el principal rompecabezas de la sociedad, según demuestran las encuestas y las constantes protestas de los ciudadanos. Pero no hay soluciones mágicas, menos aún ante un problema que lleva años enquistado, polifacético y que necesita acercar las posturas tan distantes que coexisten en el bloque de investidura.
Esta gravedad es también una de las razones por las cuales el Gobierno confía en alcanzar un acuerdo. En este sentido, fuentes del Ejecutivo aseguran que hay buena voluntad por parte de los grupos políticos, conscientes de que hay que encontrar soluciones a un problema que está ahogando a los ciudadanos. Alcanzar un consenso también podría ser positivo de cara al superciclo electoral del próximo año, en el que se celebrarán elecciones generales, pero también municipales y autonómicas en la mayoría de las comunidades.
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