Pablo Bustinduy (Madrid, 43 años) habla con la convicción del que empieza, optimista, pero acusa el cansancio de un curso político sumamente complicado que ha logrado culminar con una victoria en la mano: la reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia, que aprobó ya la Cámara baja y que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prevé que llegue al BOE a principios del otoño. Pero la satisfacción no es completa: el Ejecutivo ha tenido que aplazar a septiembre la aprobación del decreto para paliar la crisis de la vivienda, primer problema de los españoles, ante la imposibilidad de poner de acuerdo a los socios.
El ministro de Derechos Sociales está convencido de que la reforma en dependencia es “el mayor legado que va a dejar la legislatura”, a la que cree que “le queda mucho por conseguir”
Pablo Bustinduy (Madrid, 43 años) habla con la convicción del que empieza, optimista, pero acusa el cansancio de un curso político sumamente complicado que ha logrado culminar con una victoria en la mano: la reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia, que aprobó ya la Cámara baja y que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prevé que llegue al BOE a principios del otoño. Pero la satisfacción no es completa: el Ejecutivo ha tenido que aplazar a septiembre la aprobación del decreto para paliar la crisis de la vivienda, primer problema de los españoles, ante la imposibilidad de poner de acuerdo a los socios.
Pregunta. ¿Qué hace pensar que a la vuelta de las vacaciones vaya a ser posible el pacto?
Respuesta. La difícil aritmética parlamentaria no puede ser excusa para no aprobarlo. Con la cuestión de la vivienda, durante toda la legislatura lo fácil ha sido echarle la culpa al de enfrente y mirar para otra parte, y nosotros hemos defendido lo contrario, que con voluntad política y con ambición se pueden superar las diferencias. Estamos más cerca que nunca de lograrlo.
P. ¿Pero qué margen hay para el acuerdo? Porque Podemos pone como línea roja que se retire la ley del suelo; para el PNV debe estar y Junts tiene sus propias recetas.
R. Todos los grupos han puesto sus prioridades encima de la mesa; es lo que pasa cuando hay una negociación. Lo esencial es que del otro lado hay cuatro millones de personas a las que congelar los alquileres, hay 900.000 viviendas que ahora se están destinando al alquiler turístico o de temporada y hay la necesidad de ampliar el parque público. Frente a ese objetivo, todos los grupos van a querer ser partícipes del acuerdo y que por fin consigamos atajar la principal fuente de desigualdad que hay en España. Nadie podrá justificar lo contrario.
P. ¿Pueden ayudar al consenso gestos como el indulto parcial a Laura Borràs?
R. La negociación es sobre vivienda y este asunto pesa lo suficiente como para que se aparque cualquier otro interés.
P. Reclamó a final de año, en un contexto muy complicado, una “reacción urgente” al PSOE. ¿La ha habido?
R. Están cristalizando en hechos cuestiones fundamentales por las que llevamos peleando toda la legislatura, como la refundación del sistema de cuidados o un proceso de regularización que va a dotar de derechos a más de un millón de personas que ya viven y trabajan en España. Estamos peleando para volver a llevar esa prórroga de los alquileres reforzada y preparamos una propuesta presupuestaria ambiciosa que incluya una prestación universal por crianza, la gratuidad de los comedores escolares en la educación pública e inversión en vivienda.
P. El Congreso ha tumbado la senda de estabilidad, con lo que parece difícil que los Presupuestos vean la luz. ¿No son solo una excusa para convocar elecciones?
R. Presentar Presupuestos no es una excusa nunca para nada porque es el momento más determinante para poder ampliar la red de protección social, por ejemplo. Vamos a pelear para que salgan adelante.
P. ¿Pero ve posible que salgan, estando Junts donde está?
R. Justo después de haber conseguido sacar adelante la refundación del sistema de cuidados con una financiación inédita y de haberlo hecho con un amplísimo consenso parlamentario —solo Vox se quedó fuera sin dar medio argumento, pero así de grande les queda la palabra España—, creo que nos avalan los hechos.
P. Si no hay Cuentas, ¿es posible que veamos la prestación universal por crianza de alguna manera esta legislatura?
R. Va a ser una realidad en España. Y cuando suceda y veamos el impacto inmediato que va a tener en la reducción de la pobreza infantil, nos llevaremos las manos a la cabeza por no haberlo hecho antes. Es eficaz, es justo, es de sentido común y va a suceder. Espero que en los Presupuestos, pero no voy a cesar en la lucha hasta que sea una realidad.
P. En dependencia, uno de los problemas es que no tenemos un sistema, sino 17. ¿Cómo va a garantizar que las comunidades no agrandan esta brecha y cómo se supervisará la gestión de la inyección económica?
R. La Administración General del Estado tiene dos palancas fundamentales para orientar la refundación del sistema. Una es la financiación, que vamos a duplicar de un año para otro. Es un aumento de más de un 400% desde 2020. La segunda es la arquitectura del sistema, y es lo que estas dos leyes han diseñado, generando un sistema nuevo, con más prestaciones, más derechos, un enfoque radicalmente diferente, menos burocracia, mejores condiciones laborales.
Tenemos mecanismos de financiación finalistas: cada euro que pone el Estado va a financiar los servicios y las prestaciones. Y tenemos mecanismos para asegurar que las comunidadesreciben financiación en función de su desempeño en relación a indicadores como las listas de espera, la intensidad y la calidad de prestaciones, las condiciones laborales en el sector. Y también con una cláusula de salvaguarda por la cual, si una comunidad detrae su aportación a la dependencia, recibirá también menos.
P. Ha explicado varias veces que esa transformación no puede ser inmediata. ¿Cuándo calcula que la ley puede estar desplegada en su totalidad?
R. Va a ser un proceso porque la ley es muy ambiciosa. Por ejemplo, la creación de nuevas prestaciones espero que pueda ser bastante ágil, o la transformación de la ayuda a domicilio para que sirva para poder ir a comprar o al médico. Pero luego la reforma apunta hacia pasar de un modelo de macrorresidencias a uno en el que la mayor cantidad de gente posible pueda permanecer en su casa todo el tiempo posible. Ese proceso va a ser largo y progresivo. No se trata de que las residencias desaparezcan. Lo que tienen es que funcionar mejor.
Es una transición que seguramente no acabe nunca, que tiene que ir evolucionando en función de las necesidades. Pero hemos marcado una hoja de ruta bien clara y estoy convencido de que este es el mayor legado que va a dejar esta legislatura.
P. Pero la primera fase a la que se refería, ¿la podremos ver en esta legislatura?
R. La financiación ya se está transfiriendo y los efectos tienen que ser inmediatos. Desde el ministerio, también desde la sociedad civil, se va a monitorizar en tiempo real a dónde va cada euro. Tiene que traducirse de manera inmediata en una reducción drástica de las listas de espera, de los tiempos de espera, en una mejora de la intensidad de las prestaciones y en mejores condiciones laborales en el sector, porque con precariedad, con parcialidad, con temporalidad, con falta de reconocimiento y valorización social, no va a ser viable responder a las necesidades. Vamos a necesitar hasta 300.000 trabajadoras, porque son en su inmensa mayoría mujeres, de aquí a 2030. Hasta ahora se decía: no se puede pagar más porque no hay financiación. Ya no hay excusa.
P. La mejora de las condiciones laborales ya era uno de los objetivos del plan de choque en 2021 y no se logró. ¿Por qué ahora sí que va a fructificar?
R. Lo diferente ahora son 6.200 millones de euros de financiación adicional, solo este año y el que viene. No hay precedentes en la historia de la política social en España ni hay casos comparables en prácticamente ningún lugar del mundo ahora mismo, en el que se haga un esfuerzo de esta magnitud para la revolución del sistema de cuidados. Tiene que ir acompañado del cambio de modelo. Pero, desde luego, en lo que tiene que ver con la negociación colectiva, en lo que tiene que ver con los convenios del sector, en lo que tiene que ver con las licitaciones que se hacen, se tiene que traducir inmediatamente en una mejora de las condiciones laborales.
P. Las cuidadoras familiares reclamaban mejores prestaciones y también mejoras respecto al acceso a la jubilación. Finalmente, no está en la ley, ¿por qué?
R. La ley incluye por primera vez el reconocimiento de esta figura, blinda el derecho a la cotización, genera mecanismos de formación y de apoyo, pero evidentemente faltan más cosas. La ley está ahora mismo en el Senado, todavía volverá al Congreso y veremos si puede ser objeto todavía de mejoras en su ambición. Son tales las necesidades en este ámbito que han quedado desatendidas hasta ahora que es muy difícil de un solo salto resolverlas todas. Pero esto no es un punto final.
P. La ley llama a hacer una cosa que es técnica pero importante, que es cuantificar el copago. ¿Cómo se plantean llevarlo a cabo?
R. El copago en dependencia es la otra cara de los 5.406 millones de euros que recortó Mariano Rajoy. No solo desmanteló gran parte del sistema, sino que hizo que una parte significativa del coste recayera sobre las familias. Hasta ahora no tenemos ni siquiera la certeza de qué proporción de ese coste están asumiendo. La ley genera los mecanismos para transparentar eso. Esa información es imprescindible para que podamos abordar el planteamiento de la financiación a futuro del sistema. Hemos blindado por ley este aumento extraordinario de la financiación que ha hecho el Gobierno. Tendremos que poner siempre el 50% del coste del sistema. Pero primero tenemos que saber qué parte de ese coste están asumiendo las familias. Porque, si queremos que esto sea un derecho de ciudadanía, la aspiración no puede ser otra que una cobertura universal y que, por tanto, las familias no tengan que asumir el coste de los cuidados.
P. Todo este trabajo ministerial ha quedado en muchas ocasiones opacado por la actualidad judicial. ¿Se ha desmarcado Sumar lo suficiente de los casos que cercan al PSOE?
R. Hemos pedido, cada vez, ejemplaridad, transparencia, asunción de responsabilidades. Nosotros no hemos tenido nunca un caso de corrupción, solo decenas de querellas falsas y persecución judicial, política y mediática a figuras referentes como Ada Colau, Mónica Oltra, Pablo Iglesias, Vicky Rosell, Miguel Urbán. Ahora bien, nuestra manera de desmarcarnos es trabajar para la ampliación de los permisos, el SMI, la subida de las pensiones, la refundación del sistema de cuidados, el reconocimiento de Palestina, la ley de embargo a Israel, los comedores escolares. Y cuando llegue la hora de votar, por nosotros hablarán nuestros hechos.
P. En su día establecieron como línea roja una imputación del PSOE por financiación irregular, pero hemos ido conociendo otras investigaciones. ¿No es más grave lo que supondría el caso Leirede haber pruebas contundentes?
R. Nadie duda de que, con cierta celeridad, en algunos casos celeridad inédita, se va a esclarecer en sede judicial cada uno de los procesos. Y las responsabilidades se asumirán en función de lo que se presente.
P. Ustedes establecieron una línea roja, ¿se ha movido?
R. No, pero no se ha producido ese hecho todavía. También hemos visto distintos procedimientos, algunos en los que, a través de la investigación y de la presentación de pruebas, había situaciones anómalas, pienso en el fiscal general del Estado, en el hermano del presidente, procesos judiciales francamente sorprendentes. Y hay casos, como el de Ábalos y otros, donde hemos sido claros respecto a la expresión de la repugna sobre cualquier conducta ilícita.
P. ¿Se equivoca el PSOE manteniendo su respaldo a Zapatero?
R. Esa pregunta será para el PSOE. Hemos exigido que se den explicaciones y que se esclarezca todo.
P. Las elecciones más recientes han mostrado que la unidad en su espacio político no es efectiva frente a otras izquierdas territoriales. ¿A qué lo atribuye?
R. Tengo una lectura distinta. Se han dado varios procesos en los que la derecha llegaba en condiciones hegemónicas y había pocas dudas respecto a su capacidad de reeditar sus gobiernos con la ultraderecha. Con lo cual, no había un particular incentivo para que la gente de izquierdas se movilizara y, con distintas fórmulas y opciones, los resultados han sido notables en Extremadura, en Aragón con CHA, y en Andalucía también, donde la suma de las opciones de izquierdas supera a la ultraderecha.
P. Pero Chunta se presentaba por separado; en Castilla y León se han quedado fuera y en Andalucía, su coalición, muy por debajo de Adelante…
R. Cuando digo que mi visión es diferente es porque a mí lo que me importa es que el espacio obtenga buenos resultados, represente a la gente trabajadora y demuestre su viabilidad frente a los que lo daban por muerto. Las fórmulas organizativas electorales generan muchísimo interés, pero para mí son secundarias.
P. La izquierda anunció su nueva coalición hace cinco meses, pero no se han incorporado más partidos y no hay marca ni líder. ¿Van tarde?
R. Hay un anhelo de celeridad siempre, pero más importante que hacer las cosas rápido es hacerlas bien. Y la mejor premisa para 2027 es construir la candidatura sobre una hoja de servicios lo más robusta posible. Hay mucha gente que ha dado la legislatura por acabada y que coincide en que estamos ya en una fase electoral que consiste en lanzar eslóganes y pegarse con el de enfrente. No es mi perspectiva. A esta legislatura le queda mucho por conseguir.
P. ¿Pero por qué nadie ha querido asumir aún el liderazgo?
R. El espacio está siendo extraordinariamente prudente y sensato. Todo el mundo entiende la gravedad del momento, la importancia de las próximas elecciones, la obligación de hacer las cosas bien y de estar a la altura. Ha habido en los últimos meses el proceso de propuestas y conversaciones que inició Gabriel Rufián; la refundación del espacio de organizaciones muy asentadas como son Más Madrid, Comuns, IU y Movimiento Sumar; el lanzamiento de la candidatura de Mónica Oltra; la creación de nuevas fórmulas autonómicas… Es un signo de prudencia, porque nadie se ha equivocado.
P. ¿Cuál es el mejor perfil para sustituir a Yolanda Díaz? ¿Comparte que no tiene por qué pertenecer a un partido?
R. El mejor candidato o candidata es el que nos lleve a reeditar un Gobierno de izquierdas en España.
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