La sospecha de que el Gobierno prepara un fraude electoral con la incorporación masiva de los descendientes de exiliados y emigrantes españoles al censo de residentes en el extranjero (CERA), lanzada por Vox y alimentada por el PP, tropieza con la tozudez de los datos: la mayoría de los 2,4 millones de personas que han pedido cita para presentar su documentación en los consulados españoles con el objetivo de acceder a la nacionalidad al amparo de la llamada ley de nietos ni siquiera podrá entregarla antes del verano de 2027, fecha límite para la celebración de las próximas generales. Y la resolución del grueso de los expedientes derivados de la aplicación de esta norma no se producirá hasta bien entrada la próxima década en el mejor de los casos, según reconocen fuentes diplomáticas
El Consulado de Buenos Aires, el que más solicitudes ha recibido del mundo, seguirá recogiendo la documentación hasta 2030 o 2031
La sospecha de que el Gobierno prepara un fraude electoral con la incorporación masiva de los descendientes de exiliados y emigrantes españoles al censo de residentes en el extranjero (CERA), lanzada por Vox y alimentada por el PP, tropieza con la tozudez de los datos: la mayoría de los 2,4 millones de personas que han pedido cita para presentar su documentación en los consulados españoles con el objetivo de acceder a la nacionalidad al amparo de la llamada ley de nietos ni siquiera podrá entregarla antes del verano de 2027, fecha límite para la celebración de las próximas generales. Y la resolución del grueso de los expedientes derivados la aplicación de esta norma no se producirá hasta bien entrada la próxima década en el mejor de los casos, según reconocen fuentes diplomáticas
Ello se debe, agregan las mismas fuentes, a que la red consular está saturada por la avalancha de solicitudes y las medidas de refuerzo anunciadas por Exteriores o están pendientes de materializarse o llegan tarde para que los nuevos españoles puedan ejercer su derecho al voto en el próximo ciclo electoral. Lejos de producirse nacionalizaciones “a toda prisa”, como asegura el PP, el proceso avanza a un ritmo desesperadamente lento para los afectados.
Un caso paradigmático es el del Consulado General de España en Buenos Aires, el que más solicitudes para acogerse a la ley de nietos ―en realidad, una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática― ha recibido en todo el mundo: 645.052 desde el 22 de octubre de 2022 hasta el 22 de octubre de 2025, cuando se cerró definitivamente el plazo de admisión. Se trata de la cuarta parte de las que debe gestionar toda la red consular española. Hasta este mes de junio han podido presentar su documentación en el consulado de la capital argentina un total de 224.334 personas, poco más de un tercio de las que solicitaron cita; y se han resuelto 30.000 expedientes, el 13% de los iniciados y el 4,6% de los previstos.
¿Cuánto tardará el consulado de Buenos Aires en conceder la nacionalidad a quienes tienen derecho a ella? No hay una estimación, pero sí un antecedente: con la Ley de Memoria Histórica, que precedió a la actual, tardó 13 años en resolver 60.000 expedientes. Ahora debe hacer frente a una cifra diez veces superior.
Hay otros datos que evidencian que el proceso será muy largo y no fulgurante como pretende el PP: el consulado calcula que estará recogiendo documentación de personas que pidieron su cita antes del 22 de octubre de 2025 hasta el año 2030 o 2031, en función de las renuncias que se produzcan. Hasta marzo próximo ya tienen su cita 4.893 solicitantes y está previsto convocar a otros 13.000 entre abril y junio.
Una vez recogidos los documentos, estos deben ser verificados y evaluados antes de dictar la correspondiente resolución. Actualmente se resuelven unos 1.800 expedientes al mes, pero esta cifra no solo incluye a los beneficiarios de la ley de nietos sino también a los españoles residentes en la capital argentina que quieren inscribir a sus hijos en el Registro Civil. Se estima que algo más de la mitad de estas resoluciones, en torno a un millar, corresponden a descendientes de exiliados y emigrantes.
Eso supone que en los meses que restan como máximo hasta las generales podrían obtener la nacionalidad hasta 10.000 españoles en la demarcación consular de Buenos Aires, pero no todos tendrían derecho al voto, pues hay que restar a los menores de edad y tener en cuenta que el censo electoral se cierra entre dos y tres meses antes de la cita con las urnas, por lo que la incorporación de nuevos votantes al amparo de la ley de nietos será solo de algunos miles.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha insinuado que un puñado de electores pueden ser decisivos si el Gobierno los asigna a provincias donde hay escaños dudosos, pero no es el consulado el que decide en qué circunscripción vota el nuevo elector, sino que lo solicita él mismo, mediante un formulario dirigido a la oficina del censo electoral en el que debe justificar el motivo de su elección y aportar la documentación que lo acredite, siempre que no elija su último municipio de residencia en España, el de mayor arraigo o el de sus ascendientes.
La lentitud del proceso se debe a que el personal consular tiene que evaluar la documentación aportada, solicitar la que falte cuando sea incompleta y verificar su autenticidad con las autoridades que la expiden. Del centenar de empleados del consulado de Buenos Aires solo una quincena se ocupan del Registro Civil, lo que incluye no solo la aplicación de la ley de nietos sino también inscripciones de nacimiento, defunción, matrimonio, etcétera. Eso explica que, de 2022 a 2026, con la norma ya en vigor, la cifra de inscritos en la llamada matrícula consular solo aumentara en 21.293 personas, un 6,3%, hasta 359.273.
Está previsto reforzar la plantilla de Buenos Aires con 29 puestos temporales, pero es probable que parte de ellos los ocupen otros trabajadores en la misma situación próximos a acabar sus contratos. Además, se ha anunciado que Exteriores encargará a la empresa pública de ingeniería Ineco la digitalización de los expedientes, que ahora se manejan en papel. Esta medida podría agilizar en gran medida la tramitación de las nacionalizaciones, admiten las fuentes consultadas, pero llevará meses desarrollar una herramienta informática que permita el volcado de esta ingente cantidad de documentos, por lo que sus resultados no se verán antes de las elecciones.
Lo más sorprendente es que el PP dé por sentado que los votos de los españoles residentes en el exterior beneficiarán a la izquierda. En las elecciones generales de 2023, el voto CERA le sirvió al PP para arrebatar un escaño por Madrid al PSOE. Además, en mayo pasado se celebraron las elecciones al Consejo de Españoles Residentes en Buenos Aires. El censo para esa votación era el mismo que se utiliza para las elecciones en España: 327.000 electores. Aunque solo votó el 0,54% del total, el resultado sirve de sondeo sobre el mapa político de la colonia española en la capital argentina: de 15 puestos, el PP se llevó ocho (mayoría absoluta), el PSOE tres y una lista independiente cuatro.
Aviso de los expatriados españoles
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que representa a los más de tres millones de españoles que viven en el extranjero, ha mostrado su “firme rechazo” a cualquier medida que suponga limitar o dificultar su derecho al voto. El CGCEE, un órgano democrático y consultivo de la Administración española, subraya que la petición de Vox a la Junta Electoral Central para que se suspenda el voto por correo en el extranjero “implicaría en la práctica privar de este derecho a miles de ciudadanas y ciudadanos que residen a grandes distancias de consulados y embajadas” y vulneraría el artículo 68.5 de la Constitución, según el cual “la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España”.
En un comunicado, este consejo expresa también su “preocupación” por las declaraciones que cuestionan el acceso a la ciudadanía de los descendientes de exiliados y emigrantes españoles. “La nacionalidad obtenida al amparo de una ley vigente es un derecho plenamente legítimo y debe ser respetada sin reservas”, subraya. Los representantes de los expatriados españoles concluyen recordando a los partidos que “la ciudadanía española en el exterior merece respeto, reconocimiento y plena igualdad en el ejercicio de sus derechos democráticos”.
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