La Inspección de Trabajo realizó el pasado año 37.386 actuaciones para controlar las irregularidades en materia de tiempo de trabajo, en las que detectó 14.728 infracciones. Esto llevó al organismo a imponer sanciones a los empresarios infractores por un valor de 15,7 millones de euros. Una cuantía que demuestra la escasa capacidad disuasoria de la actual normativa a juicio de los sindicatos, que calculan que los empresarios ahorran anualmente 3.378 millones de euros en cotizaciones sociales y salarios con las horas extra impagadas, que apenas se han reducido en los últimos años.
Las multas de la Inspección pasan de 5,3 millones en 2018 a 15,7 en 2025 mientras volumen de tiempo no compensado se mantiene estable. Los sindicatos calculan un ahorro empresarial de 3.378 millones
La Inspección de Trabajo realizó el pasado año 37.386 actuaciones para controlar las irregularidades en materia de tiempo de trabajo, en las que detectó 14.728 infracciones. Esto llevó al organismo a imponer sanciones a los empresarios infractores por un valor de 15,7 millones de euros. Una cuantía que demuestra la escasa capacidad disuasoria de la actual normativa a juicio de los sindicatos, que calculan que los empresarios ahorran anualmente 3.378 millones de euros en cotizaciones sociales y salarios con las horas extra impagadas, que apenas se han reducido en los últimos años.
España estableció en 2019 la obligatoriedad para todas las empresas de llevar un registro horario de la jornada de todos sus trabajadores, para que la Inspección y los propios empleados pudieran justificar los abusos horarios por parte de las compañías. Desde entonces la cuantía total de las multas se ha multiplicado por tres, pasando de 5,3 millones impuestos a las compañías infractoras en 2018,el último ejercicio antes de la implantación de la medida, a 15,7 millones en 2025. Y en el último año aumentó especialmente el número de trabajadores afectados por infracciones empresariales en la materia, pasando de los 178.456 de 2024 a 252.500 en 2025.
Pero la presión sancionadora apenas parece haber frenado el número de horas extra que se hacen sin pagar, que CC OO estipula en una media de 2,54 millones a la semana, según los registros de la EPA. En la serie estadística, que presenta altibajos debido a la estacionalidad del mercado laboral, el volumen semanal de horas impagadas se mantiene entre los 2,5 y los 3 millones en todos los trimestres desde finales de 2016. Y el porcentaje de horas extra impagadas sobre el total de las que se hacen es del 43%, el mismo que en 2018.
Por eso los sindicatos consideran que las multas no son disuasorias e incluso salen rentables para las empresas infractoras. Para ello exhiben la enorme diferencia entre el volumen de sanciones y el valor estimado de las horas extra impagadas, que CC OO calcula también a partir de fuentes oficiales. Mientras las multas permanecen estancadas en una horquilla entre 15 y 17 millones de euros anuales en los últimos años, el valor estimado por el sindicato de las horas extra sin compensar supera los 3.300 millones de euros anuales.
Esta es una de las circunstancias que hicieron que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentara endurecer el control horario en las negociaciones para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. El plan, que fracasó junto al resto del proyecto cuando el Congreso lo tumbó, incluía la obligación de que el registro fuera telemático y de acceso inmediato y remoto para la Inspección. Pero también un cambio del régimen sancionador para elevar las multas. Estas se imponen actualmente por empresa infractora, independientemente del número de trabajadores afectados por el incumplimiento, el nuevo plan pasaba a imponer la multa por por cada empleado, por lo que se encarecerían sustancialmente.
Además de la individualización de las multas —una de las principales cuestiones que llevó a la patronal a luchar para impedir la aprobación de la norma— el proyecto de ley de reducción de jornada recogía una elevación de las cuantías económicas. Trabajo aumentaba la multa a las empresas por cometer una infracción grave en esta materia de 751 a 1.000 euros en su grado mínimo; y de 7.500 a 10.000 euros en su grado máximo. Estos cambios habrían supuesto, por ejemplo, que la sanción mínima para una empresa de 50 trabajadores pasaría de un mínimo actual de 751 euros actuales a la posibilidad de llegar a medio millón de euros.
Tomando los datos de la Inspección de Trabajo, que en las 14.728 irregularidades detectadas el año pasado cuantifica en 252.500 los trabajadores afectados, se obtiene que por cada infracción hay una media de 17 trabajadores. Dicho de otra forma, a igual gravedad de las infracciones, las individualización de las multas multiplicaría por 17 el montante que tendrían que satisfacer las empresas.
Además, Trabajo trató de introducir en el proyecto fallido un nuevo supuesto, cuando el abuso horario implicase un riesgo para la salud del trabajador. En su grado de mayor gravedad, esta infracción se sancionaba con cerca de un millón (983.736 euros), aunque en este caso sí se impondría por empresa y no por cada empleado.
Endurecer el registro horario
Todos estos intentos se convirtieron en papel mojado porque el proyecto de ley de las 37,5 horas no llegó ni a pasar el primer trámite en el Congreso de los Diputados, donde fue rechazado por PP, Vox, Junts y UPN en el debate de enmiendas a la totalidad. Trabajo ha insistido desde entonces en aprobar un endurecimiento del registro horario por la vía reglamentaria, algo que no necesita la aprobación del Parlamento. Pero esta vía impide reformar el régimen de sanciones, ya que esto requeriría modificar la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (conocida por su acrónimo LISOS).
Ante la imposibilidad de elevar sustancialmente las multas, el departamento que encabeza Yolanda Díaz sí ha concretado en el desarrollo reglamentario que prepara una modificación que afecta a las horas extra: los trabajadores deberán hacer los asientos personalmente en el registro y diferenciar ellos mismos qué el tiempo de trabajo ordinario del que debe abonarse como extraordinario.
Fuentes de Trabajo aseguran que el departamento “está centrado en sacar adelante el registro horario” porque “es una herramienta que servirá para atacar de manera directa el fraude en las horas extraordinarias”. Y agregan que esperan aprobar el reglamento a principios de septiembre.
En el ministerio de Díaz también señalan que, aunque no pueda acometerse en el reglamento, no renuncian a endurecer el régimen sancionador. Y esa es la principal demanda de los sindicatos. El secretario de acción sindical de CC OO, Javier Pacheco, considera que la única vía disuasoria es hacer las multas individuales por cada trabajador. Y asegura que el sindicato va a intentar, a partir de septiembre, que el Gobierno modifique la LISOS a través de enmiendas en alguno de los proyectos de ley que se tramitan en el Parlamento.
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, está de acuerdo con la necesidad de individualizar las sanciones, pero echa un jarro de agua fría sobre las aspiraciones sindicales. “Será extremadamente complicado reunir los apoyos parlamentarios necesarios pasar sacar esta reforma adelante”, asegura.
Cómo se sanciona en Europa
El endurecimiento de las sanciones que pretenden Trabajo y los sindicatos por falsear o carecer de registro horario se encontraría entre las medidas más estrictas de Europa. Un trabajo comparativo de las distintas legislaciones laborales realizado por Eurofound señala otros países, como Austria o Rumania, donde las multas ya se ponen por cada empleado y no por empresa, aunque con cuantías en general más bajas. El régimen sancionador más severo es el de Finlandia, donde además de multas económicas, las violaciones de las leyes de tiempo de trabajo pueden castigarse con penas de cárcel de hasta seis meses.
Los autores del estudio de la organización que agrupa a patronales, sindicatos y Comisión Europea precisan que en países como Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Alemania no existe el derecho legal a recibir un pago adicional por horas extra (a menos que se acuerde por contrato o convenio colectivo). En esos territorios donde la regulación es más laxa, las sanciones dependen de lo estipulado en los convenios sectoriales o de empresa.
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