El Congreso ha aprobado este jueves el dictamen para la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, por lo que se votará el próximo martes en el pleno. Una de las enmiendas aprobadas en la Comisión de Derechos Sociales obliga al Gobierno a financiar, al menos, el 50% del sistema de dependencia. La actual norma no especifica la inversión del Ejecutivo, sino que estipula que la aportación de cada CC AA debe ser, como mínimo, igual a la de la Administración General del Estado. De ratificarse la próxima semana, la inversión para dependencia quedaría blindada por ley. La gestión de la dependencia es de competencia autonómica y esta contribución económica, una de las principales reivindicaciones de los ejecutivos regionales.
El Congreso ha aprobado el dictamen y se votará en el pleno el próximo martes, junto a un decreto de financiación de 6.200 millones de euros
El Congreso ha aprobado este jueves el dictamen para la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, por lo que se votará el próximo martes en el pleno. Una de las enmiendas aprobadas en la Comisión de Derechos Sociales obliga al Gobierno a financiar, al menos, el 50% del sistema de dependencia. La actual norma no especifica la inversión del Ejecutivo, más allá de igualar la aportación realizada por las comunidades. De ratificarse la próxima semana, la inversión para dependencia quedaría blindada por ley. La gestión de la dependencia es de competencia autonómica y esta contribución económica, una de las principales reivindicaciones de los ejecutivos regionales.
El proyecto de reforma ha entrado en la recta final de su recorrido parlamentario, un año después de aprobarse en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo, en busca de apoyos, ha hecho coincidir esta votación con la de un Real decreto ley que aporta 6.200 millones de euros a las autonomías, justamente para el área de dependencia. Anunciado por el Gobierno a finales de junio, esta inyección económica duplicará, hasta final de 2027, la partida actual.
De aprobarse este decreto, ya se cubriría la mitad del coste del sistema. Aunque aún no es obligatorio por ley, era un compromiso del acuerdo de legislatura entre el PSOE y Sumar. Ahora, esta promesa ha sido incorporada como enmienda a la reforma de la ley para impedir recortes en el futuro. En 2024, el ministerio aportó, de media, el 27% de la financiación para dependencia, con variaciones entre CC AA.
El resultado de que todo esto se apruebe dependerá del apoyo o la abstención de Junts o del Partido Popular. En Comisión, el PP ha votado en contra, a pesar de que distintos consejeros populares han reclamado esta inversión del 50% en los últimos meses. Además, los conservadores han retirado todas sus enmiendas.
Su ponente, Enrique Belda Pérez Pedrero, ha pedido al Gobierno que para contar con su apoyo, debe aclarar cómo solventará el gasto público más allá del 2027. “Estamos viendo esa lluvia de millones, pero necesitamos la certeza del mantenimiento de cara al futuro. Queremos saber si se pueden mantener estas prestaciones”, ha dicho. ”Nos subimos al barco en el momento en que ustedes reflejen fuentes de financiación previstas a partir del año que viene y sucesivos, sobre estimaciones reales de beneficiarios”, ha agregado.
Por su parte, Junts ha celebrado en un comunicado que se hayan incorporado a la ley “las dos condiciones que había fijado como imprescindibles para apoyar la norma”: la garantía de que el Estado financiará la mitad y “el respeto íntegro a las competencias de la Generalitat”. En el texto, el grupo considera que “se atienden las principales reivindicaciones históricas de Cataluña respecto a la ley aprobada en 2006 y se resuelven las carencias estructurales”.
Desde el Ministerio insisten en que esta es una “refundación del sistema de cuidados”, que hoy adolece de largos procesos burocráticos, baja calidad de los servicios y malas condiciones laborales del sector, con una gran demanda de profesionales. Según el informe de junio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 255.302 personas se encuentran en las listas de espera de la dependencia. Además, en lo que va de año, 15.450 personas han fallecido esperando a ser valoradas o a recibir la prestación a la que tenían derecho.
Unos 1,7 millones de beneficiarios cuentan con una prestación efectiva, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y el número continuará creciendo en línea con el envejecimiento demográfico y los cambios en la composición de las familias. El ministro de Derechos sociales, Pablo Bustinduy, argumentó en la última presentación trimestral de resultados del sistema de dependencia: “Igual que en el siglo XX fue la construcción de un sistema público de pensiones, sanitario y educativo, el sistema de cuidados es la principal tarea que afrontan los estados sociales en Europa y en el mundo”.
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