“Tiene que regresar a su país”, “ni mayores ni menores”, “han de regresar todos”. Así se pronunciaba el miércoles el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre los migrantes que permanecen en Ceuta tras el cruce a nado masivo del 30 y 31 de julio. Sin embargo, una devolución urgente como la que reclama estos días el jefe de la oposición acabó condenando a las responsables políticas de la misma ―la repatriación exprés de menores marroquíes en 2021― a nueve años de inhabilitación para la entonces delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma Mabel Deu, por un delito de prevaricación administrativa.
La Audiencia de Cádiz fijó una pena de nueve años de inhabilitación a la entonces delegada del Gobierno en Ceuta y la exvicepresidenta de la ciudad por la repatriación de migrantes marroquíes
La Audiencia de Cádiz fijó una pena de nueve años de inhabilitación a la entonces delegada del Gobierno en Ceuta y la exvicepresidenta de la ciudad por la repatriación de migrantes marroquíes
“Tiene que regresar a su país”, “ni mayores ni menores”, “han de regresar todos”. Así se pronunciaba el miércoles el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre los migrantes que permanecen en Ceuta tras el cruce a nado masivo del 30 y 31 de julio. Sin embargo, una devolución urgente como la que reclama el jefe de la oposición acabó condenando a las responsables políticas de la misma ―la repatriación exprés de menores marroquíes en 2021― a nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos para la entonces delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Mabel Deu, por un delito de prevaricación administrativa.
La Audiencia Provincial de Cádiz concluyó en septiembre pasado que “la decisión de repatriación de los menores (…), no solo fue arbitraria, sino manifiestamente injusta”, después de que el Tribunal Supremo confirmara a comienzos de 2024 que las devoluciones fueron ilegales porque no se acogieron al procedimiento de Extranjería.
El caso se remonta a mayo de 2021, cuando cerca de 15.000 personas cruzaron la frontera de la ciudad autónoma. Fue el punto álgido de una crisis diplomática entre España y Marruecos, que presionaba para lograr que se secundara su plan de hacerse con la soberanía del Sáhara Occidental. Entre las personas que entraron había 1.200 migrantes que dijeron ser menores de edad y sobre los que la ciudad autónoma asumió la tutela.
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