El Gobierno impondrá nuevas exigencias a los promotores e inversores en centros de datos en España con el objetivo de ordenar el desarrollo de este sector en auge y clave para el impulso de la inteligencia artificial y otras aplicaciones tecnológicas. Para ello, el Ejecutivo sacará a audiencia pública por vía de urgencia esta misma semana el Proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicable a los centros de datos, según avanzan fuentes del Gobierno.
El Ejecutivo impondrá mayores estándares de soberanía digital y sostenibilidad ambiental y energética con el fin de cribar los mejores proyectos ante el elevado interés de los promotores
El Gobierno impondrá nuevas exigencias a los promotores e inversores en centros de datos en España con el objetivo de ordenar el desarrollo de este sector en auge y clave para el impulso de la inteligencia artificial y otras aplicaciones tecnológicas. Para ello, el Ejecutivo sacará a audiencia pública por vía de urgencia esta misma semana el Proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicable a los centros de datos, según avanzan fuentes del Gobierno.
Con esta nueva normativa se da cumplimiento a uno de los mandatos recogidos en el Real Decreto-ley 7/2026 de respuesta a la crisis en Oriente Próximo. La nueva regulación obligará a los desarrolladores de los centros de datos a cumplir con los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes. Aparte de tener que informar de sus parámetros de consumo, tal y como establece la legislación de eficiencia comunitaria, estas instalaciones deberán contar con la máxima calificación, la A, de un sistema de etiquetas similar al de los electrodomésticos en cuyo desarrollo España se adelanta a la UE.
Además, los centros de datos deberán compensar su elevado consumo de energía con nueva generación renovable en territorio nacional que cubra el 80% de su gasto energético, y en las mismas horas en las que ese gasto se produce. Para ello, deberán producir ellos mismos esa energía renovable o conseguir acuerdos de compraventa (PPA) con terceros.
Desde el punto de vista de la soberanía digital, la normativa buscará que la instalación tenga que estar operada por una entidad establecida en la Unión Europea que mantendrá los datos relativos a la operación del centro en territorio comunitario, y que se adopten medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el derecho europeo.
Todas estas nuevas exigencias, señalan fuentes del Gobierno, deberán conllevar el compromiso de los promotores a través de declaraciones responsables. Los incumplimientos implicarán penalizaciones, sanciones y en casos más extremos, podrían exponerse a la pérdida de la conexión del acceso a la red. Para su elaboración, en este decreto están implicados los ministerios de Transición Ecológica y Transformación Digital, pero en los trámites previos ha estado directamente implicada Moncloa.
Y es que el Gobierno quiere evitar problemas en la planificación de un sector que, según las estimaciones del sector, podría implicar una inversión total a largo plazo de hasta 70.000 millones de euros. Pero desde el Ejecutivo advierten de problemas por falta de regulación que ya han aflorado en países como Irlanda y Países Bajos y por ello la nueva regulación intenta que dichos problemas no lleguen a España.
Ante la avalancha de inversores interesados en este tipo de proyectos, el Gobierno asegura que están en disposición de elegir los mejores desarrollos, ya que existen algunas limitaciones que impiden que todos los interesados lleven sus proyectos hasta el final. Desde hace meses, el Ejecutivo está tratando de evitar la especulación sobre los puntos de acceso de conexión a la red eléctrica, que sufre una fuerte saturación por la elevada demanda y supone un cuello de botella. Para este fin, se ha obligado a los solicitantes de puntos de acceso a la red a especificar la actividad para la que han solicitado reserva de acceso. Igualmente, se les impone unas penalizaciones económicas crecientes mientras tenga esa reserva inutilizada con el fin de liberar la máxima capacidad posible que sea ocupada por proyectos reales.
Actualmente, desde el Gobierno señalan que ya hay disponibles seis gigavatios (GW) en red de transporte dispuestos para centros de datos y otros seis gigavatios en la red de distribución para el mismo fin. A ello habrá que añadir más capacidad que se pueda incluir con el desarrollo contemplado en la nueva planificación de Red Eléctrica. La actual Estrategia de Inteligencia Artificial estimaba cuatro GW de demanda eléctrica para 2030.
Toda la normativa en trámite va en la línea de evitar una burbuja en este sector, donde grandes multinacionales como Amazon, Google o Microsoft ya han anunciado megaproyectos en suelo español. Al interés exterior hay que añadir que firmas españolas como Merlin Properties, ACS o Iberdrola también están apostando por este nuevo nicho de mercado estratégico para el desarrollo digital y de la inteligencia artificial en España y la Unión Europea.
El Gobierno asegura que desde hace meses está en conversaciones con las principales multinacionales y asociaciones que pretenden invertir en datacenters en España y existe un consenso generalizado. Este mismo miércoles, responsables del Ejecutivo se reunirán con Spain DC y Ametic, las patronales que representan a esta nueva industria, para explicarles los detalles de la nueva normativa que van a elaborar.
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