La ministra de Educación se ha pronunciado este jueves sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña de desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra, desarmados y de paisano, pero de forma estable, en un pequeño grupo de centros educativos, la mayor parte de ellos de secundaria. “Lo que tiene que hacer la Generalitat es explicarlo para que se entienda”, ha dicho Milagros Tolón. La ministra ha evitado pronunciarse sobre la cuestión de fondo, que genera rechazo en la mayor parte de la comunidad educativa, argumentando que desconoce “la letra pequeña”.
La FP privada deberá garantizar prácticas formativas, una parte de clases presenciales, incluso si es ‘online’, y un mínimo de profesores e infraestructuras
La FP privada deberá garantizar prácticas formativas, una parte de clases presenciales, incluso si es ‘online’, y un mínimo de profesores e infraestructuras


La ministra de Educación se ha pronunciado este jueves sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña de desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra, desarmados y de paisano, pero de forma estable, en un pequeño grupo de centros educativos, la mayor parte de ellos de secundaria. “Lo que tiene que hacer la Generalitat es explicarlo para que se entienda”, ha dicho Milagros Tolón. La ministra ha evitado pronunciarse sobre la cuestión de fondo, que genera rechazo en la mayor parte de la comunidad educativa, argumentando que desconoce “la letra pequeña”.
Su comentario, que ha hecho en un acto organizado por la agencia de noticias Europa Press en Madrid, parece reflejar la incomodidad que la medida y la forma de justificarla por parte del Govern generan en el ministerio, y al mismo tiempo el cuidado con el que ha optado por afrontar una polémica que afecta a una de las pocas comunidades autónomas que gobiernan los socialistas.
La controversia en torno a la medida sigue, entre tanto, aumentando en Cataluña, donde, salvo Vox y el PP, los partidos se opusieron este miércoles a la misma en un debate en el Parlament. Cuatro de los 14 centros educativos elegidos para participar en el plan piloto (tres en Vic y otro en L’Hospitalet) han pedido no hacerlo, después de aprobarlo por amplia mayoría sus claustros, y hay otros en proceso de hacer lo mismo. Este lunes ya hubo concentraciones de protesta a las puertas de dos de los centros.
La Generalitat ha asegurado que la medida había sido solicitada por algunos de los centros y que, en todo caso, la participación en el programa será opcional. Fuentes de los centros que han votado en contra de la medida afirman, por su parte, que les ha sido “impuesta”.
La ministra también ha subrayado, como adelantó en una entrevista con EL PAÍS, que los centros privados de Formación Profesional deberán garantizar un mínimo de enseñanza presencial, cuando su modalidad sea online, algo especialmente importante en aquellas como las sanitarias que dan acceso a profesiones reguladas. Y que todo el alumnado deberá tener garantizada la realización de prácticas formativas en empresas. Tolón ha asegurado que el real decreto que prepara el Gobierno no va contra la enseñanza privada de la FP (que ha alcanzado los 1.181.272 alumnos después de que su oferta de plazas haya crecido el doble de rápido que la de la enseñanza pública en los últimos seis años), pero que los ciclos formativos no pueden impartirse “en garajes ni en zonas no acondicionadas”, y no se puede permitir “que algunos centros sean auténticos chiringuitos” que ofrecen diplomas “sin calidad”.
Tolón ha añadido lo que parece unas condiciones mínimas de tamaño para los nuevos centros, al apuntar que deberán ofertar un número mínimo de ciclos en determinadas familias profesionales. Se fijará también un número mínimo de profesorado y de estructura directiva para los centros. El decreto, ha añadido, no afectará a los centros privados concertados (que suponen una parte pequeña del total), en los que las comunidades autónomas, que son las que los financian, son las garantes de su calidad.
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