Las tensiones internas agravan la división en la coalición y el choque con Trump estalla: el americano ordena retirar 5.000 soldados de suelo alemán y advierte que serán muchos más. Los debates nacionales: inflación, presión migratoria y gasto en Defensa Leer Las tensiones internas agravan la división en la coalición y el choque con Trump estalla: el americano ordena retirar 5.000 soldados de suelo alemán y advierte que serán muchos más. Los debates nacionales: inflación, presión migratoria y gasto en Defensa Leer
En Alexanderplatz, corazón del Berlín unificado, la escena impacta. Bajo las vías elevadas del tren, en uno de los puntos más transitados, viven personas sin hogar. Algunos han colocado pequeños objetos personales -flores, alguna fotografía-, restos de una vida anterior que no volverán a recuperar. El consumo de alcohol y drogas es evidente. La presencia policial es constante, pero pasiva: no interviene, no desaloja. Alexanderplatz está a dos kilómetros de la Puerta de Brandeburgo, en el eje central de la capital y en el umbral del barrio gubernamental.
La percepción de deterioro en seguridad, orden y uso del espacio público en Berlín y otras grandes ciudades alemanas ha saltado del ámbito local al debate político. A menudo lo hace a través de referencias implícitas a la cuestión migratoria y a barrios donde la transformación demográfica es especialmente visible: comercios con rótulos en árabe y mujeres con velo islámico. El canciller Friedrich Merz lo expresó en términos abiertos: «La imagen de muchas ciudades alemanas ha cambiado». Y defendió la necesidad de «recuperar el orden y la capacidad de actuación en el espacio público», al tiempo que subrayó que «el Estado debe recuperar el control».
La reacción fue inmediata, incluida la del socio minoritario de la coalición, el SPD. Los sectores más a la izquierda exigieron al canciller que concretara qué entiende por una ciudad alemana, y Los Verdes le acusaron de alimentar lecturas estigmatizadoras. «Advertimos contra simplificar problemas sociales complejos y vincularlos de forma implícita a determinados grupos», señalaron desde el entorno ecologista.
Esa lectura conecta con uno de los ejes centrales del primer año de Merz en el poder: la política migratoria. La caída del 51% en las solicitudes de asilo en 2025 -hasta unas 113.000- y el aumento de las deportaciones -más de 22.700- no son sólo cifras: responden a una estrategia del Gobierno para reducir el atractivo del sistema alemán y reforzar su control del debate. «Alemania no puede seguir siendo el destino preferente de la inmigración irregular», ha defendido el canciller, que insiste en que «el Estado debe recuperar el control sobre quién entra y quién puede quedarse».
La punta de lanza son los refugiados ucranianos. Alemania sigue acogiendo a alrededor de 1,25 millones bajo protección temporal, pero el trato a los nuevos llegados ha cambiado. Desde abril de 2025, ya no acceden automáticamente a la ayuda mensual de 563 euros, sino a prestaciones más bajas, en torno a 441 euros.
Ese endurecimiento se extiende a otros colectivos. El pasado marzo, Merz recibió en Berlín al presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, en una visita de marcado contenido político. El canciller vinculó el nuevo escenario en Siria con la política migratoria y dejó claro el objetivo: «Quien ya no tenga derecho a permanecer en Alemania tendrá que regresar». Merz quiere que hasta el 80% de los ciudadanos sirios acogidos en Alemania -más de un millón- abandonen el país en los próximos años, trasladando la presión migratoria al plano político. Para ello, necesita al nuevo Gobierno en Damasco, que debe reconocer a sus propios ciudadanos, muchos de ellos llegados a Alemania sin documentación.
Pero si uno de los argumentos del Gobierno era el control de la inmigración irregular, el resultado político no ha sido el esperado. Pese a la caída del asilo y el aumento de las deportaciones, el endurecimiento jurídico y el refuerzo de fronteras no han frenado a la Alternativa para Alemania (AfD), lo que erosiona la credibilidad del Ejecutivo. El avance de la ultraderecha conecta con uno de los compromisos centrales de campaña. Merz prometió que, si llegaba al poder, reduciría a la mitad el apoyo a la AfD. Un año después, la evolución ha sido la contraria: el partido no sólo ha consolidado su posición, sino que ha ampliado su base electoral en comicios regionales y supera en intención de voto a la CDU/CSU.
El Gobierno de coalición -formado por la CDU/CSU de Merz y el SPD- afronta su primer aniversario con una mochila cada vez más pesada: promesas incumplidas, deterioro económico y una sensación creciente de desgaste social. A las puertas del 6 de mayo, la incógnita es clara: si el Ejecutivo será capaz de completar la legislatura. Las encuestas reflejan ese desgaste: sólo un 15% se declara satisfecho con la labor del canciller, frente a un 83% que expresa su insatisfacción. La AfD rodea el 27% en intención de voto, por delante de la CDU/CSU, en torno al 22%. Más que un desgaste progresivo, los datos apuntan a un problema de fondo: la sensación de que el Gobierno no está ofreciendo resultados visibles.
Las dudas no son sólo externas. Dentro del propio bloque conservador, Christian von Stetten ha asegurado que la coalición no durará cuatro años. El presidente del CDU/CSU en el Bundestag, Jens Spahn, lo resume así: «Estamos fuera de ritmo». En su advertencia subyace una idea clave: la imagen de desorden del Gobierno está alimentando el avance de los extremos. En ese contexto han surgido también especulaciones sobre escenarios alternativos, desde un eventual Gobierno en minoría hasta una ruptura anticipada de la coalición. Aun así, la ruptura no aparece como una opción realista: tanto la CDU/CSU como el SPD, con una fuerte tradición de responsabilidad de Estado, se verían previsiblemente penalizados en unos comicios anticipados en el contexto actual.
Ese desgaste se refleja en los sondeos y en el calendario electoral inmediato. De cara a septiembre, con elecciones en Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín, la AfD aparece especialmente fuerte. En Sajonia-Anhalt, las encuestas la sitúan cerca del 40%, mientras que a nivel nacional ronda el 28%, por delante de la CDU/CSU, con el SPD en torno al 14%.
También en política exterior se perciben cambios de forma, aunque está por ver hasta qué punto afectan al fondo. Ese frente exterior tampoco es ajeno al contexto interno: forma parte de un intento del Gobierno por proyectar capacidad de liderazgo en un momento de desgaste doméstico. «Alemania debe asumir más responsabilidad en Europa», ha defendido el canciller.
La relación con EEUU se ha vuelto más incierta, con una presión creciente sobre los aliados de la OTAN que ya ha cristalizado: Donald Trump ha ordenado retirar 5.000 soldados de Alemania después de que Merz criticara abiertamente la operación militar estadounidense en Irán, diciendo que había subestimado la fuerza iraní. Ayer, Trump fue más allá: «Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000». Según cifras del Pentágono, hay unos 36.400 soldados estadounidenses en suelo alemán, dentro de un despliegue de cerca de 68.000 efectivos en Europa. No se trata de una presencia simbólica, sino de una red operativa. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius afirmó que la retirada parcial era previsible: «Los europeos debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad», es el mensaje en el que se insiste.
Con Israel, la relación sigue siendo estructural, pero la grieta con el Gobierno de Benjamin Netanyahu es evidente. Berlín ha dejado claro que la ofensiva en Gaza ya no puede justificarse únicamente como respuesta al terrorismo. «El respeto al derecho internacional humanitario no es negociable», señalan fuentes del Gobierno, en un endurecimiento del tono poco habitual en la relación bilateral. En ese contexto, la posibilidad planteada por Merz durante la campaña de invitar a Netanyahu a Berlín ha desaparecido de la agenda.
El apoyo a Ucrania se mantiene intacto. Alemania sigue siendo uno de los principales proveedores de ayuda militar dentro de la UE. Ese respaldo no es sólo político, sino también industrial, con acuerdos de cooperación en Defensa y producción conjunta. En Berlín se ha intensificado el debate sobre la dependencia estratégica europea. «Europa debe ser capaz de garantizar su propia seguridad», señala el canciller.
Todo se ha traducido en una mayor exposición internacional del canciller respecto a su predecesor, Olaf Scholz, lo que también ha generado críticas internas por centrar más atención en la política exterior que en los problemas domésticos. En este contexto, Merz ha multiplicado los contactos con líderes europeos como Emmanuel Macron, Keir Starmer o Donald Tusk, en un intento de reforzar el papel de Alemania en la arquitectura de seguridad del continente y en el debate sobre la autonomía estratégica europea, con el trasfondo permanente de la guerra en Ucrania.
Ese reposicionamiento ha ido acompañado de gestos que amplían el margen tradicional de la política alemana, especialmente en materia nuclear. El propio Merz ha confirmado que mantiene conversaciones con Francia en ese ámbito, ante la incertidumbre sobre la política de Estados Unidos y dentro de una estrategia más amplia de rearme. El Gobierno ha puesto en marcha un programa de inversión en Defensa sin precedentes, vinculado al nuevo marco fiscal aprobado. Merz ha fijado así el objetivo: «Liderazgo basado en la cooperación, sí; fantasías hegemónicas, no».
Este planteamiento se ha traducido directamente en los presupuestos. La aprobación de las nuevas cuentas ha llevado la tensión política al límite y consagra un cambio de prioridades: más deuda, más gasto en Defensa y, como consecuencia, una presión creciente sobre el Estado del bienestar. El nuevo marco fiscal permitirá sostener ese aumento del gasto militar, a costa de más deuda y menos margen para el resto de políticas.
Ese desgaste se produce en un contexto económico debilitado. Alemania crece en torno al 0,5%, con una inflación cercana al 2,7%, mientras sectores industriales clave, como el automovilístico, pierden competitividad y los costes energéticos siguen elevados. A ello se suma una presión sobre el tejido industrial, con advertencias del sector empresarial sobre deslocalización y pérdida de atractivo del país como base productiva. Más que un problema coyuntural, el balance del primer año apunta a una tensión estructural: la dificultad de sostener la capacidad de gobierno en un escenario en el que las presiones aumentan.
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