La mayor reforma en los 20 años de historia de la ley de dependencia ya es un hecho. El pleno del Congreso ha votado este miércoles las enmiendas introducidas la semana pasada por el Senado y, de esta forma, se aprueba definitivamente el texto, que también modifica la ley de discapacidad. Se prevén nuevos servicios, como el de cuidados en viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo; mejoras en otros ya existentes, como la ayuda a domicilio —que podrá salir de las casas para acompañar a los usuarios a gestiones como hacer la compra—, y también reducir la burocracia, al crear una pasarela que permita obtener directamente un certificado de un 33% o un 65% de discapacidad, si ya se tiene alguno de los grados de dependencia reconocido. También se reconoce la accesibilidad universal como derecho, por lo que podrá reivindicarse ante cualquier instancia.
El texto, que también modifica la ley de discapacidad, prevé nuevos servicios y reducir la burocracia
La mayor reforma en los 20 años de historia de la ley de dependencia ya es un hecho. El pleno del Congreso ha votado este miércoles las enmiendas introducidas la semana pasada por el Senado y, de esta forma, se aprueba definitivamente el texto, que también modifica la ley de discapacidad. Se prevén nuevos servicios, como el de cuidados en viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo; mejoras en otros ya existentes, como la ayuda a domicilio —que podrá salir de las casas para acompañar a los usuarios a gestiones como hacer la compra—, y también reducir la burocracia, al crear una pasarela que permita obtener directamente un certificado de un 33% o un 65% de discapacidad, si ya se tiene alguno de los grados de dependencia reconocido. También se reconoce la accesibilidad universal como derecho, por lo que podrá reivindicarse ante cualquier instancia.
En el pleno del Congreso se han votado únicamente las enmiendas, es decir, que los diputados no se han posicionado sobre la ley en su conjunto. Esta ya salió adelante en esta misma Cámara el pasado julio por 179 votos a favor, 33 en contra de Vox y 137 abstenciones del PP, que criticó la reforma por carecer de memoria económica y “generar falsas expectativas”. De ahí saltó al Senado para continuar la tramitación.
El ministro de Derechos Sociales e impulsor de esta reforma, Pablo Bustinduy, la ha descrito como una “refundación” del sistema, “la mayor reforma social en décadas en nuestro país”. A la iniciativa legislativa se le suma, además, una inyección económica inédita hasta ahora en dependencia, que asciende a 6.200 millones de euros entre este año y el que viene, y que el Ejecutivo aprobó vía real decreto ley el pasado junio. Ahí reformó una de las formas de financiación de la ley, por la que se suben las cuantías que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas —competentes en la gestión del sistema— por cada dependiente atendido. Además, no se trata de una inversión puntual, sino que para modificarla haría falta una reforma con rango de ley. Según cálculos de Derechos Sociales, el Ejecutivo invertirá en 2027 prácticamente el doble de lo que lo hacía en 2025. “El año que viene se va a multiplicar por cinco la financiación de la dependencia que destinaba el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura”, ha detallado el ministro, quien ha asegurado que han hecho algo inédito: aprobar “la financiación de este cambio de modelo [en dependencia] por adelantado”.
“Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas [competentes en la gestión del sistema] remen a favor para hacerlo una realidad”, ha afirmado este miércoles Bustinduy en la tribuna del Congreso. En España hay más de 255.000 personas aguardando por algún procedimiento de la ley, según datos del pasado junio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. De media, la espera se alarga más de 300 días. La reforma prevé que deban ser atendidas en el plazo de tres meses (frente a los seis que recoge la ley actualmente).
El sistema de la dependencia está, por tanto, a punto de entrar en una nueva fase, al recibir las autonomías mucho más dinero y disponer de un nuevo marco que flexibiliza la forma de atender a los usuarios —aunque, como toda normativa nueva, requerirá de un tiempo para poder desplegarse—. Todo ello, en un contexto en el que cada vez llegará más población a edades avanzadas, y requerirá de apoyos.
La reforma aboga por adaptarse a las necesidades de los usuarios y que quienes lo deseen puedan vivir el mayor tiempo posible en sus casas, en sus barrios. Entre otras medidas, se suprimen las incompatibilidades introducidas en 2012 por el Gobierno del PP, que siguen vigentes en muchas comunidades, a las que se da de plazo hasta 2030 para que adapten sus normativas. Esto permitirá, por ejemplo, que alguien que vaya a un centro de día también pueda recibir horas de ayuda a domicilio.
También se crean nuevos servicios, como la provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, para poder prestar, por ejemplo, sillas de ruedas o andadores. Y se mejoran otros que ya existen, como los centros de día, que pasarán a estar abiertos a la comunidad y podrán prestar servicios a personas que vivan en sus domicilios y necesiten apoyos (por ejemplo, comidas para personas que vivan solas).
Hay otra importante novedad en financiación: se obligará a que la Administración General del Estado aporte el 50% del gasto certificado por el conjunto de las autonomías. Sufragar esta normativa a partes iguales era una reivindicación histórica de las comunidades, y constaba en el acuerdo entre el PSOE y Sumar. Hasta ahora, el coste de la ley lo han asumido principalmente las autonomías. En 2024, el Gobierno financiaba apenas el 27%. Derechos Sociales prevé que ya en 2027 se alcance ese 50%.
Además, la reforma también aporta cambios en el ámbito de la discapacidad. Por ejemplo, la modificación de la ley de propiedad horizontal para reforzar la obligación de hacer obras de accesibilidad en edificios privados, por ejemplo, instalar una rampa o un ascensor. Algo importante en un país en el que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad calcula que unas 100.000 personas viven aisladas en sus casas por problemas de accesibilidad.
La cuestión es que la relación de fuerzas es diferente en el Congreso y en el Senado. Así que las enmiendas que se incorporaron en esta última Cámara, donde el proyecto de ley salió sin votos en contra, con solo 23 abstenciones (de partidos como Vox, PNV, EH Bildu, ERC o BNG), han sido revisadas este miércoles.
“Reconocer un derecho y garantizarlo son cosas distintas”, ha afeado la diputada del PP Violante Tomás Olivares, que ha acusado al Gobierno de “hipocresía social”. La socialista Inés Plaza ha criticado que no participaran en la tramitación de esta reforma en el Congreso, que incluso llegaran a retirar sus enmiendas, para aprobarlas después en el Senado. “Lo usan como si fuera su cortijo”, ha asegurado.
Pero si algo ha salido a relucir en gran parte de las intervenciones de los grupos ha sido precisamente una medida que este miércoles no se ha aprobado: la eliminación del límite de edad de la prestación para cuidados de hijos con cáncer y otras enfermedades graves en casos de gran discapacidad, que ahora está fijada en los 26 años. El Gobierno tiene derecho a veto en las enmiendas que acarreen compromiso presupuestario, y esta es una de las que ha vetado. Este mismo miércoles, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado que trabajan en una iniciativa legislativa para revisar este límite de edad que será “inminente”. Pero partidos tan dispares como Junts, PNV, ERC, Vox y el PP han afeado que, pudiendo aprobar ya la mejora, no se haya hecho y no hayan podido siquiera votar.
Otras siete enmiendas también han sido vetadas, entre ellas una que eliminaba el copago para los dependientes del grado III plus de dependencia extrema, que se otorga a enfermos de ELA y otras patologías neurodegenerativas avanzadas que requieran cuidados continuos.
En lo que sí ha habido consenso es en el agradecimiento a las organizaciones sociales por su labor diaria y su empuje en la defensa de los derechos de los más vulnerables. A ellos, precisamente, ampara esta ley.
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