La historia tiene una mala costumbre: a veces vuelve para pasar factura.
Portugal ya ha respondido ante una tesitura similar: pasó de 79 colegios con concierto en 2016 a 27 en la actualidad
La historia tiene una mala costumbre: a veces vuelve para pasar factura.
Los conciertos educativos no nacieron en un escenario de abundancia ni como una apuesta para sustituir la enseñanza pública. Al contrario: en la narrativa de su formulación, en la década de 1980, se esgrimió la necesidad de garantizar la escolarización universal en un sistema que no disponía de suficientes plazas públicas para absorber toda la demanda existente. Su regulación llegó con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, aprobada durante el gobierno de Felipe González. El propio preámbulo de la ley describe un sistema educativo dual, con un sector público mayoritario y una red privada ya implantada, y concibe los conciertos como un mecanismo para asegurar puestos escolares gratuitos utilizando también centros privados existentes.
La idea política del pretexto que los justificó era relativamente sencilla: si el Estado no quería construir centros y contratar profesorado, podía financiar temporalmente aulas privadas para garantizar el derecho a la educación. Así pues, el origen del modelo concertado fue la universalización de la escolarización obligatoria y la insuficiencia de la red pública, si bien es cierto que no se quiso apostar por otro tipo de soluciones.
Aquí aparece el dilema: si los conciertos nacieron como respuesta a una falta de plazas, ¿qué ocurre cuando el problema deja de ser la falta de plazas y pasa a ser el exceso de ellas?
Porque Galicia ya no vive una explosión demográfica. Vive exactamente lo contrario. Los nacimientos llevan años cayendo y la comunidad se encuentra inmersa en una de las crisis de natalidad más profundas de su historia reciente, según datos del Instituto Galego de Estatística.
En muchos lugares ya hay más sillas que niños: solo en los 27 colegios públicos de la ciudad de A Coruña quedaron este año más de 220 plazas sin cubrir tras la matrícula, y la escena se repite en Vigo, Ferrol o Pontevedra. En muchos lugares no hay siquiera escuela. Y cuando hay menos alumnado, resulta inevitable reducir unidades. La cuestión no es si habrá que cerrar aulas; la cuestión es dónde. Y, por supuesto, ¿cuáles van a ser los criterios?
Desde una lectura estrictamente funcional de la filosofía que dio origen a los conciertos, podría defenderse que la prioridad debería ser preservar la capacidad de la red pública, creada, planificada y sostenida directamente por la Administración, utilizando la concertada como mecanismo complementario. Si la necesidad extraordinaria desaparece, también debería revisarse la dimensión de la solución extraordinaria, aplicando la misma lógica que sirvió para justificar el sistema en 1985.
Sin embargo, buena parte del debate educativo actual gira en torno a otra idea: la competencia entre centros por captar alumnado.
Y aquí la retranca gallega empieza a trabajar.
Durante décadas se explicó que la concertada era necesaria porque faltaban plazas públicas. Ahora que sobran plazas, el mensaje parece transformarse sutilmente: la concertada sigue siendo necesaria porque… porque sí. Porque existe. Porque siempre existió. Porque cuestionar su dimensión actual es poco menos que discutir las leyes de la gravedad. Pero la concertada, tal y como la conocemos, existe porque una ley de 1985 así lo decidió (y las leyes se pueden revisar).
Es una evolución curiosa. La excepción se convirtió en la regla y la regla pasa a veces por excepción.
Mientras tanto, el descenso de la natalidad continúa haciendo su trabajo silencioso. Los colegios de infantil pierden matrícula hoy. Los institutos sufrirán las consecuencias mañana. El alumnado que no entra ahora en tres años tampoco aparecerá por arte de magia en primero de la ESO dentro de una década.
Por eso resulta sorprendente que parte del debate público se concentre en cuestiones accesorias mientras la estructura demográfica está cambiando el sistema educativo.
Y cuando el alumnado disminuye de forma sostenida, llega un momento en el que las decisiones revelan las prioridades políticas. Porque mantener simultáneamente toda la oferta pública y toda la oferta concertada en un contexto de fuerte contracción demográfica es económicamente insostenible; la única cuestión es si el ajuste se hará con planificación o por inercia. Y no hablamos de una cuestión marginal: la concertada escolariza en Galicia en torno al 22% del alumnado y recibirá 334,5 millones de euros públicos en 2026. La reciente renovación de los conciertos blinda además cerca de 4.000 unidades escolares hasta el curso 2028-29; es decir, la dimensión de una de las dos redes ya quedó decidida por seis años, antes de cualquier debate.
La gran pregunta es, por lo tanto: ¿qué red debe absorber el impacto principal del descenso?
No es una cuestión ideológica menor. Es una cuestión de modelo.
Si los conciertos nacieron para complementar la red pública cuando esta era insuficiente, hay quien considera coherente que la red pública sea la última en retroceder cuando la demanda disminuye. Otros defienden que deben preservarse ambas redes en proporciones semejantes. Son posiciones diferentes, pero al menos conviene discutir el asunto partiendo de la historia real, de los datos demográficos y de la planificación educativa, y no de relatos simplificados.
Porque a veces da la impresión de que todos estamos mirando al dedo. El dedo son los cambios puntuales, las campañas de matrícula, los titulares anuales. La luna es mucho más grande: una comunidad que pierde el 43% de los nacimientos solo en los últimos 18 años, escuelas con plazas vacías y un sistema educativo diseñado para una Galicia que ya no existe.
Portugal, que padece el mismo invierno demográfico, ya respondió: pasó de 79 colegios con concierto en 2016 a 27 en la actualidad.
Y la historia, terca como pocas cosas en este mundo, sigue ahí recordando una pregunta simple:
Si los conciertos se crearon porque no había espacio en la escuela pública, ¿qué debería pasar cuando lo que faltan son niños?
Sociedad en EL PAÍS
