Uber Eats, una de las principales plataformas de reparto de comida a domicilio, acumula un total de 136 millones en provisiones por contingencias fiscales y legales asociadas a su modelo de contratación de sus repartidores en España, que clasifica como autónomos.
Más de 100 millones corresponden a potenciales sanciones. Su matriz se compromete a cubrir los potenciales pagos
Uber Eats, una de las principales plataformas de reparto de comida a domicilio, acumula un total de 136 millones en provisiones por contingencias fiscales y legales asociadas a su modelo de contratación de sus repartidores en España, que clasifica como autónomos.
Así consta en las cuentas anuales que la sociedad Portier Eats Spain, con la que desarrolla esta actividad en el país, acaba de depositar en el Registro Mercantil. Se trata de los estados contables de 2021, pero fueron formulados el 31 de julio de este año, dos años y medio después de su conclusión. La firma no ha depositado los de 2022 ni los de 2023.
Los de 2021 reflejan una pérdida neta en ese ejercicio de 47,3 millones de euros, provocada en buena parte por la dotación de 57,1 millones de euros como provisiones para “inspecciones con las autoridades laborales”. En el ejercicio 2020 ya había registrado 79,2 millones, elevando el total a 136,3.
Durante el año contable 2021, dice la empresa en su informe de gestión, “las autoridades laborales en España abrieron auditorías para revisar el estado de clasificación de los mensajeros”, aclarando que, en particular, esa revisión afectaba a “las cotizaciones a la Seguridad Social”. A raíz de ello, añade, “hemos recibido evaluaciones hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales y también hay auditorías en curso para las cuales aún no hemos recibido evaluación”, y que había recurrido ante la justicia. Pero de forma preventiva, la dirección de la compañía “reconoció una provisión para reflejar la mejor estimación del resultado más probable de las auditorías”, elevando la misma hasta los mencionados 136,3 millones.
El grueso de esa provisión, 104 millones, está clasificado como potenciales sanciones, mientras que otros 20 millones corresponderían a contribuciones pendientes a la Seguridad Social. Uber Eats reconoce otros 8,8 millones como contingencias por IVA no pagado.
Inspecciones en marcha
Sus cuentas detallan que, “hasta la fecha de formulación” de las mismas, es decir, hasta el 31 de julio de este año, el Ministerio de Trabajo había inspeccionado sus actividades “en la práctica totalidad de las provincias de España”, con 41 procesos concluidos con sus correspondientes actas de inspección, y nueve más “que se encuentran en curso”. La provisión de 136 millones corresponde estrictamente a los procesos iniciados hasta 2021, por lo que no incluye importes que se hayan podido derivar en los dos ejercicios siguientes, de los que la empresa no ha depositado sus cuentas.
Para hacer frente a este montante, la filial española de Uber Eats dice haber constituido avales con Deutsche Bank por 66,3 millones de euros, a requerimiento de las autoridades de inspección para los casos que superen los 200.000 euros de contingencia. También asegura que cuenta con el respaldo financiero de su matriz, el grupo Uber. El 30 de julio de 2024, reflejan las cuentas, este firmó un escrito asumiendo las obligaciones y comprometiéndose a “proporcionar a la sociedad el respaldo financiero o los fondos necesarios para garantizar que cumpla con todas las obligaciones con terceros”.
Esas obligaciones incluyen la concesión de garantías para enfrentar las inspecciones laborales, o la aportación de fondos “para garantizar el desarrollo normal de las actividades de la empresa”, ya fuese a través de un préstamo o de una ampliación de capital. Gracias a ese soporte, Portier Eats elabora sus cuentas bajo el principio de empresa en funcionamiento, que no es discutido por su auditor, PWC.
Cambio de modelo
Portier Eats Spain desarrolla desde 2020 el negocio de delivery de Uber, que puso en marcha en España en 2017. Entre 2020 y 2021 acumuló unas pérdidas de 114,3 millones. A 31 de diciembre de 2021 su facturación era de 93,6 millones. Sin embargo, solo 32,2 millones correspondían a la actividad de reparto de pedidos, mientras que el resto está clasificado como refacturaciones de costes.
Ese año entró en vigor la conocida como ley rider, que establece que los repartidores de este tipo de plataformas deben ser considerados como empleados por cuenta ajena, y no como autónomos. Después de su puesta en marcha, en agosto de 2021, Uber Eats anunció que modificaba su modelo laboral de autónomos para subcontratar flotas de repartidores a terceros, algo que, por ejemplo, hace Just Eat.
Sin embargo, un año después anunció la vuelta a su modelo de autónomos, después de introducir algunos cambios en su aplicación, permitiendo, por ejemplo, que el repartidor establezca su tarifa mínima. Este convive ahora con la contratación a través de flotas de terceros.
La reciente decisión de Glovo de contratar a todos sus repartidores, a la vista de las millonarias sanciones acumuladas por clasificar a los mismos como autónomos, ha dejado a Uber Eats como la única de las grandes plataformas en seguir apostando por ese modelo.
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