De las 404 preguntas orales al Gobierno formuladas en las sesiones de control del Congreso desde septiembre de 2025, solo una tuvo alguna relación con los incendios forestales. Y de forma bastante colateral. La presentó el miércoles 24 de ese mes el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero, representante de una comunidad apenas castigada por las llamas. Otero se interesó ante la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, por las condiciones para la jubilación de los bomberos forestales. Fue lo más aproximado al tema registrado en un pleno en los diez meses que suman los dos últimos periodos de sesiones del Congreso.
Los fuegos encienden el debate en estío para desaparecer luego de la conversación pública. En el Congreso no han provocado ni una pregunta desde septiembre
De las 404 preguntas orales al Gobierno formuladas en las sesiones de control del Congreso desde septiembre de 2025, solo una tuvo alguna relación con los incendios forestales. Y de forma bastante colateral. La presentó el miércoles 24 de ese mes el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero, representante de una comunidad apenas castigada por las llamas. Otero se interesó ante la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, por las condiciones para la jubilación de los bomberos forestales. Fue lo más aproximado al tema registrado en un pleno en los diez meses que suman los dos últimos periodos de sesiones del Congreso.
En todo ese tiempo, el PP acaparó más de la mitad de las preguntas en las sesiones de control: 221. Sobre la cuestión que había monopolizado la actualidad del verano anterior ―y desatado las alarmas en buena parte del país― el único rastro fue una leve alusión de la diputada popular Carmen Fúnez dentro de una pregunta más genérica a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Era 17 de septiembre. La primera y la última vez.
El pasado verano, España parecía horrorizada con la peor oleada de incendios de la historia. En Galicia se batió la aciaga marca del fuego más destructivo desde que hay registros (ahora superada en Ávila, en un julio que trajo además la tragedia de Los Gallardos, en Almería, donde las llamas se llevaron 13 vidas). León, Zamora o Extremadura vivieron agosto en una atmósfera de tintes apocalípticos. Y como no podía ser de otro modo, se azuzó la controversia política y llegó a su teórico foro de debate, el Parlamento.
El asunto entró en la clásica Diputación Permanente que suele convocarse a finales de agosto, a la que el PP llevó sus peticiones de comparecencia de Aagesen y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La vicepresidenta ofrecería esas explicaciones pocos días después, el 5 de septiembre, en un debate monográfico en comisión. Y ahí se acabó todo. En los nueve meses siguientes no se registró ni una sola discusión más centrada en el asunto. Los incendios no inspiraron ninguna de las 332 iniciativas del Gobierno o de los grupos políticos tratadas en el pleno. Ni siquiera la Comisión de Transición Ecológica volvió a discutir alguna propuesta específica. Tampoco nadie se acordó de indagar por las previsiones ante la nueva campaña según se acercaba el verano de 2026.
Cada estío asistimos a grandes discusiones sobre los fuegos forestales que suelen acabar con una sentencia que corre de boca en boca: “Los incendios se apagan en invierno”. En el caso de la política, la frase es exacta. Las llamas dialécticas que suelen acompañar a las reales en julio y en agosto se esfuman en cuanto pasa la canícula. Y así, a la espera del año próximo.
“Vivimos en el momento de la economía de la atención, un suceso desplaza rápidamente a otro. Hace dos semanas eran los incendios y ahora todo lo concentra la crisis de Ceuta”, apunta la socióloga Cristina Monge, autora del estudio La gran oportunidad: cómo acelerar la transición ecológica y mejorar la democracia (2025, Tirant Humanidades). “Hasta hace unos años pasaba lo mismo con la inmigración. Se le prestaba mucha atención en verano, cuando los cayucos o las pateras llegaban a las playas, y luego desaparecía con el invierno”.
El filósofo Daniel Innerarity, catedrático de la Universidad del País Vasco y del Instituto Europeo de Florencia, alude a las características de la política actual: “El tipo de batalla política en la que estamos solo se fija en las crisis y en las catástrofes cuando tienen lugar. Vivimos en un tipo de competición muy centrada en cuestiones muy poco significativas en relación con los grandes riesgos que amenazan a la humanidad y que no están en la agenda pública, como las tecnologías desbocadas o todo lo asociado al cambio climático”.
Por mucho que los incendios puedan alimentar combates políticos mientras tienen lugar, no es un debate en el que los partidos intuyan rentabilidad electoral. Lo destaca otro sociólogo, Jorge Galindo, director del Centro de Políticas Económicas de Esade: “Para el votante urbano solo es una cuestión importante cuando sale en las noticias. Y en cuanto deja de verlo, pierde la atención”. Galindo es muy crítico con el modo en que se plantea el debate en esos momentos de crisis en que sí acapara la agenda informativa: “Se polariza la manera de diagnosticar y de abordar el problema. No se discute para saber, sino para ganarle la razón al otro. Hasta para determinar las causas nos guiamos por las pistas partidistas”.
Se ha visto en los últimos días. Mientras el Gobierno y la izquierda ponen el acento en las consecuencias del calentamiento global, el PP lo relativiza y Vox, con su negacionismo, lo atribuye a lo que llama “fanatismo climático” y hasta ha logrado extender el bulo de que las leyes prohíben retirar la maleza del bosque. Los populares ignoran la oferta de un pacto de Estado por el cambio climático propuesto por Pedro Sánchez y presentan un plan específico contra los incendios que, en realidad, se parece mucho a las medidas del Ejecutivo. Para lanzar ese plan, los populares sí han recurrido ahora al Parlamento, en la forma de una proposición no de ley, sin más valor que el puramente declarativo.
Las competencias de lucha contra los incendios residen fundamentalmente en las comunidades autónomas, por lo que Monge considera lógico que el asunto pase de puntillas por el Congreso. Pero en los momentos álgidos de la crisis sí se discute sobre las responsabilidades del Gobierno central, como ha ocurrido estos días a propósito de los medios de extinción y la antigüedad de los hidroaviones. Y llama la atención, como incide Galindo, que ni siquiera los diputados de las zonas afectadas se preocupen por la cuestión.
Los incendios, coinciden todos los especialistas, obedecen a problemas muy complejos ―desde la ordenación del territorio a la gestión forestal― y no se pueden reducir a una sola causa. Es decir, lo menos atractivo para el mundo superficial de las redes sociales y de la política de hoy. “Son cuestiones hipermegatécnicas, para las que no hay soluciones a corto plazo y que no tienen una explicación simple”, comenta Monge. “No se pueden meter en un tuit”. Galindo matiza: “Sí, es un asunto complejo, pero no creo que más que la educación, por ejemplo. Lo que ocurre es que se trata de una complejidad que a la población urbana nos queda un poco lejos, comprende asuntos que no podemos contrastar en el día a día. Y para los que tampoco hay una solución partidista. No es como discutir de los impuestos o del tamaño del Estado”.
Mientras, a la espera del invierno, los incendios van cumpliendo su función de alimentar la controversia político-mediática, siempre que no aparezca otro gran acontecimiento como la crisis de Ceuta. Estos días puede encontrarse una dirigente muy interesada en el tema: Isabel Díaz Ayuso, encantada de hablar del fuego mientras no se hable del muy polémico ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid. Hasta que la actualidad depare otra cosa.
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